?Quo vadis, Montoro?

Los municipios pudimos conocer el Proyecto de Ley de Reforma de las Haciendas Locales exactamente cuatro d¨ªas antes de su aprobaci¨®n por el Consejo de Ministros. Esto ya es una buena prueba de la voluntad del Gobierno y de su respeto por la Administraci¨®n Local: basta preguntarse si se habr¨ªa atrevido a reformar los tributos de Catalunya o de Andaluc¨ªa de este modo.

Nuevamente se pierde una oportunidad de afrontar la reforma del sistema de financiaci¨®n de las entidades locales, se ignoran las propuestas contenidas en el Informe de la Comisi¨®n constituida ad hoc por el propio Ministerio de Hacienda, se hace por el Gobierno una reforma no s¨®lo de espaldas a los Municipios y Diputaciones, sino contra ellos.

Lo que dejan de pagar los empresarios y profesionales lo van a pagar las familias

Esta ley no resuelve las discriminaciones hist¨®ricas entre municipios

Este proyecto es una ley electoralista: ?Por qu¨¦ la reforma -m¨¢s bien supresi¨®n- del IAE entra en vigor el 1 de enero de 2003 y el nuevo sistema de participaci¨®n en una cesta de impuestos del Estado en enero de 2004? ?C¨®mo vamos los municipios y provincias a suplir esos ingresos? ?Por qu¨¦ el Proyecto de Ley de Presupuestos carece de previsiones espec¨ªficas para afrontar el coste econ¨®mico de la reforma? ?Por qu¨¦ estas prisas, por encima de todo y de todos, en la aprobaci¨®n del Proyecto de Ley?.

No hay m¨¢s que una respuesta: hay elecciones municipales en mayo. Este proyecto s¨®lo tiene el objetivo del cumplimiento de la promesa electoral de eliminaci¨®n del IAE, por encima de los intereses generales y al coste que sea. Orgulloso, el Sr. Aznar podr¨¢ volver a repetir que hab¨ªa un problema y se ha solucionado. Pero se ha resuelto el suyo y se han generado millones de problemas: los de todos los ciudadanos que van a ver reducidos los servicios p¨²blicos que les prestan sus Ayuntamientos porque nos acaban de quitar cerca de 1.200 millones de euros con los que los pag¨¢bamos.

Esto no es un problema de partidos, es un problema jur¨ªdico: el Estado y las Comunidades Aut¨®nomas tienen la obligaci¨®n constitucional de garantizar la suficiencia financiera de las Entidades Locales, y no lo est¨¢n haciendo. Sin medios, sin suficiencia financiera, no hay autonom¨ªa que valga, y ?qu¨¦ autonom¨ªa tenemos cuando a nuestra insuficiencia cr¨®nica de recursos se a?ade la eliminaci¨®n de m¨¢s del 20% de nuestra imposici¨®n directa, o cuando tenemos que dedicar m¨¢s del 30% de nuestro gasto a prestar servicios que las administraciones competentes se han negado a proporcionar?

En todo este proceso las Comunidades Aut¨®nomas han adoptado el tancredismo como pauta de comportamiento. Pero esto tambi¨¦n va con ellos: la participaci¨®n en sus tributos es un derecho de las Haciendas Locales y una obligaci¨®n constitucional de las Comunidades Aut¨®nomas. Han transcurrido 24 a?os y creemos que ya es inaplazable el cumplimiento del mandato constitucional.

El Gobierno no cree en la Administraci¨®n Local. Piensa que no somos capaces de gestionar eficaz y eficientemente los recursos p¨²blicos, y nos trata como a menores de edad, como a Administraciones de segunda fila. Sin embargo, la realidad es tozuda y los datos demuestran que s¨ª somos capaces, y que lo hacemos bien, mucho mejor que otros.

Las Entidades Locales gestionamos m¨¢s de 36.000 millones de euros (6 billones de pesetas), y somos las m¨¢s inversoras: entre 1996 y 1999, si excluimos los gastos de defensa, el 39,3% de la inversi¨®n p¨²blica fue local, por un 34,2% de las Comunidades Aut¨®nomas y un 26,5% del Estado. Y este volumen de inversi¨®n se ha hecho con gran ortodoxia econ¨®mica, seg¨²n los par¨¢metros del Partido Popular, con un ahorro bruto del 11,5% desde 1994, un endeudamiento situado en el entrono del 4,5% del PIB desde 1989 -el mejor de las tres Administraciones- y un ratio d¨¦ficit/PIB en valores muy cercanos al 0%.

