Un interventor se har¨¢ cargo de la administraci¨®n judicial de CPV

El titular del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 9 de Madrid ha admitido a tr¨¢mite la solicitud de quiebra presentada por un grupo de afectados contra Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), cuyos cuatro m¨¢ximos responsables est¨¢n encarcelados por un supuesto fraude inmobiliario. En ese auto, el juez designa a un interventor que se har¨¢ cargo de la administraci¨®n judicial de la empresa, seg¨²n inform¨® uno de los abogados personados en la causa, Pedro L¨®pez Arias. Este interventor se encargar¨¢ de la gesti¨®n de la empresa y de pagar a los acreedores, si los fondos de CPV lo permiten.

La decisi¨®n judicial supone la anulaci¨®n de las operaciones de venta que CPV realiz¨® desde la fecha que el juez haya determinado, lo que obligar¨¢ a las entidades que compraron terrenos a la promotora a devolv¨¦rselos. La resoluci¨®n determina tambi¨¦n la liquidaci¨®n del patrimonio de CPV, decisi¨®n que, seg¨²n indic¨® L¨®pez Arias, podr¨ªa suponer la devoluci¨®n de gran parte del dinero que los afectados invirtieron en las viviendas que les prometi¨® la promotora.

Por otro lado, Coro Monreal Huerta, juez de instrucci¨®n 34 de Madrid, que lleva la querella presentada por centenares de perjudicados contra la inmobiliaria, ha dictado un auto que determina que se proceda a tomar declaraci¨®n a varios testigos propuestos por las acusaciones particulares en sus medidas cautelares.

Falta de informaci¨®n

Parte de los abogados personados como acusaci¨®n particular en la querella interpuesta contra los responsables de CPV en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 34 presentar¨¢n pr¨®ximamente un escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para expresar su protesta ante algunas de las decisiones adoptadas por Monreal. Esta queja se refiere a la escasa informaci¨®n que la magistrada instructora remite a las acusaciones particulares, seg¨²n afirman.

Varios afectados por el caso y una de las letradas personadas en la causa - que no quiso desvelar su identidad- relataron c¨®mo en varias ocasiones los abogados se han dirigido a la juez para interesarse por el estado de las resoluciones y por los escritos presentados por la defensa, sin que la instructora se los mostrara. Coro Monreal ya tuvo conocimiento de la causa hace dos a?os, tras una denuncia interpuesta contra CPV por un delito de estafa que termin¨® siendo archivada.

La abogada y las familias expresaron su "temor" a que los acusados por el caso CPV puedan ser puestos en libertad pr¨®ximamente. Seg¨²n la letrada, la defensa ha presentado un escrito solicitando la libertad de sus representados, al que los representantes de los afectados no han podido acceder "porque la juez alega no tener copias suficientes para todas" las partes. La defensa de los implicados argumenta que no hay riesgo de fuga, ya que aqu¨¦llos tienen patrimonio suficiente para afrontar la deuda adquirida con las familias perjudicadas.