El juez del 'caso Turismo' pide datos de una empresa vinculada a un hijo de Pujol
Una filial de Europraxis cobr¨® 124.000 euros del Consorcio de Turismo por tres estudios
El juez de Barcelona que investiga las supuestas irregularidades en la gesti¨®n del Consorcio de Turismo de Catalu?a ha solicitado toda la informaci¨®n disponible sobre los tres estudios encargados por este organismo dependiente de la Generalitat a una empresa vinculada a Josep Pujol Ferrusola. Los informes fueron realizados en 1995 por Tourism & Leisure, participada en un 70% por Europraxis Consulting y el Consorcio de Turismo pag¨® por ellos 124.109 euros.
El magistrado Francisco Gonz¨¢lez Maillo, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 10 de Barcelona, dict¨® ayer una providencia en la que solicita del abogado de Iniciativa per Catalunya (ICV) que aporte "cuantos datos o documentos obren en su poder" relativos a estos contratos y le concede un plazo de cinco d¨ªas. Este partido, que ejerce la acci¨®n popular en el caso, denunci¨® el pasado mes de abril que el Consorcio de Turismo encarg¨® tres informes a Tourism & Leisure, una sociedad participada al 70% por la consultora Europraxis Consulting, una empresa vinculada entonces y ahora a Josep Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat.
El encargo de los tres informes, por los que el Consorcio de Turismo pag¨® 124.109 euros, fue ocultado en su d¨ªa por el entonces consejero de Industria, Comercio y Turismo, Antoni Subir¨¤, primo pol¨ªtico de Jordi Pujol. Iniciativa consider¨® que esos informes eran de "dudosa utilidad". A la vista de esas denuncias, reflejadas en los medios de comunicaci¨®n, otro abogado que ejerce la acci¨®n popular en el caso, Xavier Rotllan, pidi¨® al juez que requiriera a Iniciativa per Catalunya que entregase la documentaci¨®n que tuviera.
El caso Turismo adquiri¨® la semana pasada una mayor dimensi¨®n pol¨ªtica, despu¨¦s de conocerse un informe de la Guardia Civil en el que relata que varias de las empresas beneficiarias por la realizaci¨®n de informes que eran burdas copias s¨®lo registraron durante algunos a?os ingresos procedentes de la Generalitat. Ese informe no pudo concretar el destino del dinero pagado porque siete bancos se negaron a facilitar informaci¨®n. El juez razona que en ese informe "aparecen numerosos cobros de varias empresas relacionadas con esta causa que son ajenos al Consorcio de Turismo", por lo que acuerda conceder un plazo de ocho d¨ªas al fiscal y a las partes para que informen sobre la posibilidad de abrir piezas separadas "para la investigaci¨®n de los nuevos hechos".
D¨ªas antes, el juez hab¨ªa decidido incorporar a la causa los documentos aportados por el diputado de ERC Joan Ridao, en los que relata que Gestumer y Socesca, dos de esas empresas, realizaron "informes innecesarios" para el Departamento de Trabajo de la Generalitat.
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