El asentamiento de un grupo gitano en Lleida enfrenta al Ayuntamiento y la Generalitat

El asentamiento de un grupo gitano en la partida de Les Canals, situada en las afueras de Lleida, ha desatado la protesta de los vecinos y un agrio enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Generalitat. Las dos instituciones se culpan de no haber resuelto un conflicto social que la ciudad arrastra desde hace 10 a?os y que ha obligado al colectivo, formado por 60 personas, a levantar campamentos en diversas zonas del extrarradio. La anterior ubicaci¨®n de la familia Carbonell, cerca del barrio de Els Magraners, en unos terrenos industriales del Incasol, tambi¨¦n provoc¨® el rechazo de los vecinos.

La Generalitat intent¨® desalojarla en varias ocasiones, pero el juez no lo autoriz¨®. Hace una semana, el clan, formado por 40 personas mayores y 20 ni?os, abandon¨® el lugar y se instal¨® en una finca de Les Canals, a unos 500 metros del ¨²ltimo asentamiento. Los vecinos exigen m¨¢s vigilancia policial y algunos no descartan vender todas sus propiedades en la zona por miedo a los reci¨¦n llegados. El alcalde de Lleida, el socialista Antoni Siurana, ha pedido a la Generalitat que investigue la procedencia de los 48.000 euros que la familia Carbonell ha pagado por la finca de Les Canals, de unos 800 metros cuadrados. Siurana ha enviado una carta al delegado de la Generalitat en Lleida, Estanis Felip, para conocer las circunstancias del traslado y tener la certeza de que el dinero no ha salido de ning¨²n departamento de la Generalitat. 'Llama la atenci¨®n que una familia que vive en condiciones precarias y que no tiene ingresos por trabajo conocido pueda hacer semejante inversi¨®n', dijo Siurana. Felip asegura que la Generalitat no ha entregado ninguna cantidad de dinero a este clan gitano a cambio de que abandonara el anterior asentamiento en el pol¨ªgono industrial del Cam¨ª dels Frares y a?adi¨® que el ¨²nico responsable de la situaci¨®n es el consistorio. 'Seg¨²n la ley, en las ciudades de m¨¢s de 20.000 habitantes, corresponde a los ayuntamientos resolver conflictos sociales como ¨¦ste', declara Felip, que acusa al Ayuntamiento de politizar el conflicto.

No obstante, Felip ofreci¨® al Ayuntamiento la colaboraci¨®n de la Generalitat para aplicar programas de reinserci¨®n y buscar la mejor soluci¨®n para los miembros de un colectivo que, en su opini¨®n, 'son ciudadanos de Lleida desde hace 20 a?os, porque est¨¢n empadronados y tienen derecho a recibir prestaciones sociales'. Siurana considera que es responsabilidad de Bienestar Social dar respuesta a los casos de marginalidad.