Los 'papeles': la hora de la pol¨ªtica

El conflicto de los llamados papeles de Salamanca ha pasado de ser un asunto de t¨¦cnica archiv¨ªstica, siempre discutible y en el que un profano no debe entrar, a constituir un asunto de dignidad humana, de derechos de determinadas personas afectadas, y como trasfondo, una secuela mal cicatrizada de la ya lejana guerra civil. En definitiva, un asunto pol¨ªtico.

Estaba claro que la documentaci¨®n depositada en el archivo salmantino era, por definici¨®n, un bot¨ªn de guerra cuya pervivencia, con el tiempo, pod¨ªa justificarse para facilitar la labor de los estudiosos en la materia. Ahora bien, si son ciertas las noticias aparecidas estos d¨ªas, el bot¨ªn va mucho m¨¢s all¨¢ de la mera documentaci¨®n oficial: all¨ª hay objetos robados que son propiedad de personas y que a ellas deben ser devueltas, bien voluntariamente, bien por la adecuada v¨ªa judicial. Un saqueo que vulnera derechos individuales al amparo de una victoria militar no puede quedar impune en un Estado de derecho. El prop¨®sito de este art¨ªculo no es, sin embargo, encender los ¨¢nimos, sino enfriarlos. Por ello, intentaremos enfocar el tema con la mayor objetividad posible.

Dos cuestiones deben quedar claras de antemano. En primer lugar, seg¨²n se desprende de la lectura de los peri¨®dicos de estos d¨ªas, all¨ª se encuentran archivados tres tipos de objetos: a) documentos administrativos, de car¨¢cter oficial, pertenecientes a la Generalitat republicana, a la administraci¨®n del Estado en Catalu?a o a las entidades locales; b) documentos pertenecientes a personas jur¨ªdicas, como son partidos, sindicatos, asociaciones u otras de an¨¢logo car¨¢cter; c) documentos u otros objetos pertenecientes a personas individuales que deben seguir siendo propiedad suya o de sus herederos. En segundo lugar, est¨¢ justificado que exista en Espa?a un archivo centralizado en torno a la guerra civil, con el objeto de que sea utilizado por los estudiosos o para resolver asuntos administrativos. Se trata del tan invocado principio de 'unidad de archivo', perfectamente razonable y no incompatible con los derechos que se deducen de lo dicho anteriormente.

Ahora bien, si existe un conflicto entre la necesidad de un archivo unitario y un derecho de propiedad individual, no hay duda de que prevalece este ¨²ltimo. M¨¢s all¨¢ de la disputa jur¨ªdica, se han hecho p¨²blicos estos d¨ªas pat¨¦ticos dramas humanos que cualquiera debe comprender: que la hija de Carrasco i Formiguera deba reclamar el testamento de su padre, que Carles Fontser¨¨ pida recuperar sus propios carteles o que le sean devueltas a Teresa P¨¤mies las cartas que le escrib¨ªa Tom¨¤s P¨¤mies, el entra?able protagonista de Testament a Praga, nos retrotraen a tiempos ya pasados. Estas personas no quieren consultar ni recibir microfilmes o fotocopias de nada: quieren, simplemente, recuperar lo que es suyo y les fue arrebatado por la violencia f¨ªsica al estar en el bando de los derrotados en la guerra civil. No lo quieren tampoco por su valor material o hist¨®rico, sino por su valor sentimental y humano. Por tanto, debe serles devuelto sin m¨¢s. Una vez se les haya devuelto, si ellos lo consideran oportuno, pueden donarlo a quienes quieran o pueden consentir que sea reproducido y que figure en el archivo que deseen. Pero en todo caso, esta decisi¨®n s¨®lo depende de su libre voluntad.

M¨¢s justificado es que la documentaci¨®n p¨²blica sea depositada en un archivo general. Ahora bien, ah¨ª tambi¨¦n debe distinguirse entre la Administraci¨®n p¨²blica, que no tiene un propietario concreto, y las personas jur¨ªdicas con relevancia p¨²blica -sindicatos y partidos, por ejemplo-, que no tienen unos herederos claros. Ambas partes, en estos supuestos, deber¨ªan mostrar una cierta flexibilidad si es que tienen voluntad de llegar a un arreglo. En todo caso, es ah¨ª donde las t¨¦cnicas de reproducci¨®n pueden prestar un buen servicio: ayudar a tener el documento original o su copia es, en definitiva, algo secundario. Al fin y al cabo, en un archivo hist¨®rico lo que se consulta siempre son copias para no deteriorar los documentos originales. Se trata, por ambas partes, de llegar a un pacto razonable.

Por ¨²ltimo, dos ¨²ltimas cuestiones, de importancia no menor. Primera, este asunto no debe ser motivo para que se enfrenten dos pueblos: salmantinos contra catalanes o viceversa. Sin duda no se trata de eso. Ahora bien, en este punto, algunas reacciones salmantinas ante la visita de unos ciudadanos catalanes han sido deplorables y han mostrado la cara, muchas veces oculta, de un crispado nacionalismo espa?ol. El vicepresidente del Gobierno de Castilla y Le¨®n, miembro del PP, ha dicho que el asunto est¨¢ cerrado y que no necesitan 'explicaciones ni leccciones de nadie', y el secretario general del PSOE de la misma comunidad ha dicho que su partido 'no va a consentir que se utilice a Salamanca y sus fondos culturales como objeto de deseo de otra comunidad'. Los peri¨®dicos salmantinos, por su parte, han dedicado a la visita de la delegaci¨®n catalana editoriales e informaciones, reproducidas ayer en estas p¨¢ginas de EL PA?S, propias de un casticismo profundo, aquel que tanto critic¨® Unamuno. Hay que decirles, con toda cordialidad, que reflexionen y atiendan a la raz¨®n. As¨ª se expres¨®, en el tono y en el fondo, un nacionalista como Toni Strubell, el portavoz del grupo de visitantes catalanes.

Para acabar, el siempre cauto y sutil Mariano Rajoy esta vez ha metido la pata y har¨ªa bien en estudiar el asunto a fondo. No se trata de un problema ya resuelto ni debe s¨®lo dejarse en manos de t¨¦cnicos en archiv¨ªstica. Se trata de un asunto envenenado, que afecta a derechos de las personas y a las heridas que dej¨® una guerra civil que no debemos olvidar, pero que debe seguir siendo cosa del pasado sin dejar resquicio alguno para que problemas de entonces se replanteen en el presente. Se trata, en definitiva, de un asunto que puede y debe ser resuelto por las autoridades pol¨ªticas, dando a cada uno lo que es suyo y, a la vez, facilitando al m¨¢ximo las tareas de los investigadores y de la Administraci¨®n. Dejarlo pudrir, alegando falsas razones t¨¦cnicas, constituir¨ªa un grave error.

Francesc de Carreras es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la UAB