Penalistas y constitucionalistas exigen que no se prive de la reinserci¨®n al condenado

Siete penalistas y cuatro constitucionalistas consultados por este peri¨®dico coinciden en exigir, con distintos matices, la necesidad de que se garantice a todos los condenados la posibilidad de la reinserci¨®n, y estiman que, de no hacerlo, se vulnerar¨¢ el art¨ªculo 25.2 de la Norma Fundamental, que impone que las penas privativas de libertad "estar¨¢n orientadas hacia la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social". El catedr¨¢tico de Derecho Penal Carlos Garc¨ªa Vald¨¦s, que form¨® parte de la comisi¨®n de expertos creada para reformar el sistema de penas del C¨®digo, asegura que dicha comisi¨®n "no avala esta reforma".

Garc¨ªa Vald¨¦s, que particip¨® en la comisi¨®n constituida por el Ministerio de Justicia el 13 de noviembre de 2000 que elabor¨® un documento "del que nunca m¨¢s se supo", asegura que reformar "el tope de 30 a?os y la aplicaci¨®n de los beneficios sobre ese tope no es fruto de la ciencia jur¨ªdica ni de la calma y tranquilidad" y "no tine ning¨²n sentido", entre otras cosas, porque "desconoce el papel de los jueces penales, los de vigilancia penitenciaria, los funcionarios de prisiones y las juntas de tratamiento".

Otro penalista, Gonzalo Quintero Olivares, considera que la idea de que el aumento de 30 a 40 a?os de duraci¨®n m¨¢xima de la pena "causa sanos efectos contramotivadores en los potenciales criminales (...) s¨®lo puede ser fruto de la ignorancia en materia de pol¨ªtica criminal".

Reclusi¨®n perpetua

El catedr¨¢tico Quintero cree que "40 a?os de condena sin beneficios penitenciarios [pues remitir su c¨®mputo a 100 o 200 es de hecho lo mismo que no tener beneficios] equivale materialmente a la reclusi¨®n perpetua". Estima que "ser¨ªa mejor evitar excarcelaciones escandalosamente prematuras, tanto a terroristas como a otros condenados a largas penas".

Sintoniza con este criterio Antonio Torres del Moral, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional: "Tendr¨ªa mejor lectura restringir las condiciones para obtener beneficios, pero negarlos me parece inconstitucional". Cree que tiene "encaje constitucional" la elevaci¨®n de 30 a 40 a?os, "pero no poder reducir la pena a menos de 40 a?os ser¨ªa inconstitucional, por no permitir la reinserci¨®n".

Otro constitucionalista, Marc Carrillo, est¨¢ tambi¨¦n de acuerdo con "establecer criterios legales m¨¢s estrictos" en el ¨¢mbito penitenciario y cree que la elevaci¨®n de 30 a 40 a?os "no presenta impedimento constitucional, salvo que se articule de tal forma que excluya la reinserci¨®n social del privado de libertad", exigida por la Constituci¨®n "sin distinci¨®n por raz¨®n del tipo delictivo".

En cambio, la penalista Mercedes Garc¨ªa Ar¨¢n estima que "cumplir 40 a?os de c¨¢rcel es inconstitucional porque el condenado, pr¨¢cticamente a cadena perpetua, no se orienta a la reinserci¨®n". Alega "no s¨®lo un discurso de humanidad, sino de eficacia", y recuerda "que ETA est¨¢ en contra de la reinserci¨®n y que el aumento de a?os de c¨¢rcel ser¨¢ un vivero de etarras entre los familiares de los presos".

Para Gregorio Peces-Barba, ponente de la Constituci¨®n de 1978, "la clave est¨¢ en que se garantice la posibilidad de reinserci¨®n".

?Puede garantizarse la reinserci¨®n mediante un compromiso de resarcir a las v¨ªctimas o cooperar contra ETA? Responde el catedr¨¢tico de Derecho Penal Francisco Mu?oz Conde: "Llamar reinserci¨®n a esa v¨ªa de colaboraci¨®n en la lucha antiterrorista, m¨¢s all¨¢ de la renuncia a la violencia, a m¨ª me parece un disparate".

Otro penalista, Guillermo Portilla, dice que "condicionar los beneficios penitenciarios a actos de arrepentimiento moral se identifica m¨¢s con procesos internos de expiaci¨®n del pecado que con criterios objetivos de reintegraci¨®n social". Su colega Nieves Sanz Mulas considera que "la propuesta del Gobierno es inadmisible por contravenir frontalmente el principio resocializador de la Constituci¨®n".

El magistrado del Supremo Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn se?ala: "Seg¨²n los especialistas, m¨¢s de 20 a?os de c¨¢rcel desestructuran a la persona y m¨¢s de 30 a?os es una pena inhumana y degradante, pero los legisladores decidir¨¢n".

El constitucionalista Antonio Rovira, ex Defensor del Pueblo en funciones, reclama que "los beneficios penitenciarios tengan consecuencias reales en el cumplimiento efectivo de la pena", y avisa: "Las penas no tienen que ser crueles para ser intimidatorias".