Las naciones frente al Estado
No se trata ahora de traspasos de competencias ni de reformas de Senado; no se discute hoy acerca del desarrollo de los estatutos de autonom¨ªa ni habla ya nadie de proceder a otra lectura de la Constituci¨®n o de sacar todo su potencial a las disposiciones adicionales sobre el r¨¦gimen foral; tampoco sirve de nada reiterar las bellas declamaciones sobre Espa?a como naci¨®n plural, naci¨®n de naciones. En los ¨²ltimos a?os hemos llegado a un punto en que el objeto de discusi¨®n vuelve a ser, como lo ha sido tantas veces en los dos siglos pasados, la Constituci¨®n misma, no porque se pretenda reformar alg¨²n art¨ªculo sobre el que ser¨ªa posible un nuevo consenso para hacer frente a otras necesidades, sino porque se pretende darla por agotada, por excesivamente estrecha para contener las nuevas demandas de los nacionalismos.
Queramos o no, la cuesti¨®n central en el inminente ciclo electoral es la de la vigencia de la Constituci¨®n y del Estado auton¨®mico; negarse a verlo es ceguera
Las propuestas nacionalistas afectan a la Constituci¨®n y al Estado auton¨®mico: sus naciones, dicen, exigen para su plena realizaci¨®n ser Estados
La misma idea del agotamiento del texto constitucional pone de relieve el car¨¢cter, m¨¢s que abierto, indeterminado, que desde su inicio tuvo la construcci¨®n del Estado auton¨®mico. La Constituci¨®n de 1978 s¨®lo puso en marcha un proceso que posibilitaba la formaci¨®n de comunidades aut¨®nomas, sin marcar los tiempos ni establecer su n¨²mero, sin determinar con nitidez sus competencias ni prever sus relaciones con el Estado, sin proyectar ¨®rganos de colaboraci¨®n entre todas ellas y de ellas con el Gobierno. El Estado en construcci¨®n era como un recipiente que podr¨ªa irse adaptando a las exigencias y ritmos de cada cual, sin forzar la m¨¢quina ni pretender cortar a todas con el mismo patr¨®n, en la expectativa de que su flexibilidad permitir¨ªa a todo el mundo sentirse c¨®modo. Ser¨ªa, por tanto, el proceso pol¨ªtico m¨¢s que el texto constitucional, la permanente negociaci¨®n entre partidos y entre instituciones m¨¢s que un r¨ªgido articulado, lo que ir¨ªa dibujando todos los contornos del mapa hasta que, en un futuro lejano, pudiera darse el cuadro por terminado.
Aceleraci¨®n pol¨ªtica
No ha sido as¨ª: el proceso pol¨ªtico ha experimentado un aceler¨®n tan fuerte en los ¨²ltimos a?os que aquel futuro lejano ya est¨¢ aqu¨ª, pero no como logro, como cierre de una Constituci¨®n siempre haci¨¦ndose, sino como rechazo del Estado auton¨®mico que ha sido su producto final. El modelo flexible, art¨ªfice de una descentralizaci¨®n administrativa y, como confirma el poder consolidado por los partidos nacionalistas, pol¨ªtica sin precedente, no basta para recoger las exigencias que esos mismos partidos han planteado, juntos o por separado, desde la Declaraci¨®n de Barcelona de 1998 hasta el plan de Ibarretxe del a?o pasado. Es obvio que ni en los documentos de trabajo que acompa?aron a aquella declaraci¨®n ni en las intenciones contenidas en este plan se trata de meras reformas que pudieran caber en el Estado auton¨®mico salido de la Constituci¨®n de 1978. Ahora se trata de otra cosa.
Otra cosa, sobre la que los partidos nacionalistas no han podido mantener un acuerdo ni presentar un frente ¨²nico, como hab¨ªa sido su primer deseo, pero que en todo caso tiene en com¨²n el rechazo de la Constituci¨®n vigente. Los nacionalistas vascos han planteado la libre asociaci¨®n con el Estado espa?ol como primer paso de un proceso de secesi¨®n: quieren la independencia, eso es todo. Los gallegos hablan de refundar el Estado sobre una base plurinacional y confederal con el reconocimiento de cuatro naciones -gallega, vasca, catalana y espa?ola- que acceder¨ªan luego a traspasar a un ente de nueva planta ciertas competencias. Los nacionalistas catalanes, por su parte, son claramente secesionistas en su versi¨®n de izquierda o insisten, en su versi¨®n de derechas, en una especie de relaci¨®n particular, privilegiada, entre Catalu?a y Espa?a, que tendr¨ªa diferente car¨¢cter, de confederal a auton¨®mico, seg¨²n la materia de que se tratase: una relaci¨®n, por as¨ª decir, a la carta.
