Tres de cada cuatro delitos podr¨¢n juzgarse en un m¨¢ximo de un mes a partir de marzo

Los juicios r¨¢pidos ya existen. El Congreso aprob¨® ayer con el apoyo de todos los grupos, salvo el de IU, que se abstuvo, la ley que permitir¨¢ sentenciar el 70% de los delitos en el plazo m¨¢ximo de un mes desde la detenci¨®n del procesado; la ley entrar¨¢ en vigor en marzo. Todos los partidos que la apoyaron destacaron el consenso con el que nace una norma que consideran necesaria, pero el PSOE ech¨® de menos un plan de implantaci¨®n de nuevos juzgados y la falta de acuerdo con las autonom¨ªas sobre su financiaci¨®n. El Gobierno crear¨¢ 80 nuevos juzgados antes de fin de a?o.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece el procedimiento a seguir en los juicios r¨¢pidos ya ha sido aprobada, pero no entrar¨¢ en vigor hasta finales del pr¨®ximo marzo. Entretanto el Gobierno tendr¨¢ que dotar a los juzgados y a la fiscal¨ªa de los medios suficientes para cumplir con lo que prescribe la nueva ley, como ayer se encargaron de recordarle todos los grupos parlamentarios.

Con el procedimiento r¨¢pido se podr¨¢n juzgar el 70% de los delitos -los castigados con penas inferiores a los cinco a?os de prisi¨®n, en vez de a nueve como dec¨ªa el texto inicial-, siempre que el proceso comience con una denuncia de la polic¨ªa y se haya detenido al presunto autor. Tambi¨¦n ser¨¢ aplicable a los delitos de violencia callejera, como record¨® ayer el ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila.

Las funciones de la polic¨ªa quedan muy reforzadas con la nueva ley. En las 72 horas de arresto permitidas, los agentes deben informar al detenido de sus derechos y citar a las partes y testigos en el juzgado de guardia que establezca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los agentes podr¨¢n analizar las drogas incautadas si el laboratorio oficial encargado de hacerlo no lo hiciera dentro de ese plazo. El resultado de todos los tr¨¢mites se enviar¨¢ al juzgado de guardia.

En lo que dure la guardia de ese juzgado (24 horas en los juzgados de Instrucci¨®n de las grandes ciudades, pero una semana en la Audiencia Nacional), el juez tendr¨¢ que realizar todas las actuaciones (declaraci¨®n del imputado, pruebas, antecedentes penales y peritos). Una vez realizadas, y tras escuchar al fiscal y a la defensa, el juez decidir¨¢ si se pasa a la fase de juicio oral, que deber¨¢ celebrarse en un m¨¢ximo de 15 d¨ªas. El fiscal presentar¨¢ en el acto el escrito de acusaci¨®n y si no lo hace, el caso se archivar¨¢.

Si el juicio oral -la vista celebrada en el juzgado de lo Penal- no puede terminarse en un s¨®lo acto, el juez fijar¨¢ una segunda sesi¨®n en el plazo m¨¢ximo de 15 d¨ªas. Terminado el juicio, la sentencia se dictar¨¢ en los tres d¨ªas siguientes.

Algo m¨¢s de un mes

Sumando los plazos m¨¢ximos establecidos por la ley y poni¨¦ndose en el peor de los casos, los peque?os delincuentes ser¨¢n barridos de las calles en algo m¨¢s de un mes desde su detenci¨®n. 'Se trata de que el juicio dure algo m¨¢s de 15 d¨ªas', aseguran sin embargo desde el Ministerio de Justicia.

En el debate parlamentario, todos los portavoces alabaron en sus intervenciones el esfuerzo de Gobierno y grupos parlamentarios que ha llevado a la aprobaci¨®n de la ley. Tambi¨¦n el portavoz del PSOE en asuntos de Justicia, Javier Barrero, que afirm¨® su satisfacci¨®n porque la norma ha salido adelante 'gracias a la voluntad de todos los grupos parlamentarios', y asegur¨® que no estaba acostumbrado 'a que todos [los partidos] presenten y firmen iniciativas de este contenido, en el que existen diferencias abundantes'.

