Reforma a ciegas

La reforma del sistema de financiaci¨®n de las haciendas locales, que acaba de proponer el Gobierno, suscita algunas razones para la perplejidad. El proyecto de Hacienda suprime el impuesto de actividades econ¨®micas (IAE) a m¨¢s de dos millones de contribuyentes, con el criterio de beneficiar a personas f¨ªsicas o empresas que no superen el mill¨®n de euros de facturaci¨®n. Esta decisi¨®n -un compromiso electoral de Aznar- equivale a dejar a los ayuntamientos sin ingresos por importe de 847 millones de euros, casi la mitad de los ingresos que obtienen por el IAE. Como contrapartida, se ofrece a los ayuntamientos de m¨¢s de 100.000 habitantes participar en los ingresos por IRPF (el 1,6%), IVA (1,78%) e impuestos especiales (2,04%). La reforma incluye la posibilidad de que los municipios puedan modular el tipo de impuesto de bienes inmuebles (IBI) en funci¨®n del uso de las viviendas; la invenci¨®n de una tasa que tendr¨¢n que pagar las empresas de m¨®viles de casi 1.270 euros por cada 1.000 abonados y la extensi¨®n de una tasa -que ya exist¨ªa- del 1,5% de la facturaci¨®n a las empresas que utilizan redes de suministro, que gravar¨¢ las cuentas de resultados de las empresas el¨¦ctricas, de telefon¨ªa fija o de gas.

La causa principal de asombro es que mientras est¨¢ muy bien definido el recorte del IAE y, por lo tanto, la rebaja de los ingresos que produce, las contrapartidas son confusas o arbitrarias. Las operadoras de m¨®viles se han encontrado de repente con que tienen que pagar una nueva exacci¨®n sin que se conozcan bien los motivos econ¨®micos, industriales o distributivos que justifican la imposici¨®n. Lo mismo cabe decir del impuesto sobre las redes; como se crea un agujero de 847 millones de euros, alguien tiene que pagarlo. Poco importan los efectos sobre la competitividad de las empresas, los precios o la calidad del servicio.

Con esta reforma, el Gobierno se ha conducido de nuevo con las dosis de arbitrariedad e indefinici¨®n que acostumbra. Como los ayuntamientos no estaban dispuestos a ingresar ni un euro menos y el Ministerio de Hacienda no hizo las cuentas pertinentes, al final ser¨¢ el Presupuesto el que pague la diferencia. A pesar de que en la disposici¨®n adicional quinta del anteproyecto se establece expresamente que el Estado no pagar¨ªa las consecuencias de la reforma, el Ministerio de Administraciones P¨²blicas ha llegado a un acuerdo para compensar las mermas de recaudaci¨®n. No es ¨¦sta la mejor manera de estimular la autonom¨ªa tributaria de los ayuntamientos, y como el procedimiento de sorprender a las empresas con nuevas cargas fiscales, sin consulta previa ni negociaci¨®n, tampoco parece el m¨¦todo adecuado para garantizarse la colaboraci¨®n de las grandes sociedades, cabe preguntarse si esta reforma irreflexiva no producir¨¢ m¨¢s da?o que beneficio.