El Pacto responde

Populares y socialistas acordaron el jueves, en el marco del Pacto Antiterrorista, una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad de los concejales amenazados por ETA -los de ambos partidos, as¨ª como sus sedes y actos electorales- y a combatir la impunidad de ciertas actuaciones del entorno de la banda. El PP y el PSOE evitaron una declaraci¨®n conjunta de respuesta a la iniciativa de Ibarretxe, pero ambas formaciones hicieron valoraciones coincidentes sobre el riesgo de ruptura de las reglas de juego que ven en ella.

Aparte de otras consideraciones, el plan de Ibarretxe tiene un fuerte contenido desestabilizador. El Estado auton¨®mico no podr¨ªa resistir una din¨¢mica de ruptura unilateral como la que en la pr¨¢ctica plantea el lehendakari. Los efectos ya visibles en otras formaciones nacionalistas que no quieren quedarse atr¨¢s recuerdan la agitaci¨®n que sigui¨® al Pacto de Lizarra (y, m¨¢s remotamente, al contagio b¨¢ltico de los primeros noventa). Es l¨®gico, por tanto, que el partido en el Gobierno y el ¨²nico que razonablemente puede sustituirle coordinen su respuesta para evitar equ¨ªvocos sobre la hip¨®tesis de que un cambio de mayor¨ªa pueda hacer viable un proyecto que claramente desborda la Constituci¨®n.

La coincidencia en el rechazo no tiene por qu¨¦ implicar una respuesta id¨¦ntica. Los populares han anunciado ya que no acudir¨¢n a la cita del lehendakari como vienen haci¨¦ndolo a lo largo de la legislatura. A su juicio, la mera presencia puede ser instrumentalizada por Ibarretxe como un aval a su iniciativa: el hecho de que Batasuna figure entre los convocados les ha reafirmado en su decisi¨®n. Los socialistas, por el contrario, est¨¢n dispuestos a personarse para expresar a Ibarretxe su desacuerdo total. En el vigente estado de cosas, no parece que la decisi¨®n m¨¢s acertada sea romper cualquier lazo institucional. La ruptura entre partidos no debe trasladarse sin m¨¢s a la relaci¨®n con los gobiernos, y menos a¨²n a la que ¨¦stos deben mantener entre s¨ª. Ya casi se ha olvidado que Aznar sigue sin recibir al jefe de la oposici¨®n, que lo solicit¨® hace meses precisamente para hablar de terrorismo. El PP no participa en la Mesa de Arkaute, que acaba de aprobar medidas paralelas a las del Pacto Antiterrorista para la protecci¨®n de cargos p¨²blicos y sedes de los partidos amenazados. Es absurdo que la incomunicaci¨®n se lleve al extremo de requerir la mediaci¨®n del PSOE para coordinar lo decidido en los dos ¨¢mbitos. Adem¨¢s, es mejor que Ibarretxe conozca de primera mano, junto a las razones del rechazo a su plan, las exigencias democr¨¢ticas de partidos que representan a la mitad de la poblaci¨®n; precisamente a la mitad directamente amenazada.

Las medidas de refuerzo de la seguridad y tendentes a facilitar la presentaci¨®n de candidaturas, as¨ª como las reformas legales acordadas en el pacto, quieren ser la respuesta desde el Estado de derecho a la intimidaci¨®n del entorno etarra y a otras actitudes incompatibles con el normal funcionamiento institucional, sean o no directamente delictivas. Son respuestas que pal¨ªan, aunque no podr¨ªan eliminar, la desigualdad de condiciones que plantea el acoso terrorista. La reforma m¨¢s cuestionable es la que permitir¨ªa disolver corporaciones municipales cuando se adopten acuerdos o realicen actividades de cobertura al terrorismo o enaltecimiento de terroristas. El tr¨¢mite parlamentario deber¨¢ precisar el alcance de la medida, porque un gobierno municipal no s¨®lo cumple funciones pol¨ªticas, sino de gesti¨®n de servicios, y es muy grave dejar sin ellos a los vecinos. En Alemania, por ejemplo, la prohibici¨®n de un partido no implica la suspensi¨®n de los concejales.