En el mismo sentido se manifestaron los portavoces de CiU, Manel Silva, y del PNV, Margarita Ur¨ªa. ?sta ¨²ltima hizo un inciso en su discurso para referirse a la propuesta del presidente del Gobierno vasco, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, en la que reclama autonom¨ªa en materia judicial para Euskadi. 'No he perdido el norte', dijo Ur¨ªa, 'a¨²n en el supuesto de que [la propuesta de Ibarretxe] llegase a plasmarse en esos t¨¦rminos, la aceptaci¨®n de estas normas [en referencia a los juicios r¨¢pidos] ser¨ªa id¨¦ntica, ya que expresamente se reconoce la competencia del Estado'.

S¨®lo IU no vot¨® a favor de la proposici¨®n de ley, que s¨ª firm¨® cuando se present¨® el pasado marzo. La coalici¨®n opt¨® por la abstenci¨®n porque considera que la norma 'no mejora lo existente'. 'En Barcelona funcionan los juicios r¨¢pidos y en Sevilla ha habido algunos intentos, existosos en la mayor¨ªa de los casos', afirm¨® Luis Carlos Rej¨®n. El portavoz justific¨® la postura de IU al aludir a un informe del CGPJ en el que se reclamaban ¨²nicamente 'elementos organizativos y de orden material' para que funcionaran este tipo de procesos, creados en 1992 por el Gobierno socialista.

A pesar de su apoyo a la norma y de las alabanzas a la predisposici¨®n del Gobierno y los partidos para negociar el texto, el grupo socialista no dej¨® escapar la posibilidad de criticar algunos aspectos relativos a su futura aplicaci¨®n. Los socialistas consideran insuficientes los 71 millones de euros con que cuenta el Ministerio de Justicia para este a?o y los 22 millones que se destinar¨¢n a los juicios r¨¢pidos en el pr¨®ximo ejercicio, lo que en palabras de Barrero 'pone en entredicho el inter¨¦s del Gobierno por hacer realidad el plan de financiaci¨®n recogido en el Plan de reforma de la Justicia'.

Adem¨¢s, el PSOE exige m¨¢s di¨¢logo con las comunidades aut¨®nomas, sobre todo en materia de financiaci¨®n, ya que las autonom¨ªas competentes en materia de Justicia tendr¨¢n que afrontar importantes gastos por las nuevas infraestructuras judiciales.

Los socialistas tambi¨¦n se quejan de que el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar no haya puesto en marcha todav¨ªa un plan de implantaci¨®n para los juicios r¨¢pidos que haga realidad las prescripciones de la reci¨¦n aprobada ley. 'Este plan es precisamente el que se piensa crear en los seis meses que faltan para que se pongan en marcha los jucios r¨¢pidos', explica Antonio Dorrego, director general de Modernizaci¨®n de la Administraci¨®n de Justicia.

30 millones en juzgados

En los tres meses que quedan para que acabe 2002, el Ministerio de Justicia tiene previsto gastarse unos 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas) en la creaci¨®n de 80 nuevos juzgados, contando los costes de las nuevas infraestructuras y de personal. En ese presupuesto, Justicia incluye tambi¨¦n las 49 nuevas plazas de fiscales que tiene previsto crear. Seg¨²n Dorrego, todo ese dinero provendr¨¢ directamente de los fondos con los que el ministerio cuenta para este a?o.

Justicia asegura que los 22 millones que destinan los presupuestos de 2003 para los juicios r¨¢pidos -que el PSOE e IU juzgan insuficientes para poner en marcha la nueva normativa- no ser¨¢n la ¨²nica partida destinada a este fin. 'A esa cantidad hay que a?adir otros 30 millones de euros del Plan de Modernizaci¨®n Tecnol¨®gica', que seg¨²n el director general servir¨¢n para mejorar los sistemas inform¨¢ticos de los nuevos ¨®rganos y para que las comunicaciones se hagan de manera m¨¢s fluida.