M¨¢s almac¨¦n que archivo

Sesenta a?os han resultado insuficientes para que el fondo documental que las tropas franquistas expoliaron en Catalu?a y trasladaron despu¨¦s a Salamanca haya sido ordenado, descrito e inventariado siguiendo, al menos, la m¨¢s elemental y leve exigencia de la archiv¨ªstica profesional. De hecho, no existen mejores instrumentos de descripci¨®n que los perge?ados a finales de la d¨¦cada de los cuarenta del pasado siglo por quienes en aquellos d¨ªas se ocupaban del archivo: guardias civiles cuya funci¨®n, m¨¢s que velar por la integridad y ordenaci¨®n del fondo, era suministrar datos a la voraz maquinaria de la represi¨®n.

La sustituci¨®n de los guardias civiles por archiveros profesionales, a finales de los setenta, no mejor¨® la situaci¨®n, como revela el testimonio de Jaume Sobrequ¨¦s, que a su condici¨®n de historiador a?ad¨ªa, entonces, la de senador. Con los datos recogidos durante una visita a Salamanca elabor¨® Sobrequ¨¦s un informe que incluir¨ªa en un peque?o volumen que titul¨® Els arxius per a la hist¨°ria del nacionalisme catal¨¤, publicado en 1982. Depositada de 'cualquier forma' en Salamanca, la documentaci¨®n expoliada en toda la Espa?a republicana -y entre ella la de Catalu?a- fue clasificada de 'forma muy imperfecta' por los servicios del Estado Mayor del Ej¨¦rcito. Una parte, cuenta Sobrequ¨¦s, fue trasladada al Archivo Hist¨®rico Militar del Estado Mayor Central, con sede en Madrid; un segundo lote pas¨® a formar parte de la llamada Secci¨®n Militar del archivo de Salamanca, que dispone tambi¨¦n de una Secci¨®n Pol¨ªtico-Social, a la que se adscribi¨® un tercer lote. El resto fue destruido 'por considerarse in¨²til' para los 'objetivos que se persegu¨ªan': la represi¨®n. A la Secci¨®n Pol¨ªtico-Social pertenece el grueso de la documentaci¨®n que desde finales de los setenta se reclama sin ¨¦xito desde Catalu?a. De este material exist¨ªan, seg¨²n comprob¨® Sobrequ¨¦s, unos '¨ªndices por provincias, muy someros, que no reflejan con exactitud el contenido de los legajos'. Esta clasificaci¨®n, concluye Sobrequ¨¦s, fue realizada 'sin criterios archiv¨ªsticos por personal no t¨¦cnico, que a menudo agrupaba los materiales en legajos sin clasificarlos previamente, tal como los encontraba amontonados'.

No parece, 20 a?os despu¨¦s de la publicaci¨®n del informe, que ese estado de cosas haya sufrido una variaci¨®n sustancial, como ha denunciado el historiador Juan B. Culla y ha admitido, en declaraciones a este diario, el director del ahora llamado Archivo General de la Guerra Civil, Miguel ?ngel Jaramillo. Iniciada en 1979, la descripci¨®n y el inventario de la documentaci¨®n que conserva el archivo se desarrollan sin pausa y, seguramente, tambi¨¦n sin prisas: esa labor de catalogaci¨®n todav¨ªa no ha alcanzado, como admiti¨® Jaramillo, a los miles de legajos correspondientes a Barcelona, Lleida y Madrid, precisamente los que contienen, en mayor medida, la documentaci¨®n que interesa a Catalu?a. En estas condiciones, no es extra?o que la comisi¨®n de expertos -de la que Culla formaba parte- a la que el Ministerio de Cultura y la Generalitat pidieron un dictamen sobre la eventual devoluci¨®n a Catalu?a de los documentos espoliados por las tropas de Franco no tuviera mejores instrumentos, para analizar el caso, que el Inventario de la Secci¨®n Pol¨ªtico-Social Barcelona y el Inventario de la Secci¨®n Pol¨ªtico-Social L¨¦rida, realizados en fecha tan reciente como la de 1948. Eso s¨ª, se provey¨® tambi¨¦n a los expertos de una edici¨®n revisada en 2001, que no aporta mayores novedades que la correcci¨®n de las erratas del original e incorpora el inventario de la documentaci¨®n de la Generalitat republicana; un inventario, este ¨²ltimo, realizado en 1982 por iniciativa de la Generalitat.

La catalogaci¨®n de los fondos de un archivo es exigible no s¨®lo para facilitar su estudio por los historiadores; lo es igualmente para garantizar su conservaci¨®n e integridad. No debe de ser f¨¢cil, por ejemplo, no ya evitar un robo, sino recuperar despu¨¦s un documento de cuya existencia en el archivo no se tiene constancia cierta. Y en Salamanca, veintitantos a?os despu¨¦s de la llegada de los archiveros profesionales, los documentos pendientes de inventariar se cuentan por miles. Tan grave es la situaci¨®n -e inusual en un archivo de titularidad estatal como el de Salamanca- que la 'ca¨®tica mezcla de fondos' en que se halla sumida la documentaci¨®n procedente de Catalu?a obedece, m¨¢s que a la incapacidad o la impericia, a una 't¨¢ctica defensiva' urdida por los responsables de la instituci¨®n para poner trabas al cumplimiento de un eventual acuerdo de restituci¨®n. As¨ª lo creen, al menos, quienes defienden la devoluci¨®n de los mal llamados papeles de Salamanca a sus leg¨ªtimos propietarios y as¨ª lo escribi¨® Culla hace unas semanas.