El laberinto del subsidio agrario

La reforma del subsidio agrario es el ¨²nico aspecto vigente del decretazo (decreto de reforma de protecci¨®n de empleo) que aprob¨® el Gobierno el 27 de mayo de 2002 y retir¨® tras la huelga del 20 de junio. Los recortes sociales a los trabajadores agrarios de Andaluc¨ªa y Extremadura donde se percibe el subsidio agrario son muy sustanciales en el decreto del Gobierno y, de hecho, llevaban a su desaparici¨®n en los t¨¦rminos actuales.

Con la reforma, el Ejecutivo expulsaba del sistema a todos aquellos jornaleros andaluces y extreme?os que no pudieran demostrar haberlo cobrado en alguno de los tres ¨²ltimos a?os, manteniendo el mismo r¨¦gimen para los que acreditaran ese cobro. El decreto de mayo no acepta pues ninguna nueva entrada al sistema y las sanciones pueden dejar fuera del sistema a muchos m¨¢s jornaleros: m¨¢s del 50% de las personas que cobran el subsidio agrario son mujeres, con cargas familiares que tendr¨ªan que rechazar ofertas del Inem que les supusiese desplazarse de su residencia.

Un total de 365.000 jornaleros perciben el subsidio con un gasto anual de 925 millones

Para los jornaleros andaluces y extreme?os que quedan fuera del sistema y para los del resto de Espa?a, el decretazo recog¨ªa un modelo alternativo denominado Renta Activa de Inserci¨®n (un m¨ªnimo de 360 peonadas para tener derecho a tres meses de prestaci¨®n), que ning¨²n jornalero estar¨¢ en disposici¨®n de cumplir este a?o, ya que la media anual de peonadas en el campo no supera el centenar en las comarcas m¨¢s productivas.

Zaplana ha incorporado otra propuesta (que supone un "avance" seg¨²n el ministerio y ninguna novedad significativa, seg¨²n los sindicatos) que introduce un nuevo programa de protecci¨®n e inserci¨®n para los que no percib¨ªan subsidio previo a la reforma y re¨²nen los requisitos que antes se ped¨ªan para ello. Las prestaciones son pr¨¢cticamente id¨¦nticas al antiguo subsidio: el 75% del salario m¨ªnimo interprofesional (SMI) durante seis meses que podr¨¢ pedirse todos los a?os y no de una vez. Ahora bien, para tener derecho a ese cobro, se introducen una serie de exigencias con el fin, seg¨²n el ministerio, de incentivar la b¨²squeda de empleo y evitar el fraude.

Esas condiciones se resumen en que se aumentar¨¢ la exigencia a los perceptores para que acepten cursos de formaci¨®n o empleos alternativos, seg¨²n unos requisitos que el ministro se ha comprometido a concretar en un documento en los pr¨®ximos d¨ªas. S¨®lo se conoce que se introduce la figura del "tutor personal", un funcionario que vigilar¨¢ el expediente de cada perceptor con el fin de ayudarle a la b¨²squeda del empleo y frenar el fraude.

Para quienes no re¨²nan los requisitos para entrar en el subsidio (haber realizado 35 peonadas) se mantiene la Renta Activa de Inserci¨®n (RAI), que se introdujo en la reforma, una percepci¨®n consistente en el 75% del SMI durante seis meses, y que s¨®lo se cobra una vez. Actualmente, los jornaleros del subsidio agrario est¨¢n ligados al R¨¦gimen Especial Agrario de la Seguridad Social, espec¨ªfico para Andaluc¨ªa y Extremadura (que concentran el 75% de los jornaleros espa?oles), y que tiene dados de alta a casi 600.000 trabajadores, de los que reciben el subsidio 365.000 (300.000 en Andaluc¨ªa y 65.000 en Extremadura).

La pol¨¦mica abierta entre sindicatos y Gobierno es si este nuevo sistema de percepci¨®n es una "ayuda asistencial", seg¨²n dicen las centrales sindicales, o un "subsidio", seg¨²n el lenguaje empleado por el ministerio. En el primer caso, que depende del criterio de la Administraci¨®n, mientras que el subsidio es un derecho subjetivo del trabajador, una prestaci¨®n por cotizaci¨®n (la cartilla agraria) del que se derivan otros derechos, como el de la pensi¨®n por jubilaci¨®n.

El subsidio actual da derecho a cobrar 325 euros mensuales durante medio a?o si se presentan 35 peonadas; pero la media de cobro es de menos de cinco meses (1.625 euros por jornalero y a?o). Los sindicatos recuerdan que este subsidio no es una ayuda directa del Estado. Como cualquier prestaci¨®n de la Seguridad Social (que tendr¨¢ un super¨¢vit de 3.000 millones este a?o), se corresponde con una cotizaci¨®n del trabajador. En el caso del R¨¦gimen Especial Agrario, los 600.000 jornaleros deben pagar una cartilla agr¨ªcola (66 euros al mes), que da derecho a una pensi¨®n de jubilaci¨®n m¨ªnima.

Frente a lo dicho por el ministerio, la entrada en vigor del decretazo s¨ª va a significar una reducci¨®n del gasto p¨²blico, que se aprecia en los Presupuestos de 2003. Si en 2002 hab¨ªa previstos 985 millones de euros para el subsidio agrario, este a?o habr¨¢ 925, un descenso del 6,2% que refleja ya los efectos de la decisi¨®n del Gobierno. Seg¨²n los sindicatos, m¨¢s de 15.000 jornaleros que han echado en estos siete ¨²ltimos meses las 35 peonadas que se exigen para el subsidio no podr¨¢n acceder a esta prestaci¨®n por haber quedado fuera del sistema.

Otra de las confusiones comunes en este tema es que el Plan de Empleo Rural (PER) no es un subsidio, sino un plan de inversiones (125 millones de euros al a?o) en infraestructuras que financia el Gobierno en pueblos de Andaluc¨ªa y Extremadura. Los jornaleros pueden echar aqu¨ª peonadas que les cuentan para el m¨ªnimo necesario para cobrar el subsidio agrario como tambi¨¦n las pueden echar para un empresario agrario. Este plan, ahora denominado AEPSA (Acuerdo para el Empleo y protecci¨®n Social Agraria), no est¨¢ sujeto a reforma y el Gobierno ha garantizado que continuar¨¢.