Por la derogaci¨®n del 'decretazo'

El acto sindical del pr¨®ximo 5 de octubre convocado por UGT y Comisiones Obreras va a reunir en Madrid a trabajadores de toda Espa?a, continuando las masivas movilizaciones generadas alrededor de la huelga general del pasado 20 de junio, para dar una contundente respuesta a las pol¨ªticas antisociales del Gobierno del Partido Popular y a su insistencia en no retirar el decretazo de mayo de este a?o, referido a la mal llamada reforma de la protecci¨®n por desempleo, ahora en plena tramitaci¨®n parlamentaria, para intentar convertirla en ley, a pesar del rechazo frontal del los trabajadores espa?oles expresado en la huelga general del 20-J.

Ya advertimos los sindicatos desde el mismo momento en que el Gobierno -a mediados de abril- anunci¨® sus proyectos de que no cab¨ªa otra soluci¨®n que no fuese la retirada total de los mismos, porque no se pod¨ªa negociar lo que era, en rigor, un desmantelamiento progresivo de esa protecci¨®n, a la que se a?ad¨ªan otras cuestiones laterales no muy relacionadas con ella, pero verdaderamente letales para el sistema de relaciones laborales establecido en nuestro pa¨ªs desde hace m¨¢s de veinticinco a?os, como era la eliminaci¨®n de los salarios de tramitaci¨®n en los procesos judiciales por despido improcedente.

Por este motivo, para que se suspendan estas medidas que son un atentado a la clase trabajadora, a los sectores m¨¢s desfavorecidos de la sociedad y, por extensi¨®n, a la gran mayor¨ªa de los ciudadanos, es por lo que, hoy como ayer, 'por la derogaci¨®n del decretazo' -lema del 5 de octubre-, vamos a seguir luchando contra esta lesiva reforma, y tambi¨¦n contra un deteriorado estado de cosas que, desde el punto de vista social y laboral, se inici¨® en marzo de 2001 con otro decretazo que supuso, entre otras cuestiones, el incremento de la precariedad y de los contratos basura, una acentuada desregulaci¨®n, un recorte de derechos y, como consecuencia de todo ello, un aumento de la siniestralidad laboral corroborado tr¨¢gicamente con el constante aumento de la cifra de trabajadores muertos y heridos en raz¨®n de su actividad profesional.

Hay, en consecuencia, suficientes antecedentes en el terreno de los hechos para constatar que este decretazo de 2002 es una expresi¨®n m¨¢s en el terreno socio-laboral de una determinada pol¨ªtica econ¨®mica. El Gobierno, aunque lo niegue, es consciente de los graves recortes que contiene su reforma.

Esos recortes son visibles -aunque est¨¦n disimulados- en los Presupuestos que ha presentado el Gobierno para 2003. Aparece un incremento de gasto en prestaciones por desempleo de un 20%, pero lo cierto es que, haciendo una comparaci¨®n rigurosa de lo que de verdad se presupuesta como incremento de gasto (es decir, depurando las cifras para descontar desviaciones registradas en el gasto, que se incorporan a los Presupuestos iniciales desde 2001), el crecimiento del gasto es realmente cero. Pero ese crecimiento s¨®lo es nominal, descontada la inflaci¨®n el gasto cae un 2,8%. Si a continuaci¨®n tenemos en cuenta que el propio Gobierno prev¨¦ un incremento del desempleo del 2,3% (que lamentablemente puede ser superior), que exigir¨ªa un aumento del gasto en prestaciones que no se contempla, lo que se presupuesta supone, en suma, un recorte superior al 5%. O, lo que es lo mismo, si necesitando un aumento de recursos para 2003 ¨¦ste no se estipula, significa, sin duda, que o se van a denegar prestaciones a algunos desempleados o se va a presionar a todos ellos para recortar el periodo percibido.

El recorte reflejado en el Presupuesto es una nueva prueba de que tambi¨¦n en la ley que se va a aprobar para reemplazar el decretazo hay recortes. El instrumental del que se ha armado el Gobierno para hacerlos consiste en convertir derechos subjetivos de la gente en concesiones administrativas. Porque las prestaciones, a trav¨¦s del compromiso de actividad y la oferta adecuada de empleo, devienen en algo susceptible de ser 'interpretado' con mayor o menor dureza por la Administraci¨®n de turno.

La sociedad espa?ola tiene conciencia de que el decretazo contiene inequ¨ªvocamente recortes. Asimismo, la tienen todos los grupos parlamentarios, aunque el que sustenta al Gobierno se resista a¨²n a admitirlo. Las enmiendas de los grupos parlamentarios constituyen la mejor evidencia, porque los de la izquierda han buscado la plena derogaci¨®n del decretazo, e incluso los m¨¢s pr¨®ximos al Gobierno intentan paliar o suprimir esos recortes. Impl¨ªcitamente, el propio Gobierno acaba por reconocerlo al aceptar algunos cambios en las cuestiones m¨¢s centrales -las que siempre ha calificado de innegociables- de su reforma. La huelga general parece estar dando frutos con una rapidez casi inesperada. Si los trabajadores damos un nuevo impulso el pr¨®ximo 5 de octubre en la Puerta de Alcal¨¢, podemos conseguir la supresi¨®n de los efectos m¨¢s graves de esta nefasta reforma. Merece la pena.