La ley catalana de universidades crea figuras estables de profesores contratados

El Gobierno catal¨¢n aprob¨® a principios de agosto, justo antes de irse de vacaciones, el proyecto de Ley de Universidades de Catalu?a (LUC), el primero que elabora un Ejecutivo aut¨®nomo para desarrollar los escasos aspectos que no fija la reforma universitaria del Gobierno del PP, la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU), aprobada el pasado mes de diciembre.

La norma catalana de universidades incluye principalmente tres aspectos novedosos, respecto a la LOU y a la situaci¨®n del sistema universitario antes de su aprobaci¨®n. Hacen referencia a las figuras de profesores contratados, no funcionarios, la composici¨®n de los consejos sociales y la agencia de evaluaci¨®n. ?stos son los cambios:

- Profesores contratados. El aspecto m¨¢s importante que regula la LUC es la contrataci¨®n de profesorado. Mas-Colell, firme partidario de establecer un modelo alternativo al funcionarial, ha querido aprovechar las posibilidades que abre la LOU -que permite a cada universidad hasta un 49% de profesores no funcionarios- para establecer, por primera vez desde los tiempos de la II Rep¨²blica, categor¨ªas laborales estables de profesorado contratado. El proyecto de ley contempla tres categor¨ªas: catedr¨¢tico, profesor agregado y profesor colaborador permanente.

Queda por establecer el mecanismo preciso que sustituir¨¢ a las actuales pruebas de acceso a la universidad para acceder a aquellos estudios en los que la demanda sea mayor que la oferta. Parece claro que Mas-Colell no quiere que los estudiantes tengan que enfrentarse a dos ex¨¢menes para entrar en la universidad, lo m¨¢s probable es que se unifique a una sola prueba.

- Consejos sociales. Respecto a la pol¨¦mica ley de la ministra Pilar del Castillo, el Gobierno catal¨¢n intenta rectificar la composici¨®n de los consejos sociales, llamados a tener un papel mucho m¨¢s importante en el futuro, de modo que al limitar el n¨²mero total de sus miembros y reducirlo a un m¨¢ximo de 15, consigue mantener la presencia de los miembros de la universidad en torno al 40%, otorg¨¢ndoles de facto, una mayor¨ªa relativa.

- Agencia universitaria. La LUC tambi¨¦n regula la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario que asumir¨¢ las competencias de la Agencia de Evaluaci¨®n Nacional prevista en la LOU, si bien, recientes declaraciones de la ministra en el sentido de adjudicarle s¨®lo un papel subsidiario, parecen apuntar que la Generalitat deber¨¢ todav¨ªa luchar por conservar estas competencias.

Pese a que en la gestaci¨®n de esta norma catalana, el consejero de Universidades Andreu Mas-Colell quiso involucrar a todos los actores del mundo acad¨¦mico catal¨¢n, lo cierto es que la primera reacci¨®n de los rectores ha sido de rechazo, en gran parte porque el proyecto de la LUC -pese a que se trata de un sector transferido completamente desde 1986- ni siquiera menciona un modelo de financiaci¨®n.

El texto entr¨® la semana pasada en la C¨¢mara catalana y deber¨ªa discutirse en los plenos previstos para el mes de diciembre. Lo que ya parece claro es que no ser¨¢ posible que tramite mediante una ponencia conjunta, consensuada por todos los grupos parlamentarios; el 'pacto de pa¨ªs' que pidi¨® el rector de la Universidad de Barcelona (UB), Joan Tugores, que preside la Asociaci¨®n Catalana de Universidades P¨²blicas (ACUB), que realiz¨® un informe muy cr¨ªtico con algunos aspectos del proyecto y, especialmente, con la falta de un marco de financiaci¨®n. En el informe de la ACUB incluso se pon¨ªa en entredicho la existencia de bases competenciales definidas del Parlamento catal¨¢n para hacer esta ley.

El calendario electoral -habr¨¢ elecciones auton¨®micas antes de un a?o- parece jugar en contra de esta ley para cuya aprobaci¨®n el Ejecutivo nacionalista tendr¨¢ que hacer piruetas, como admit¨ªan recientemente fuentes de CiU. Justo cuando los nacionalistas catalanes est¨¢n coreografiando su desmarque de los conservadores espa?oles -cuyos votos les han permitido gobernar- necesitar¨¢n de nuevo su apoyo para aprobar una ley que, en suma, pretende rescatar para Catalu?a algunas de las competencias o privilegios que, supuestamente, la LOU ha devuelto al Estado.

Antes de que se aprobara el proyecto de ley, el rector de la Universidad Aut¨®noma (UAB), Llu¨ªs Ferrer, pidi¨® en una carta a Mas-Colell que retirara el art¨ªculo que establec¨ªa incentivos econ¨®micos para aquellos profesores que impartieran sus clases en catal¨¢n, una pretensi¨®n que, adem¨¢s de generar pol¨¦mica, hubiera con toda seguridad sido recurrida con ¨¦xito ante el Tribunal Constitucional.