Conscientes de que esta vez el envite, por muchos frentes que ofrezca, se sit¨²a en terreno distinto a la negociaci¨®n bilateral entre el Gobierno central y los presididos por nacionalistas, los partidos de ¨¢mbito estatal han defendido, con alg¨²n interesante matiz, la permanente vigencia de la Constituci¨®n y de los estatutos. Los socialistas, convencidos de que todav¨ªa quedaba algo por estirar del texto constitucional, hablaron en las ¨²ltimas elecciones de profundizar el Estado auton¨®mico por un impulso federal. Hoy, el adjetivo es sustantivo y se habla de federalismo, aunque el dec¨¢logo presentado por Maragall evita plantear, tal vez para facilitar la negociaci¨®n con los nacionalistas, la creaci¨®n de organismos intergubernamentales propios de los Estados federales. Los populares, por su parte, lo tienen claro: Constitucion y estatutos son logros definitivos e intocables. Todo lo que sea hablar de federalismo, confederalismo, asimetr¨ªa, hechos diferenciales, es un brindis al sol. Espa?a es naci¨®n una y plural y en ella caben todos, y el que no quepa ser¨¢ por su culpa; con los nacionalistas no hay nada m¨¢s que negociar, ni siquiera una triste reforma del Senado.
?Queda alg¨²n terreno com¨²n para el debate; o m¨¢s exactamente: queda margen para que el proceso pol¨ªtico contin¨²e modelando por medio de acuerdos entre Gobierno y comunidades aut¨®nomas aquel Estado que qued¨® a medio dibujar en la Constituci¨®n? Y en la misma imposibilidad de responder a esta pregunta es donde radica la gravedad del asunto. Porque, por un lado, el marco constitucional promulgado en 1978, por muy flexible e indeterminado que fuera en su T¨ªtulo VIII, no preve¨ªa la posibilidad de negociar exigencias sobre el supuesto de una igualdad entre naciones, de las que la espa?ola ser¨ªa una m¨¢s; y por otro, es ilusorio pensar que el impulso federal, que exigir¨ªa una cultura pol¨ªtica de colaboraci¨®n y encuentro en una verdadera c¨¢mara de representaci¨®n territorial y en organismos intergubernamentales, vaya a satisfacer las demandas de nacionalismos que consideran humillante participar en instituciones a las que tuvieran acceso en pie de igualdad los representantes de esas otras entidades llamadas por la Constituci¨®n regiones.
Oscura distinci¨®n
Tal vez lo que estemos presenciando sea, en efecto, que el proceso pol¨ªtico posible a partir de la nunca aclarada distinci¨®n entre nacionalidades y regiones sobre el que se ha construido el Estado auton¨®mico ha dado de s¨ª todo lo que pod¨ªa, sin satisfacer por eso las demandas siempre crecientes de los nacionalistas. Al t¨¦rmino de ese proceso podr¨ªa decirse que las regiones se encuentran a gusto reconocidas como comunidades aut¨®nomas, pero que los partidos nacionalistas manifiestan ya abiertamente su disgusto por no ver reconocidas sus nacionalidades como naciones pol¨ªticas, como Estados. Esta aspiraci¨®n al poder estatal es lo que impide disimular por m¨¢s tiempo: la pluralidad de naciones pol¨ªticas entendidas como Estados no cabe en un Estado que pretendi¨® encauzar las reivindicaciones de los partidos nacionalistas reconoci¨¦ndolas constitucionalmente como propias de nacionalidades capaces de coexistir con otras entidades llamadas regiones.
?stos son los hechos, y bajo el clima creado por una confrontaci¨®n que se centra ahora en la Constituci¨®n y en el modelo de Estado construido a partir de su texto y de la permanente negociaci¨®n pol¨ªtica, se iniciar¨¢ a mediados de a?o un nuevo ciclo electoral. Est¨¢n en juego ayuntamientos y alcald¨ªas, parlamentos y presidencias de 13 comunidades aut¨®nomas, m¨¢s Catalu?a, que vendr¨¢ poco despu¨¦s; pero por debajo se librar¨¢ otro combate que excede a alcald¨ªas y comunidades: se tratar¨¢ de probar estrategias, medir apoyos y tomar posiciones con vistas al futuro. Queramos o no, la cuesti¨®n central a la que nos enfrentamos en el inminente ciclo electoral es la de la vigencia de la Constituci¨®n y del Estado auton¨®mico; negarse a verlo es ceguera; abordarlo sin llamar a las cosas por su nombre, con lenguajes ambiguos y vocablos equ¨ªvocos, es perder el tiempo. Los nacionalistas han planteado propuestas que afectan a la Constituci¨®n y al Estado auton¨®mico: sus naciones, dicen, exigen, para su plena realizaci¨®n, ser Estados. ?sta es toda la cuesti¨®n.
![Vista general del hemiciclo del Senado.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/JX7KHHGXNQBLVKT4UCZA7EGCRE.jpg?auth=de6fd3ec1f6c9ed28bd65151107e0c07584a2cfd0ced62eaefda2c3ca7a21052&width=414)
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