El Consejo del Poder Judicial ordena una investigaci¨®n sobre la juez del 'caso CPV'

La juez que instruye el caso CPV, Coro Monreal, puso en libertad el pasado viernes a los cuatro directivos imputados por un supuesto delito de estafa a pesar de las objeciones del fiscal. ?ste formul¨® seis argumentos para oponerse a la petici¨®n de libertad de los encarcelados hecha por su abogado. Entre ellos, el fiscal sosten¨ªa que no han variado las circunstancias que determinaron su ingreso en prisi¨®n a principios del pasado noviembre y que los directivos podr¨ªan manipular las pruebas. En el auto de excarcelaci¨®n, la magistrada Monreal "discrepa" de todas las objeciones del fiscal y ordena la puesta en libertad de los encausados, si bien ¨¦stos deben presentarse en el juzgado semanalmente.

En el escrito presentado el pasado 23 de noviembre por el ministerio fiscal, ¨¦ste arguye adem¨¢s que los imputados podr¨ªan fugarse, y que los delitos en los que est¨¢n implicados (estafa y apropiaci¨®n indebida) est¨¢n castigados con una pena de prisi¨®n de cuatro a ocho a?os, adem¨¢s de multa. Por otro lado, el fiscal afirma que el procedimiento judicial est¨¢ en "fase embrionaria", es decir, que a¨²n hay que practicar m¨¢s pruebas.

La juez de instrucci¨®n n¨²mero 34 de Madrid, Coro Monreal, dict¨® un auto el pasado viernes, d¨ªa 20, en el que decretaba la puesta en libertad provisional de Francisco Garc¨ªa Moreno, director de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), y los administradores Miguel ?ngel y Francisco Javier Garc¨ªa S¨¢nchez -hijos del anterior-, y Miguel ?ngel Morillo del Pozo.

1.200 familias adelantaron a la promotora 30 millones de euros para que ¨¦sta les construyera una vivienda en uno de los tres nuevos barrios del norte de Madrid (Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo). Cuatro a?os despu¨¦s, la inmobiliaria no les ha devuelto su dinero y las casas est¨¢n sin construir. Los cuatro implicados en esta supuesta estafa est¨¢n ahora obligados a comparecer ante el juzgado semanalmente "y cuantas veces sean llamados".

Ese auto recoge los argumentos de la magistrada Monreal para liberar a los encarcelados. "El riesgo de destrucci¨®n de pruebas no existe al d¨ªa de la fecha [20 de diciembre]", ya que las oficinas de CPV est¨¢n precintadas, y los juzgados se han incautado de la documentaci¨®n que hab¨ªa en su interior. La jueza, adem¨¢s, utiliza en varias ocasiones el argumento del nombramiento de un administrador judicial: "estando incautada la documentaci¨®n de la mercantil CPV y nombrado un administrador, se desvanece por completo el riesgo de alteraci¨®n de pruebas con la puesta en libertad de aqu¨¦llos".

"Arraigo suficiente"

En cuanto al posible riesgo de fuga, Monreal asegura que "todos los privados de libertad en esta causa tienen arraigo suficiente, viven en Madrid con sus familias, incluso la esposa de Francisco Javier Garc¨ªa S¨¢nchez se encuentra en avanzado estado de gestaci¨®n, adem¨¢s de que ninguno de ellos tiene antecedentes penales". As¨ª, a?ade la juez, el riesgo de fuga "se diluye". "A mayor abundamiento", contin¨²a, "debe tenerse en cuenta que los imputados han comparecido siempre que han sido llamados ante la justicia".

La magistrada analiza un posible "riesgo de reiteraci¨®n delictiva" por parte de los encausados, pero afirma que ¨¦ste es "inexistente": "No const¨¢ndoles antecedentes penales y habiendo sido privados de sus facultades de administraci¨®n [en la inmobilia-ria], resulta del todo imposible que contin¨²en suscribiendo contratos como los que en su d¨ªa firmasen con los perjudicados de la presunta estafa que se les imputa". Otro de los argumentos de Monreal para dictar la libertad de los cuatro directivos es que est¨¢n "amparados por la presunci¨®n de inocencia".

Un grupo de afectados por el caso CPV se manifest¨® ayer frente a los juzgados de plaza de Castilla. Las familias se mostraron indignadas por la decisi¨®n de la magistrada de poner en libertad a los imputados. "Queremos que la jueza vea que no somos un n¨²mero, sino personas que necesitamos un lugar para vivir, para dormir", afirm¨® Manuel, uno de los perjudicados. "Algunos no tenemos d¨®nde celebrar la Navidad, mientras que los imputados lo har¨¢n en su casa, tan tranquilos", agreg¨®.

Los afectados profirieron gritos contra Monreal e insinuaron una posible corrupci¨®n: "Es muy raro que los ponga en libertad de noche, sin que lo sepan nuestros abogados. Y eso despu¨¦s de lo que pas¨® hace dos a?os". Este afectado se refer¨ªa a una causa abierta en 2000 contra CPV. La Direcci¨®n General de Consumo del Gobierno regional, que ya hab¨ªa multado a la inmobiliaria en 1999 con m¨¢s de 13.000 euros tras una reclamaci¨®n, inform¨® a los tribunales de las supuestas irregularidades de la promotora. El Ejecutivo auton¨®mico puso el caso en conocimiento de la juez Monreal, que orden¨® al Gobierno la suspensi¨®n del procedimiento administrativo al estar abierta la v¨ªa judicial. Poco despu¨¦s, la magistrada archiv¨® el caso.