La regulaci¨®n del sector audiovisual

La noticia aparecida recientemente en los medios de comunicaci¨®n de la posici¨®n favorable del PP a la creaci¨®n de un Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana permite abrir esperanzas de que por fin pueda resolverse la ordenaci¨®n del sector audiovisual en nuestra Comunidad con arreglo a las exigencias y necesidades que reclama la sociedad actual. Ser¨ªa deseable, por otra parte, que este cambio de actitud del partido del Gobierno se produjera tambi¨¦n en el ¨¢mbito estatal ya que las autoridades centrales conservan gran parte de las competencias normativas y ejecutivas en materia de medios audiovisuales radioel¨¦ctricos.

Las formas de actuaci¨®n tradicionales del Estado sobre los medios audiovisuales en los planos normativo y ejecutivo de polic¨ªa administrativa presentan limitaciones e insuficiencias notorias y notables que no cabe mantener por m¨¢s tiempo. Constituyen motivos de frecuente confrontaci¨®n medi¨¢tica y pol¨ªtica los procesos de adjudicaci¨®n, renovaci¨®n y cancelaci¨®n de las licencias para la ejecuci¨®n de la actividad difusora de radio y televisi¨®n, as¨ª como el cumplimiento por las empresas radiodifusoras, especialmente las de titularidad p¨²blica, de los principios de objetividad, imparcialidad y pluralismo exigidos en la normativa vigente. Por otra parte, el actual r¨¦gimen resulta poco eficaz para proteger y hacer efectivos los derechos de los ciudadanos y de los grupos sociales como destinatarios.

Con respecto al primer grupo de problemas, la permanente tensi¨®n entre partidos pol¨ªticos y entre ¨¦stos y los medios de comunicaci¨®n originada por la pol¨ªtica medi¨¢tica posibilitada por la legislaci¨®n vigente, que se agudiza en los per¨ªodos electorales y preelectorales (cada d¨ªa m¨¢s amplios), aunque genere r¨¦ditos a corto plazo a los equipos gobernantes, producen a largo plazo en la ciudadan¨ªa una merma de credibilidad en el sistema p¨²blico comunicativo, erosionando los principios de transparencia, imparcialidad e igualdad, que deben presidir la gesti¨®n p¨²blica en cualquier sector, pero especialmente en uno tan clave para el r¨¦gimen democr¨¢tico como el comunicativo, originando un defecto de credibilidad.

Con respecto al segundo problema, relativo a los contenidos de las emisiones, son frecuentes las quejas reflejadas en los propios medios de comunicaci¨®n cuando tienen ocasi¨®n de acceder a sus p¨¢ginas o a sus antenas los ciudadanos, en relaci¨®n con los derechos m¨¢s directamente entroncados con la idea de la dignidad de la persona, como los de honor, intimidad o propia imagen, o con los derechos de los menores de edad, cuyos intereses requieren especial consideraci¨®n como establece el art¨ªculo 20, 4? de la Constituci¨®n.

Todos estos problemas, que responden a una concepci¨®n caduca de la gesti¨®n p¨²blica, no son en modo alguno inevitables. Los pa¨ªses m¨¢s avanzados pol¨ªtica y jur¨ªdicamente se inclinan por adoptar nuevas pautas de ordenaci¨®n de las relaciones con los diferentes sectores econ¨®micos y sociales implicados eliminando en buena medida los factores generadores de la referida tensi¨®n mediante una actuaci¨®n p¨²blica que, por un lado, refleje con mayor precisi¨®n las necesidades de la sociedad y, por otro lado, las aborde con una continuidad que s¨®lo puede conseguirse si la autoridad reguladora no est¨¢ supeditada a la coyuntura pol¨ªtica. Tanto la gesti¨®n del r¨¦gimen de competencia en el mercado audiovisual, como la protecci¨®n de los derechos de los ciudadanos ante los medios de comunicaci¨®n responden a unos principios b¨¢sicos que se desprenden de la Constituci¨®n, y constituyen un pilar b¨¢sico del sistema democr¨¢tico en cuanto que posibilitan la existencia de una opini¨®n p¨²blica libre y constituyen una garant¨ªa para el sistema de libertades institucionalizado.

