El juez solicita otra auditor¨ªa de la gesti¨®n del ex director del aeropuerto de Bilbao

El juez encargado de investigar la presunta estafa y malversaci¨®n de caudales cometida en el aeropuerto de Bilbao ha pedido la elaboraci¨®n de una nueva auditor¨ªa sobre la gesti¨®n del anterior director del aer¨®dromo, Segismundo L¨®pez-Santacruz, imputado de los dos delitos por la Fiscal¨ªa del Pa¨ªs Vasco. El informe, que ha sido encargado a un perito judicial, complementar¨¢ el elaborado el pasado a?o por AENA, el ente que gestiona los aeropuertos espa?oles. El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Bilbao pretende de esta forma comprobar la veracidad de la auditor¨ªa interna de AENA, que constat¨® la existencia de medio centenar de irregularidades.

L¨®pez-Santacruz, director del aeropuerto vizca¨ªno entre el 21 de enero de 1997 y el 28 de febrero de 2001, se encuentra imputado por las supuestas graves anomal¨ªas cometidas durante su gesti¨®n, como adjudicaciones de obras a dedo, liquidaciones de obra no realizada o el pago a su madre del alquiler de la vivienda en la que resid¨ªa y que era sufragada por AENA.

El ex director ya fue condenado en febrero por un juzgado de lo Social de Bilbao. El juez acept¨® entonces el despido ordenado por el ente gestor de los aeropuertos en marzo de 2001 tras considerar que el ex director cometi¨® medio centenar de irregularidades. Adem¨¢s, la Fiscal¨ªa del Pa¨ªs Vasco -cuya actuaci¨®n ha llevado el caso a la v¨ªa penal hasta el juzgado bilba¨ªno- le ha acusado de los delitos de estafa, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y falsedad en documento p¨²blico. La fiscal asegur¨® en su escrito que L¨®pez-Santacruz realiz¨® contrataciones de obras 'con claro ¨¢nimo de lucrarse'.

Las diligencias judiciales de este caso, iniciadas a principios del verano pasado, han sido estudiadas ya por dos jueces. Ello motiv¨® la paralizaci¨®n de la causa durante varios meses por el cambio de magistrado. El actual titular retom¨® las diligencias a finales de la primavera y termin¨® la toma de declaraciones el pasado mes de junio. Entonces comparecieron ante el juez varios directivos y empleados de las dos empresas del mismo constructor, Enrique Otaduy, que se llevaron el 98% de las adjudicaciones a dedo de obras del aer¨®dromo entre los a?os 1998 y 2000.

Tras la vuelta de las vacaciones, el juez ha dictado una providencia, fechada el pasado 5 de septiembre, en la que acuerda la elaboraci¨®n de una nueva auditor¨ªa 'por un perito auditor de cuentas'. El informe debe basarse en la realizada por AENA 'y analizando los documentos igualmente aportados al expediente y cualesquiera otros que sean necesarios'.

Dos cap¨ªtulos

La providencia judicial a?ade que la nueva auditor¨ªa debe informar 'acerca de la adecuaci¨®n y correcci¨®n' del informe interno de AENA sobre 'la actuaci¨®n efectiva' en el aeropuerto de Bilbao durante el mandato del anterior director 'aqu¨ª imputado'.

La auditor¨ªa interna de AENA concretaba las irregularidades en dos aspectos: los contratos de arrendamiento de la vivienda del entonces director y la contrataci¨®n de obras. Precisaba que L¨®pez-Santacruz alquil¨® sucesivamente dos pisos en Getxo -de 163 y 370 metros cuadrados, respectivamente- aprovechando la prerrogativa que le conced¨ªa la empresa de pagarle la vivienda. El problema es que ambos estaban arrendados a nombre de su madre y de su esposa, con lo que transgred¨ªa la norma interna de AENA, y que le sirvieron para obtener plusval¨ªas.

Como tambi¨¦n constat¨® la Fiscal¨ªa, la auditor¨ªa se?ala que manipul¨® los nombres de su madre, ?ngeles Alonso P¨¦rez, 'y los recibos estaban a nombre de M. de los ?ngeles P¨¦rez Alonso'.

La irregularidad de la que se acusa al ex director es que su familia amortiz¨®, gracias al pago mensual del alquiler por parte de AENA, el pr¨¦stamo con el que adquiri¨® la primera vivienda. Esta operaci¨®n permiti¨®, seg¨²n la auditor¨ªa, que el primer piso comprado entonces por 45 millones de pesetas se vendiera luego por 63 millones.

Respecto la contrataci¨®n de obras, el informe de AENA destaca que no consta la ejecuci¨®n de trabajos por un total de 400.000 euros y habla de siete expedientes con 'irregularidades graves', como la verificaci¨®n de s¨®lo el 66% de los trabajos de esas contratas.