Un delito de lesa patria

Tras la reuni¨®n organizada el pasado domingo en Galicia por la c¨²pula del PP para arropar a su presidente fundador (a la vez presidente de la Xunta) y manifestarle -a la antigua- su adhesi¨®n incondicional, el ministro secretario general del partido, Javier Arenas, anunci¨® la puesta en marcha de una campa?a para informar a la sociedad espa?ola sobre las graves irresponsabilidades cometidas por el PSOE durante la crisis del Prestige. El c¨®nclave -reunido tal vez en torno a la humeante caldera de una queimada- estuvo animado por los tres aspirantes pregonados para suceder a Aznar como candidato a la presidencia del Gobierno en las pr¨®ximas elecciones; aunque los componentes de la terna no tengan -a diferencia de las brujas de Macbeth reunidas tambi¨¦n alrededor de un puchero- capacidad para adivinar cu¨¢l de ellos ser¨¢ proclamado rey, al menos intuyen que Fraga puede favorecer su designaci¨®n.

El pistoletazo de salida de esa carrera electoralista para que el Gobierno eluda sus responsabilidades y las descargue sobre los socialistas fue la retirada al Aventino del grupo popular en el Congreso, a fin de teatralizar su protesta contra la sesgada lectura del portavoz socialista de un documento oficial sobre el cambio de rumbo del petrolero naufragado y exigir su fulminante cese o humillante dimisi¨®n. La taimada idea del Gobierno de utilizar la majader¨ªa perpetrada por el cimbreante diputado Caldera o sus ayudantes como pretexto para rasgarse las vestiduras y embestir contra el PSOE no es estrictamente una novedad en su forma de tratar a la oposici¨®n: Aznar tiene a pan y agua en el cuarto oscuro a Zapatero desde hace un a?o por desobediente. Esta vez, sin embargo, la desproporci¨®n entre la ofensa y el castigo es demasiado abultada: abstracci¨®n hecha del pecado venial del arrepentido Caldera, las autoridades espa?olas, aunque no ordenaran el cambio de rumbo hacia el sur en la madrugada del 15 de noviembre, aprobaron a rengl¨®n seguido la medida tomada por el capit¨¢n del barco.

Pero el siguiente paso en la escalada para invertir los papeles entre el Gobierno y la oposici¨®n en la crisis del Prestige deja peque?o el linchamiento de Caldera. En el c¨®nclave gallego del domingo Fraga descalific¨® como delito de lesa patria la petici¨®n hecha por los eurodiputados socialistas de una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Parlamento de Estrasburgo sobre el naufragio del petrolero. El ministro Arenas se ha sumado con entusiasmo a la tesis criminalizadora seg¨²n la cual los dirigentes del PSOE desean -como felones antipatriotas- que la asamblea europea condene a Espa?a "por quebranto de derecho comunitario" y le retire las ayudas para paliar las consecuencias de la marea negra.

La obsesi¨®n del PP por expulsar a las tinieblas exteriores de la anti-Espa?a a sus competidores electorales y el escaso rodaje democr¨¢tico de algunos de sus l¨ªderes (Fraga nunca ha perdido la mentalidad autoritaria de ex ministro de Franco) se hallan en el trasfondo de la rid¨ªcula imputaci¨®n penal lanzada contra el PSOE: una acusaci¨®n que impugna el papel central de los parlamentos en los sistemas democr¨¢ticos y enfrenta a la Uni¨®n Europea con los Estados socios. Las trampas del inconsciente le han gastado al partido del Gobierno una pesada broma: su paranoico temor a que una comisi¨®n de investigaci¨®n del Parlamento de Estrasburgo retire a Espa?a las ayudas comunitarias deja traslucir sus oscuros sentimientos de culpabilidad. La ¨²nica forma de despejar las dudas y los recelos eventualmente existentes mas all¨¢ de nuestras fronteras sobre el naufragio del Prestige es lavar -nunca mejor dicho- la ropa sucia dentro de casa. Resulta inexcusable que el grupo parlamentario del PP renuncie a su actitud obstruccionista y autorice la creaci¨®n en el Congreso de una comisi¨®n de investigaci¨®n que acometa la tarea de aclarar las zonas oscuras de una historia repleta de incertidumbres y ofrezca respuesta a las numerosas preguntas todav¨ªa pendientes de contestaci¨®n. No se trata de suplicar al Gobierno una merced sino de exigirle que haga honor a sus compromisos electorales.