La juez Teresa Palacios citar¨¢ a declarar como imputados a Bot¨ªn y Amus¨¢tegui

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios citar¨¢ a declarar en calidad de imputados a Emilio Bot¨ªn-Sanz de Sautuola y Jos¨¦ Mar¨ªa Amus¨¢tegui, presidente y presidente de honor respectivamente del Santander Central Hispano (SCH), en relaci¨®n con la querella interpuesta contra ellos por presunto delito societario. La decisi¨®n fue adoptada a petici¨®n del fiscal, aunque todav¨ªa no se ha fijado fecha para las declaraciones de los banqueros. El banco asegur¨® ayer en un comunicado que "todas las actuaciones realizadas lo han sido de acuerdo con la m¨¢s estricta legalidad".

El Santander Central Hispano (SCH) asegur¨® ayer que "ha remitido al juzgado toda la informaci¨®n y documentaci¨®n requerida sobre este asunto de la cual se desprende que todas las actuaciones realizadas lo han sido de acuerdo con la m¨¢s estricta legalidad habi¨¦ndose pactado el pago al se?or Amus¨¢tegui, de la cantidad a la que se refiere la noticia, en 1999 y aprobada por los ¨®rganos competentes de la entidad contando con la verificaci¨®n positiva de sus auditores externos".

El caso se inici¨® el pasado 5 de noviembre despu¨¦s de que el abogado Juan Francisco Franco Otegui, que se declara accionista de banco fusionado y que ha intervenido en las juntas de accionistas del banco junto al letrado Rafael P¨¦rez Escolar (condenado por el caso Banesto), present¨® una querella en la que acusa a Bot¨ªn de haber proporcionado 43,75 millones de euros como indemnizaci¨®n a Amus¨¢tegui por dejar el banco antes de la fecha que le correspond¨ªa en los acuerdos de fusi¨®n del Santander con el Central Hispano, en perjuicio de los accionistas de la entidad.

La juez Palacios se declar¨® competente por considerar que el supuesto delito societario afecta a m¨²ltiples perjudicados en todo el territorio nacional, al tratarse de los accionistas del SCH.

43 millones por irse

La querella de Franco Otegui relata los roces y enfrentamientos que se produjeron entre las ejecutivas de los bancos tras la fusi¨®n. Aunque Amus¨¢tegui y Bot¨ªn hab¨ªan pactado la copresidencia, "el primero se hab¨ªa convertido en una molestia y un freno para los planes del segundo, que deseaba no tener que dar explicaciones a nadie y convertirse en el ¨²nico presidente de la entidad", dice el escrito.

Para acelerar el tr¨¢mite por el que se convertir¨ªa en presidente ¨²nico, seg¨²n la querella, Bot¨ªn pact¨® con Amus¨¢tegui una indemnizaci¨®n de 43,75 millones de euros "satisfechos durante el ejercicio 2001 con car¨¢cter extraordinario y no recurrente" y que figuran en una partida titulada "Compromisos por pensiones y otros seguros", dentro del ep¨ªgrafe correspondiente a "Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administraci¨®n".

El texto de la querella destacaba que la Junta de Accionistas pod¨ªa haber destituido a Jos¨¦ Mar¨ªa Amus¨¢tegui en cualquier momento sin tener que indemnizarle por ello, pero la entidad decidi¨® abonar la cantidad mencionada de 43,75 millones de euros para que el copresidente anticipase su jubilaci¨®n. El banco insiste en que ese pago formba parte de los acuerdos de fusi¨®n y que no es "una escandalosa d¨¢diva por anticipar en menos de dos a?os su prevista y forzosa salida del Banco", como dice la querella.

La citaci¨®n, ahora, de ambos banqueros es la consecuencia l¨®gica de la investigaci¨®n. No quiere ello decir que existan m¨¢s indicios en la causa que los que exist¨ªan en el momento de admitir a tr¨¢mite la querella. Sin embargo, la legislaci¨®n espa?ola no permite la declaraci¨®n en calidad de testigo cuando al declarante se le van a hacer preguntas de las que se puede derivar una futura imputaci¨®n. Adem¨¢s, en ese caso es imprescindible que el declarante acuda asistido de un letrado para garantizar sus derechos. La legislaci¨®n espa?ola, a diferencia de la estadounidense, no permite la comparecencia de testigos asistidos de abogados.

En el proceso que se tramita en la Audiencia Nacional, la magistrada ya solicit¨® al registro mercantil certificaci¨®n de los estatutos del banco, de las cuentas anuales y del informe de auditor¨ªa correspondiente a 2001, as¨ª como el acuerdo de fusi¨®n entre el Santander y el Central Hispano. La juez Palacios reclam¨® igualmente, un informe al Banco de Espa?a sobre los hechos denunciados. La magistrada instruye tambi¨¦n, otro proceso en el que figura Bot¨ªn como imputado. Se trata del caso de las cesiones de cr¨¦dito de nuda propiedad del Banco Santander.