El Estado podr¨¢ vender bienes sometidos a litigio sin esperar a que recaiga sentencia

El Gobierno quiere eliminar las trabas que limitan la venta de patrimonio p¨²blico. Y tiene prisa en hacerlo. Por eso ha incluido en el proyecto de ley de Acompa?amiento de los Presupuestos, que se tramita aceleradamente y casi sin debate en el Parlamento, una serie de modificaciones de la legislaci¨®n sobre patrimonio del Estado y expropiaci¨®n forzosa. La m¨¢s llamativa es la que permite al Estado vender bienes p¨²blicos que est¨¦n sujetos a litigios judiciales sin esperar a que recaiga la correspondiente sentencia y asumiendo el adjudicatario las consecuencias del pleito.

El proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, m¨¢s conocido como Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos, incluye varias modificaciones de las leyes del Patrimonio y de Expropiaci¨®n Forzosa para facilitar la enajenaci¨®n de bienes p¨²blicos.

La reforma ampl¨ªa la discrecionalidad de la Administraci¨®n a la hora de concertar contratos o convenios, al se?alar que ¨¦stos se regir¨¢n 'por el principio de libertad de pactos' e incluir¨¢n 'las cla¨²sulas y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al inter¨¦s p¨²blico, al ordenamiento jur¨ªdico o a los principios de buena administraci¨®n'.

En concreto, abre la posibilidad de que los contratos de enajanaci¨®n de patrimonio incluyan la prestaci¨®n de servicios; admite el pago aplazado, siempre que el plazo no supere los diez a?os, est¨¦ suficientemente garantizado e incluya el inter¨¦s legal del dinero; y abre la puerta al arrendamiento de inmuebles del Estado en r¨¦gimen de leasing o alquiler con opci¨®n de compra.

Pero la modificaci¨®n m¨¢s significativa es la que permite la enajenaci¨®n de bienes del patrimonio p¨²blico sujetos a pleito sin esperar a la resoluci¨®n judicial. Para subastarlos o venderlos, bastar¨¢ con que en el pliego o expediente de venta se haga constar la existencia del contencioso, haciendo constar 'la plena asunci¨®n, por quien resulte adjudicatario, de los riesgos y consecuencias que se deriven del litigio'. La ley obliga actualmente a suspender la enajenaci¨®n de un bien sobre el que alguien reclame ante los tribunales su dominio o derecho de adquisici¨®n preferente.

En la misma l¨ªnea de aumentar la flexibilidad, el Estado se arroga la potestad de cambiar la finalidad de aquellos bienes que haya recibido por donaci¨®n o herencia condicionada a que se dediquen a determinado objetivo. Para que se considere cumplida la voluntad del donante, bastar¨¢ con que ¨¦sta se haya respetado durante 30 a?os y 'circunstancias sobrevenidas de inter¨¦s p¨²blico' aconsejen cambiar su destino.

Respecto a la ley de Expropiaci¨®n, el proyecto matiza que, para ocupar un inmueble expropiado, s¨®lo se requerir¨¢ el consentimiento del titular para entrar en su domicilio y en locales cerrados al p¨²blico.