Los socialistas ven inconstitucional negar la reinserci¨®n, pero no subir la pena a 40 a?os

El PSOE mantiene que negar la reinserci¨®n de etarras es "inconstitucional", y es "un grave error pol¨ªtico" porque dificulta la lucha contra ETA. Los socialistas, sin embargo, admiten que s¨ª tiene "encaje constitucional" subir de 30 a 40 a?os la pena m¨¢xima de c¨¢rcel, "si se garantiza un margen para la resocializaci¨®n". El Gobierno responde que "los terroristas tienen acreditada la utilizaci¨®n del Estado de derecho en su beneficio y sin respetarlo en absoluto", y tilda de "ingenuidad" la propuesta del PSOE de que los etarras que "abjuren" de la violencia no tengan que cumplir la pena m¨¢xima efectiva, que subir¨¢ a 40 a?os. Hoy comienzan las conversaciones para consensuar esta reforma penal.

"El problema no es que 40 a?os de prisi¨®n m¨¢xima sea inconstitucional y 30 a?os no, ambas penas m¨¢ximas pueden tener un encaje constitucional. Lo que no lo tiene es que se niegue el principio de reinserci¨®n social, que se condene sin margen de maniobra", subray¨® ayer el diputado socialista Juan Fernando L¨®pez Aguilar tras conocer el anuncio del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, de que el Ejecutivo elevar¨¢ de 30 a 40 a?os el tiempo m¨¢ximo de cumplimiento de condena.

La Constituci¨®n, a?ade, lo que no admite es la cadena perpetua ni que se niegue la reeducaci¨®n de los presos. Su art¨ªculo 25.2 se?ala que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estar¨¢n orientadas hacia la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social".

B¨²squeda de la reinserci¨®n social, prevenci¨®n general del delito y defensa de la sociedad. ?stos son los postulados que informan la Ley Org¨¢nica General Penitenciaria que el PSOE no quiere cuestionar sino "reforzar", seg¨²n la direcci¨®n de este partido. Ahora bien, el PSOE coincide en que hay que reformar la ley para evitar que individuos condenados por cr¨ªmenes muy graves disfruten de beneficios penitenciarios de acortamiento y relajaci¨®n de sus condenas "sin que se demuestre reinserci¨®n alguna; a veces acredit¨¢ndose incluso lo contrario al mostrar su voluntad de continuar en las mismas tesis violentas", se?ala un documento elaborado por el primer partido de la oposici¨®n.

Arrepentimiento

Estos criterios no son en absoluto compartidos por el Gobierno, que desconf¨ªa "rotundamente" de cualquier posibilidad de arrepentimiento de los etarras, y teme que dejar cualquier resquicio ser¨ªa aprovechado "torciendo el esp¨ªritu de la ley" como ya "hicieron los c¨®mplices de ETA en el pasado". El Ejecutivo recuerda la f¨®rmula que utilizaban los parlamentarios de Herri Batasuna para adquirir su condici¨®n de diputados o senadores: "Por imperativo legal" acataban la Constituci¨®n, pese a ser evidente que ni aceptaban la Carta Magna ni ten¨ªan la m¨¢s m¨ªnima voluntad de cumplir con sus postulados.

"La reinserci¨®n no es una cl¨¢usula bienpensante, es un mandato constitucional, es la oreintaci¨®n imperativa de todas las penas privativas de libertad", replica L¨®pez Aguilar. Adem¨¢s, "es pol¨ªticamente torpe decirle a los etarras ya condenados que hagan lo que hagan se van a pudrir en la c¨¢rcel".

Para obtener la libertad provisional gracias a la reinserci¨®n, los socialistas proponen que, adem¨¢s de haber cumplido las tres cuartas partes de la condena, "el sujeto haga expresa declaraci¨®n de repudio de sus delitos y de abandono de la violencia y petici¨®n tambi¨¦n expresa de perd¨®n a las v¨ªctimas de los mismos". Adem¨¢s debe darse un informe de los t¨¦cnicos (Junta de Tratamiento) del centro penitenciario que acredite que efectivamente el sujeto est¨¢ desvinculado ambiental e ideol¨®gicamente de la violencia.

El Ejecutivo responde que hay que evitar "puertas falsas", porque "est¨¢ acreditado que los terroristas las utilizan para burlar el Estado de derecho". Se trata, subraya, "de que cumplan la ley, pero toda la ley".

El debate comenzar¨¢ esta semana y el secretario general del PSOE, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, quiere "mantener una expectativa positiva sobre las posibilidades de lograr un acuerdo final" con el Ejecutivo, y as¨ª se lo ha transmitido a su portavoz de Justicia.

El Gobierno pretende que esta reforma alcance el m¨¢s amplio consenso parlamentario y quiere que su puesta en pr¨¢ctica siga la pauta marcada en agosto para que el Congreso de los Diputados instara a la ilegalizaci¨®n de Batasuna. El desencadenante entonces fue un atentado de ETA en Santa Pola que se cobr¨® la vida de una ni?a y un transe¨²nte. Ahora, recuerdan en el Gobierno, la reforma fue anunciada, en l¨ªneas generales, el 12 de septiembre, y "su necesidad es patente para la mayor¨ªa de la sociedad", con ejemplos como "el atentado que cost¨® la vida al guardia civil Antonio Molina, la huida de Josu Ternera y los permisos carcelarios de Juan Rold¨¢n".

Pero, seg¨²n el PSOE, de lo que se trata es de "girar el foco de atenci¨®n desde el Prestige hacia la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, ¨¢reas en las que el Ejecutivo se maneja con m¨¢s comodidad". Adem¨¢s, los socialistas defienden que el endurecimiento de las penas m¨¢ximas s¨®lo tiene sentido en el ¨¢mbito de la lucha antiterrorista. "Es verdad que hace falta lanzar un mensaje contundente de pol¨ªtica penitenciaria en la lucha contra el terrorismo, pero no existe en Espa?a un problema general de dureza legal", subraya L¨®pez Aguilar.

El Gobierno mantiene que el Pacto Antiterrorista no es el marco m¨¢s id¨®neo sino que debe tratarse en el Congreso y, de forma m¨¢s t¨¦cnica, en el Pacto de la Justicia, del que forman parte todos los partidos del arco parlamentario. Argumenta que el cumplimiento ¨ªntegro de las penas que aprobar¨¢ no se aplicar¨¢ s¨®lo al terrorismo sino a todos los cr¨ªmenes muy graves. Adem¨¢s, la reforma tambi¨¦n contempla medidas de endurecimiento de penas para los condenados por sustraer dinero p¨²blico y limita el acceso al tercer grado para todos los delitos graves (penados con m¨¢s de cinco a?os) hasta cumplir ¨ªntegramente un periodo de seguridad.

En opini¨®n del PSOE, la decisi¨®n del Gobierno de unir esa medida antiterrorista, que podr¨ªan compartir si se supera el escollo de la reinserci¨®n, con las restantes es s¨®lo una argucia para intentar esquivar el Pacto Antiterrorista, que prev¨¦ expresamente que cualquier cambio legal que afecte a la pol¨ªtica antiterrorista se acuerde all¨ª.