?Por qu¨¦ entonces esta permanente agresi¨®n del Gobierno, que disminuy¨® en un 30% las cesiones obligatorias de suelo (privando a los municipios de un instrumento fundamental y sin que la medida haya tenido ning¨²n efecto sobre el precio de la vivienda), que tambi¨¦n aprob¨® la Ley de Estabilidad Presupuestaria (que imposibilitar¨¢ mantener el nivel de inversi¨®n p¨²blica local), y que ahora elimina el IAE para el 92% de los contribuyentes, sin ninguna medida sustitutiva?.

?Qui¨¦n va a pagar la reforma? Pues hay que tener el valor de decirlo: lo que dejan de pagar los empresarios y profesionales lo van a pagar las familias, porque tendremos que agotar el recorrido fiscal que a¨²n nos queda en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto de Veh¨ªculos, porque habr¨¢ que reducir servicios, porque no habr¨¢ dinero para nuevas inversiones, porque nuestro gasto social se resentir¨¢. El Gobierno tendr¨¢ que explicar por qu¨¦ es bueno eliminar impuestos a los notarios, dentistas, registradores o cirujanos pl¨¢sticos para que lo paguen los trabajadores y sus familias.

Y no nos enga?emos, no se va a crear empleo, porque el ahorro medio por contribuyente -seg¨²n uno de los escasos datos ofrecidos por el Sr. Montoro- es de 400 euros anuales. ?Nos puede alguien explicar qu¨¦ empleo crear¨¢ un empresario o profesional con el precio de un caf¨¦ con churros al d¨ªa?

Pero el Proyecto de Ley de reforma de las Haciendas Locales tampoco resuelve las discriminaciones hist¨®ricas entre municipios, y adem¨¢s es una ley tramposa. Actualmente, ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitantes (como pueden ser Legan¨¦s, Oviedo o Alicante) reciben entre 130 y 160 euros por habitante y a?o; en cambio Valencia, Zaragoza, M¨¢laga o Sevilla entre 275 y 300 euros, por encima del 50% m¨¢s. Es evidente que las demandas de los ciudadanos y los servicios que prestan Valencia o M¨¢laga no difieren de los de Getafe, Fuenlabrada o Parla, como por cierto reconoce el proyecto de reforma en su exposici¨®n de motivos. Y aunque en apariencia se eliminan esas discriminaciones con un porcentaje de participaci¨®n en una cesta de impuestos, el nuevo sistema tiene trampa: se articula sobre la base de los ingresos del ¨²ltimo a?o del sistema actual, perpetu¨¢ndose as¨ª la injusticia hist¨®rica y la falta de equidad del actual modelo.

?C¨®mo es posible que haya ese trato de favor a municipios como Madrid, que tiene el 105,80% de la renta media per c¨¢pita de la Comunidad de Madrid, mientras que M¨®stoles, Fuenlabrada, Getafe, Legan¨¦s o Parla perciban por sus casi 800.000 habitantes menos de la mitad que Madrid, cuando su renta disponible per c¨¢pita est¨¢ en todos los casos entre 22 y 35 puntos por debajo? Esto tiene que cambiar, tiene que garantizarse la igualdad y la solidaridad entre las ciudades y los ciudadanos.

Nosotros no estamos en contra de la reforma del IAE, pero no creemos en medidas aisladas y electoralistas que no afrontan el cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera. Y este Proyecto de Ley no lo hace.

Por eso preguntamos al Sr. ministro de Hacienda ad¨®nde se dirige, por eso le pedimos que reflexione, por eso le pedimos que rectifique, porque ni queremos ni podemos decir perd¨®nales porque no saben lo que hacen.

*Jos¨¦ Mar¨ªa Arteta Vico, alcalde de M¨®stoles; Jos¨¦ Luis P¨¦rez R¨¢ez, alcalde de Legan¨¦s; Manuel Robles Delgado, alcalde de Fuenlabrada; Pedro Castro ?lvarez, alcalde de Getafe y Tom¨¢s G¨®mez Franco, alcalde de Parla.