Moral privada obligatoria

Algunas de las respuestas del Gobierno a las demandas planteadas por los avances cient¨ªficos en materia de reproducci¨®n asistida y uso de c¨¦lulas madre embrionarias para la investigaci¨®n m¨¦dica parec¨ªan ambiguas. Esa ambig¨¹edad se ha disipado en las ¨²ltimas semanas, y lo que se aprecia es una clara influencia de la Iglesia cat¨®lica en su versi¨®n m¨¢s retr¨®grada.

En la cumbre de Johanesburgo se debati¨® acerca de las medidas que habr¨ªa que tomar para que las mujeres de todo el mundo, especialmente las de los pa¨ªses m¨¢s pobres o aquellos en los que est¨¢n m¨¢s sometidas, tengan acceso a la salud sexual y reproductiva. Espa?a fue beligerante en la defensa de un texto que condicionaba dicho acceso a 'la conformidad con los valores culturales y religiosos', lo que pone el aborto, el uso de anticonceptivos o las relaciones sexuales libremente aceptadas en manos de los int¨¦rpretes de dichos valores, es decir, los cl¨¦rigos, sean cat¨®licos, musulmanes o de otras confesiones. Y se opuso a que los ¨²nicos condicionantes fueran los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Al final, la coalici¨®n de pa¨ªses m¨¢s conservadores, entre los que Espa?a y la Italia de Berlusconi jugaron un papel activo, impusieron la simple adici¨®n de ambas formulaciones. Una soluci¨®n que parece satisfacer enormemente a nuestras autoridades, pero que es irrelevante porque los problemas surgen, precisamente, cuando hay contradicci¨®n entre los derechos humanos y los valores culturales y religiosos.

M¨¢s recientemente, el Gobierno espa?ol ha encabezado el grupo de pa¨ªses m¨¢s conservadores de la Uni¨®n Europea para prohibir la investigaci¨®n con c¨¦lulas madre embrionarias y sobre clonaci¨®n terap¨¦utica, junto con el uso para investigaci¨®n de los embriones sobrantes de los tratamientos de fertilidad asistida, m¨¢s de 40.000 en Espa?a, congelados en un limbo de nitr¨®geno l¨ªquido con el que nadie sabe qu¨¦ hacer. En este punto, el Gobierno hace caso omiso de las recomendaciones de la Comisi¨®n Nacional de Reproducci¨®n Asistida, que ha sugerido repetidas veces la conveniencia de cambiar el marco legal para adecuarse a los avances en la investigaci¨®n m¨¦dica y biol¨®gica, y las opiniones de la inmensa mayor¨ªa de los cient¨ªficos. La ministra de Sanidad se permiti¨® el mi¨¦rcoles pasado sugerir que estas opiniones son 'irresponsables' en la medida en que 'ocultan los riesgos'. Es absurdo dar lecciones de responsabilidad a cient¨ªficos que conocen mejor que la ministra los riesgos que presenta la investigaci¨®n que proponen, y tambi¨¦n las expectativas que abre. Son tan responsables que han elaborado un protocolo detallado de condiciones que deben cumplir este tipo de investigaciones para minimizar los riesgos y optimizar sus ventajas. La ministra, por su parte, no nos dice qu¨¦ piensa hacer con esos 40.000 embriones cuyo futuro previsible, de seguir por este camino, es la destrucci¨®n o el deterioro.

M¨¢s recientemente, ante el anuncio del nacimiento de un beb¨¦ a partir de un ¨®vulo congelado de su madre, la reacci¨®n gubernamental ha sido la de amenazar con sanciones. La Ley de Reproducci¨®n Asistida de 1988 exclu¨ªa el uso de ¨®vulos congelados para la reproducci¨®n hasta tanto esta t¨¦cnica fuera viable. En 1988 no lo era, pero parece que hoy lo es, de forma que cabr¨ªa esperar una actitud m¨¢s constructiva, en el sentido de estudiar la urgente modificaci¨®n de una ley superada por la realidad cient¨ªfica. Si el Gobierno hubiera dedicado a impulsar la investigaci¨®n la mitad del esfuerzo empleado en satisfacer las obsesiones de los sectores m¨¢s retr¨®grados, muchos de los problemas que preocupan a la ministra ya estar¨ªan superados.

En resumen: se asiste a un alineamiento claro con el Vaticano y con los pa¨ªses y sectores m¨¢s conservadores. El efecto es contraponer una moral particular, respetable, pero desde luego no indiscutible, al conjunto de una sociedad plural.