Ducha de agua fr¨ªa para el campo

Los sindicatos se encuentran desde ayer ante un dilema de dif¨ªcil soluci¨®n. UGT y CC OO saludaron la confirmaci¨®n de que el Ministerio de Trabajo reculaba y aceptaba casi todas las modificaciones exigidas a la reforma del sistema de protecci¨®n por desempleo como un triunfo.

Pero, en lo que parec¨ªa el final de una intensa carrera, no pudieron alzar los brazos sobre la meta en se?al de victoria. El Ejecutivo rechaza s¨®lo una de las ocho condiciones sindicales: el mantenimiento del subsidio agrario. Una medida que afecta a un colectivo muy espec¨ªfico (230.000 jornaleros andaluces y extreme?os), pero que ha tenido un papel protagonista en los cinco meses de movilizaci¨®n social que han forzado la marcha atr¨¢s del Gobierno.

Una concentraci¨®n de 200.000 personas en Sevilla inici¨® la protesta contra el 'decretazo'

El anuncio, en abril, de la reforma del sistema de protecci¨®n por desempleo dispar¨® las alarmas sindicales, pero en Andaluc¨ªa y Extremadura se orden¨® zafarrancho de combate. El Ministerio de Trabajo quer¨ªa impedir la entrada de nuevos beneficiarios en el sistema de subsidio agrario del que disfrutan desde 1984 los jornaleros agrarios de estas dos comunidades. Y a los que ya lo cobraban se les exig¨ªa, para continuar cobr¨¢ndolo, que lo hubiesen recibido en alguno de los ¨²ltimos tres a?os y que ninguna sanci¨®n les hubiese anulado ese derecho. En la pr¨¢ctica, se trataba de extinguir el subsidio agrario a medio plazo.

Para los jornaleros andaluces y extreme?os que quedaran fuera del subsidio agrario y para los jornaleros del resto del pa¨ªs (unos 200.000), hasta ahora sin ning¨²n tipo de protecci¨®n, el Ministerio establece un sistema contributivo (360 d¨ªas cotizados para conseguir el m¨ªnimo de tres meses de prestaci¨®n por desempleo), que los sindicatos calificaron de 'irreal' y 'discriminatorio'.

UGT y CC OO recalcaron que la media anual de jornadas en el campo andaluz y extreme?o (a¨²n con tasas de desempleo al 40%) apenas llegaba a las 60, por lo ser¨ªa muy dificil acumular las cotizaciones suficientes para cobrar el paro. Y enfatizaron que, los trabajadores de cualquier otro sector tienen derecho a cuatro meses de prestaci¨®n con 360 d¨ªas cotizados.

El subsidio agrario, muy similar al que ide¨® el Gobierno del PSOE en 1984, garantiza el pago de 330 euros al mes (el 75% del salario m¨ªnimo) durante medio a?o a los jornaleros andaluces y extreme?os que demuestren haber echado 35 peonadas.

Una condici¨®n mucho m¨¢s f¨¢cil de cumplir que la establecida ahora por el Ejecutivo central y que gener¨® a las arcas del Inem un gasto de casi 1.000 millones de euros el a?o pasado. Adem¨¢s del habitual argumento del fraude (firmar peonadas falsas o ponerlas a nombre de alg¨²n familiar, una vez superado el m¨ªnimo de 35 jornales), el Ministerio de Trabajo se parapet¨® en otras paradojas del sistema: el gasto hab¨ªa seguido creciendo en los ¨²ltimos a?os, a pesar de que las cifras de paro en el campo se hab¨ªan reducido; y era mucho mayor en Huelva y Almer¨ªa, las provincias andaluzas en las que m¨¢s trabajo se genera en el sector agrario.

Los argumentos del Ministerio fueron rebatidos por los sindicatos: seg¨²n UGT y CC OO, el fraude, que se ha reducido en los ¨²ltimos a?os -s¨®lo un 0,3% de las bajas en 2001 se debieron a sanciones-, debe afrontarse con m¨¢s inspecciones y el crecimiento del gasto se debe a la masiva incorporaci¨®n de la mujer al mercado de trabajo agrario.

La contraoferta de los sindicatos fue renegociar el sistema contributivo para ajustarlo a la realidad del campo y que se permitiera a los jornaleros optar voluntariamente entre el nuevo sistema y el subsidio agrario.

La posici¨®n sindical fue respaldada desde el principio por los Ejecutivos auton¨®micos (ambos en manos socialistas) y por las federaciones regionales del PSOE e IU, que hicieron frente com¨²n. En Andaluc¨ªa y Extremadura, el subsidio agrario, a pesar de sus disfunciones, se identifica con una conquista social que refleja la necesidad de elevar el nivel de vida de la poblaci¨®n agraria, a¨²n muy numerosa en ambas comunidades e hist¨®ricamente discriminada. De hecho, el PP andaluz reclam¨® intensamente su eliminaci¨®n mientras el PSOE gobernaba en Madrid al considerar que estaba destinado a generar 'voto cautivo'.

Un discurso que cambi¨® cuando lleg¨® al poder: Javier Arenas, entonces ministro de Trabajo, no s¨®lo mantuvo el subsidio sino que redujo en 1996 el m¨ªnimo de peonadas de 40 a 35.

Las primeras movilizaciones dieron fe del rechazo con el que se recibieron en Andaluc¨ªa y Extremadura los planes del Ministerio. Unas 200.000 personas, una movilizaci¨®n inaudita en la capital hispalense, se manifestaron a principios de junio en Sevilla contra el decretazo; centenares de autobuses fletados en pueblos alimentaron la marcha. Hasta el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), aletargado desde las luchas jornaleras por la reforma agraria de la d¨¦cada de los ochenta, renaci¨® y multiplic¨® sus ocupaci¨®nes de fincas y los cortes de carreteras.

Los l¨ªderes estatales de UGT y CC OO, C¨¢ndido M¨¦ndez y Jos¨¦ Mar¨ªa Fidalgo, no tuvieron duda: vivieron el paro general del 20 de junio en Sevilla; hasta el Gobierno reconoci¨® que la huelga hab¨ªa sido seguida por casi el 50% de los trabajadores andaluces (el 90%, seg¨²n los sindicatos). El presidente andaluz, Manuel Chaves, dijo que 'har¨ªa todo lo posible' por evitar la aplicaci¨®n del decretazo.

Ante la movilizaci¨®n, el PP andaluz elabor¨® un documento para suavizar las medidas del Gobierno sobre el subsidio agrario, que ya fueron aceptadas por el Grupo Popular en el Congreso el pasado mes. Pero el coraz¨®n de la reforma, que ya entr¨® en vigor con el decretazo, segu¨ªa intacto. La decisi¨®n del Ministerio de Trabajo de mantenerla contra viento y marea fuerza a los sindicatos a mantener las espadas en alto, al menos en Andaluc¨ªa y Extremadura, pese a haber conseguido una 'restituci¨®n de derechos'casi absoluta, como ayer reconoc¨ªan sus l¨ªderes.