Cajas y pol¨ªticos

La denominada Ley Financiera, que previsiblemente ser¨¢ aprobada esta semana, puede formar parte de ese cat¨¢logo de normas cuyos efectos ser¨¢n m¨¢s adversos que la situaci¨®n que tratan de mejorar. El proyecto, destinado en principio a fortalecer el funcionamiento de los mercados financieros y, en particular, su transparencia y la defensa de los consumidores, puesta en cuesti¨®n tras el esc¨¢ndalo de Gescartera, se vio sustancialmente alterado por la pretensi¨®n de ¨²ltima hora del Gobierno de introducir cambios en la regulaci¨®n de las cajas de ahorro. Se trata de modificaciones inconexas, algunas de ellas convenientes, como la potenciaci¨®n de las emisiones de cuotas participativas, y otras de dif¨ªcil justificaci¨®n, como la reducci¨®n de la edad de permanencia en los consejos de administraci¨®n a los 70 a?os, en todas las cajas, con la excepci¨®n de las amparadas por la Iglesia cat¨®lica.

Sobre la base de actuaciones tan arbitrarias y de procedimientos parlamentarios tan cuestionables, el acuerdo con el principal partido de la oposici¨®n no s¨®lo no ha sido posible, sino que ha convertido a un sector clave del sistema financiero, las cajas de ahorro, en un foco de conflicto y potencial inestabilidad. En la pretensi¨®n del necesario fortalecimiento de los recursos propios de las cajas, a trav¨¦s de la actualizaci¨®n de la regulaci¨®n sobre cuotas participativas de 1988, coincidieron originalmente PP y PSOE, pero pronto los socialistas transformaron lo que era un apoyo constructivo en una manifesta desconfianza. El hecho de que los 'cuotapart¨ªcipes' pudieran disponer de voz en las asambleas se interpret¨® como el principio de un proceso privatizador por nadie respaldado. Una oposici¨®n dif¨ªcil de entender, no s¨®lo porque fue el propio partido socialista quien regul¨® ese instrumento, sino por la debilidad argumental frente a una posibilidad m¨¢s en la conveniente homologaci¨®n operativa de esas, hasta ahora, eficientes entidades financieras. En el debe de los dos principales partidos hay que situar su incapacidad para convenir en un dise?o final de esos instrumentos.

El otro ¨¢mbito con diferencias irreconciliables es el de las modificiaciones introducidas en los ¨®rganos rectores de las cajas: la limitaci¨®n al 50% de los representantes de las administraciones p¨²blicas, la edad de jubilaci¨®n de los consejeros y las excepciones concedidas a las cajas de la Iglesia cat¨®lica. Si las diferencias respecto al primer punto no se presentaban como fundamentales, fueron las concernientes a los otros dos extremos las que han impedido el acuerdo. Impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional la limitaci¨®n de edad introducida en la Ley de Cajas de Andaluc¨ªa, el Gabinete cambia ahora su orientaci¨®n y la introduce, supuestamente a instancias de CiU, con el fin de anticipar la salida del actual presidente de La Caixa. Para mayor descaro, la misma norma trata de preservar a las cajas de la Iglesia de las regulaciones de sus respectivas comunidades aut¨®nomas, atribuy¨¦ndose el Gobierno la competencia en sus aspectos estructurales. La impudorosa protecci¨®n de privilegios dif¨ªciles de conciliar con el Estado de las autonom¨ªas y la supervisi¨®n eficiente del sistema financiero vuelve a ser una innecesaria fuente de conflictos.

Mal desenlace, en la medida en que las competencias atribuidas a las comunidades aut¨®nomas sobre estas entidades de cr¨¦dito deb¨ªa haber obligado a ambos partidos a procurar el consenso. El importante papel de las cajas en el sistema financiero y en el desarrollo econ¨®mico de algunas regiones aconseja no torpedear su modernizaci¨®n y la mejora de su gesti¨®n. Ello deber¨ªa ser absolutamente compatible con el mantenimiento de sus actuales relaciones entre propiedad y control, siempre que los responsables pol¨ªticos no hicieran de ellas las plataformas en las que dramatizar sus diferencias, no siempre determinadas por el inter¨¦s general.