La red de apoyo del encierro se querellar¨¢ contra la Olavide
Los integrantes de la red de apoyo que actu¨® en el encierro que durante dos meses mantuvieron m¨¢s de 400 inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) anunciaron ayer que emprender¨¢n acciones judiciales contra la instituci¨®n una vez que el titular del Juzgado n¨²mero 5 de la capital decida si admite o rechaza la denuncia presentada por la UPO el pasado 12 de julio. En esta denuncia, la Olavide acusaba a este colectivo de haber cometido un delito en contra de los derechos de los trabajadores inmigrantes que se encerraron en el campus universitario.
Seg¨²n Juan Carrique, abogado de la CGT y miembro de la red de apoyo, esta denuncia ser¨¢ presentada una vez que el Juzgado admita o rechace la denuncia presentada por la Olavide, 'para que las falsedades y calumnias vertidas contra la red de apoyo no queden impunes'.
El abogado de la CGT, que neg¨® en todo momento las acusaciones de manipulaci¨®n vertidas en contra de este grupo, asegur¨® que cuentan con los testimonios a favor 'de m¨²ltiples inmigrantes del encierro'. Tanto Carrique como Decio Machado, otro de los miembros de la red de apoyo, acusaron a la rectora de la Olavide, Rosario Valpuesta, de ser la 'responsable de la suerte' que puedan correr los 210 inmigrantes que han sido deportados a Argelia pese a que algunos de ellos 'estaban en proceso de regularizaci¨®n o contaban con el salvoconducto entregado por la universidad'. Ambos criticaron tambi¨¦n el papel jugado por el defensor del pueblo, Jos¨¦ Chamizo, al que acusaron de haber actuado en este asunto 'm¨¢s por amiguismo pol¨ªtico y por deseos de ser renovado en el cargo, que por defender los derechos de los inmigrantes'.
Por su parte, la Olavide asegur¨® ayer que el juez cuenta ya con los informes elaborados por la universidad y el defensor del pueblo para basar su denuncia, extremo ¨¦ste que Carrique neg¨® ayer. Adem¨¢s, la Olavide apunt¨® que tambi¨¦n se remiti¨® un listado con los nombres de las personas que pudieran haber cometido un delito contra los derechos de los trabajadores', informa Europa Press.
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