Frente al sistema tradicional de gesti¨®n de la pol¨ªtica comunicativa desde las autoridades gubernativas ordinarias, la regulaci¨®n constituye una f¨®rmula de gesti¨®n p¨²blica que persigue la superaci¨®n de estos problemas mediante la creaci¨®n de autoridades independientes de los gobiernos. Existen diferentes f¨®rmulas para reforzar esa independencia, como el m¨¦todo de nombramiento de sus responsables, que no tiene por qu¨¦ depender del propio Gobierno o el per¨ªodo de su mandato, que no tiene por qu¨¦ coincidir con el electoral. Pero adem¨¢s las funciones de estas autoridades a?aden a las tradicionales funciones reglamentarias y ejecutivas, tanto autorizatorias como sancionadoras, otras m¨¢s innovadoras de asesoramiento, arbitraje y conciliaci¨®n de los intereses en juego, que no son s¨®lo los de car¨¢cter p¨²blico, como el respeto a la idea de servicio p¨²blico, al principio de la competencia o a los derechos de los ciudadanos, sino tambi¨¦n los de las empresas del sector y los de las personas y grupos sociales m¨¢s directamente implicados. Para conciliar tan heterog¨¦nea gama de intereses, la doctrina francesa ha encontrado la f¨®rmula de la corregulaci¨®n, que a?ade a las cualidades propias de la regulaci¨®n, ciertas cualidades de la autorregulaci¨®n, como la participaci¨®n directa de los ciudadanos en los ¨®rganos de direcci¨®n de las autoridades independientes y la aplicaci¨®n por ¨¦stas de c¨®digos deontol¨®gicos para valorar contenidos y actuaciones de los medios de comunicaci¨®n.

Los Consejos del Audiovisual o de la Comunicaci¨®n, si se pretende ampliar su alcance al conjunto de medios de comunicaci¨®n, no pueden reducirse a la condici¨®n de meros ¨®rganos consultivos cuyos informes y dict¨¢menes no son vinculantes para las autoridades gubernativas, sino que pueden y deben participar en las funciones decisorias.

Este tipo de autoridades independientes, para conseguir un m¨ªnimo de eficacia y credibilidad, deben responder, a nuestro juicio, al menos a estos principios:

1?. De imparcialidad, para lo que se debe evitar un sistema de nombramiento de sus responsables que permita su control por cualquier fuerza pol¨ªtica.

2?. De pluralismo, de manera que los responsables del Consejo reflejen de la manera m¨¢s fiel posible el pluralismo de la sociedad, no s¨®lo en el terreno de la pol¨ªtica. En consecuencia el ¨®rgano rector debe ser suficientemente amplio para acoger dicho pluralismo.

3?. De transparencia, lo cual supone dotar de la m¨¢xima publicidad a los criterios y procedimientos de selecci¨®n en la obtenci¨®n de frecuencias, as¨ª como la exigencia del mayor rigor en la obtenci¨®n y puesta a disposici¨®n del p¨²blico de los datos econ¨®micos y jur¨ªdicos de las empresas.

La idea de la corregulaci¨®n, que puede incorporarse a los Consejos del Audiovisual, contiene elementos de mayor flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias que la hacen m¨¢s id¨®nea para la gesti¨®n p¨²blica del siglo XXI. En la actualidad se est¨¢ aplicando, con diferentes variantes, en muchos pa¨ªses europeos y en alguna Comunidad Aut¨®noma, con positivos resultados. No existe un tipo ¨²nico para la autoridad a crear, sino que su contenido real ser¨¢ el que acuerden las fuerzas parlamentarias. No obstante, es necesario tener presente que la eficacia final no depende de la bondad de la f¨®rmula jur¨ªdica utilizada sino de la voluntad real de los partidos y los agentes sociales.

Antonio Vall¨¦s es profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU.