Un juez admite a tr¨¢mite la quiebra de la promotora de viviendas CPV
El Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 9 de Madrid ha decidido tramitar la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). La demanda fue presentada el pasado d¨ªa 8. Este expediente judicial significa que, a priori, CPV es una empresa inviable y que s¨®lo cabe finiquitarla porque su activo es inferior al pasivo. Ahora el juez nombrar¨¢ al comisario de la quiebra y ordenar¨¢ evaluar los activos de CPV. Despu¨¦s el comisario convocar¨¢ una junta de acreedores que, a su vez, designar¨¢n a los s¨ªndicos que se encarguen de repatir los activos, si es que quedan.
La demanda de quiebra de CPV que ya tramita el Juzgado de lo Civil n¨²mero 9 de Madrid no tiene nada que ver con el sumario que investiga la juez Rosario Espinosa, del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8. Esta juez investiga por delitos de estafa y apropiaci¨®n indebida al director general de CPV, Francisco Garc¨ªa, a dos de sus hijos -Francisco Javier y Miguel ?ngel- y a su socio Miguel ?ngel Morillo del Pozo.
Los cuatro se hallan en prisi¨®n sin fianza desde la semana pasada por estafar y dejar en la estacada a las 1.200 familias de Madrid que en 1998 anticiparon dinero a CPV -una media de 18.000 euros- a cambio de casas en los nuevos barrios de Montecarmelo, Las Tablas y Sanchinarro.
En lugar de hacer las casas prometidas, CPV vendi¨® los terrenos que pose¨ªa en esos barrios, obteniendo fuertes plusval¨ªas, y destin¨® una parte del dinero de sus clientes a otras promociones inmobiliarias y 'a fines desconocidos', seg¨²n el auto de prisi¨®n dictado por la juez Espinos. La petici¨®n de quiebra significa que la viabilidad econ¨®mica de CPV como empresa carece de todo cr¨¦dito en el mercado.
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