Un empleo para los excluidos sociales

Luisa Aurelia, de 35 a?os, emigr¨® a Catalu?a en 2000 con su hija peque?a. En estos dos a?os, ha intentado rehacer su vida lejos de su pa¨ªs, Georgia, donde dej¨® a su marido y a su otro hijo, que acaban de llegar a Barcelona. Pero no le ha sido nada f¨¢cil, sobre todo a la hora de encontrar un trabajo. Ahora, sin embargo, asegura estar "muy contenta", ya que desde el pasado mes de marzo ha podido ponerse de nuevo el delantal que usaba cuando trabajaba de pastelera en Georgia para ejercer de ayudante de cocina en la Fundaci¨®n Futur, una entidad sin ¨¢nimo de lucro que tiene por objetivo la inserci¨®n laboral de personas que se encuentran en riesgo de exclusi¨®n social, desde familias monoparentales, inmigrantes y con pocos recursos, como Luisa Aurelia, hasta mujeres maltratadas, ex toxic¨®manos y ex presidiarios o parados de larga duraci¨®n, cuyo acceso al mercado laboral se traduce normalmente en una carrera de obst¨¢culos dif¨ªciles de superar.

La Fundaci¨®n Futur es una de las m¨¢s de 60 empresas catalanas de inserci¨®n laboral

Los nuevos empleados llegan de C¨¢ritas y de los servicios sociales del Ayuntamiento

Creada en 1996, la Fundaci¨®n Futur es una de las m¨¢s de sesenta empresas de inserci¨®n laboral que se calcula que operan en Catalu?a con esta misma finalidad y que, desde hace tiempo, vienen reclamando un marco legal que regule este sector. Sus reivindicaciones han visto la luz esta semana en el Parlament, que ha aprobado por unanimidad la Ley de Empresas de Inserci¨®n, pionera en el Estado espa?ol. "El objetivo de esta ley no es otro que clarificar y potenciar esta iniciativa social que ha crecido en los ¨²ltimos a?os", explica el portavoz adjunto de CiU en el Parlament, Enric Millo, cuyo grupo parlamentario ha impulsado esta normativa que define los requisitos, caracter¨ªsticas, actividades y posibles beneficiarios de estas empresas y establece la creaci¨®n de un registro para identificarlas y regularlas.

A pesar del retraso, las empresas de inserci¨®n laboral han aplaudido la aprobaci¨®n de esta ley. "Era muy necesaria", explica Mar¨ªa Jos¨¦ Ortega, de la Asociaci¨®n Intersectorial de Recuperadores y Empresas Sociales de Catalu?a (AIRES), que agrupa a 34 de estas entidades. El vac¨ªo legal existente hasta ahora ha significado, en cierto modo, una falta de reconocimiento a la tarea que desempe?an estas empresas y, sobre todo, un apoyo insuficiente por parte de la Administraci¨®n con vistas a recibir subvenciones, pero tambi¨¦n para contratar los servicios que estas empresas ofrecen. La ley aprobada el pasado jueves en el Parlament establece que estas entidades "pueden gozar de un trato fiscal espec¨ªfico" y que "pueden tener preferencia" en la adjudicaci¨®n de contratos administrativos que convoque la Generalitat.

La Fundaci¨®n Futur, que se dedica b¨¢sicamente a la restauraci¨®n, ya trabaja en este sentido con el Ayuntamiento de Barcelona, que la contrata para muchos de los caterings y recepciones que ofrece. Pero no es suficiente: s¨®lo el 3% de la financiaci¨®n de esta entidad -que este a?o ha ascendido a 480.000 euros- procede de fondos p¨²blicos, y el resto se reparte entre los ingresos derivados de su actividad (70%) y de donaciones privadas (27%), seg¨²n explica su director, Manuel Almirall.

Esta empresa de inserci¨®n es de las pocas que se dedican al ramo de la hosteler¨ªa, pues la mayor¨ªa trabajan en la gesti¨®n y reciclaje de residuos, que luego se venden en tiendas de segunda mano, y tambi¨¦n en la agricultura, la jardiner¨ªa y la limpieza industrial o a particulares. La plantilla de la Fundaci¨®n Futur, de 25 personas, es variada. "Intentamos dar cabida a todo tipo de colectivos para evitar que se transforme en un gueto", cuenta Almirall, que hace un repaso improvisado: inmigrantes, personas sin techo, familias monoparentales con escasos recursos econ¨®micos, ex alcoh¨®licos y ex drogadictos en proceso de rehabilitaci¨®n, ex presidiarios, mujeres maltratadas y mayores de 60 a?os... Entre todos ellos, gestionan tres restaurantes que dan prioridad a los productos biol¨®gicos y de comercio justo. Al cabo del d¨ªa, llegan a ofrecer un centenar de comidas, adem¨¢s de otros tantos caterings que se est¨¢n convirtiendo en el servicio estrella de esta empresa.

La mayor parte de estas comidas se preparan en la cocina central, en la sede de la fundaci¨®n, a cargo de Oriol, de 35 a?os, que ha ido ense?ando el arte de cocinar a sus ayudantes Luisa Aurelia y Minuda. La primera encontr¨® este empleo con la ayuda de una asistenta social. Minuda, una marroqu¨ª de 40 a?os, se incorpor¨® a la fundaci¨®n hace ocho meses a trav¨¦s de una amiga que trabajaba en la misma entidad. El boca a boca, cuenta Almirall, es una de las v¨ªas por las que la Fundaci¨®n Futur se nutre de trabajadores, aunque normalmente suelen llegar de la mano de C¨¢ritas, los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona e institutos penitenciarios con los que esta entidad ha firmado convenios.

La estancia media de estas personas suele ser de un a?o, pues la entidad est¨¢ concebida como un lugar de paso para dar el salto al mercado laboral. Pero adem¨¢s de ofrecerles un puesto de trabajo -con contrato, alta en la Seguridad Social y el salario que establece el convenio del sector-, estas empresas hacen hincapi¨¦ tambi¨¦n en la formaci¨®n y capacitaci¨®n de las personas que emplean, tanto a en el aspecto laboral como social, que corre a cargo de educadores y asistentes sociales. Nada m¨¢s entrar en estas empresas, se dise?a un itinerario de inserci¨®n personalizado para cada uno de los trabajadores, que establece los objetivos formativos, sociales y personales que debe alcanzar, y que implica un seguimiento permanente por parte de los responsables, educadores y asistentes sociales de la entidad.

Un informe de la Asociaci¨®n Intersectorial de Recuperadores y Empresas Sociales de Catalu?a (AIRES) calcula que este proceso supone un coste a?adido de unos 4.000 euros al a?o por persona, teniendo en cuenta que la productividad de estos trabajadores es relativamente baja, a causa de la falta de h¨¢bitos en el trabajo y el elevado absentismo laboral. El informe pone de manifiesto que las empresas de inserci¨®n laboral pierden rentabilidad al tiempo que generan un importante ahorro social a la Administraci¨®n p¨²blica, cifrado en algo m¨¢s de 12.000 euros anuales, que viene a ser lo que cuesta a los servicios sociales p¨²blicos hacerse cargo de los excluidos sociales que absorben estas empresas.