Estrictamente penal

La segunda entrega del Gobierno de medidas en materia de seguridad, tras las propuestas de endurecimiento penal en la lucha antiterrorista, define una nueva regulaci¨®n de la prisi¨®n provisional contra la delincuencia menor, la reincidencia y la violencia dom¨¦stica. Si la seguridad ciudadana se ha convertido en una preocupaci¨®n prioritaria de los ciudadanos es porque al Gobierno se le ha escapado su control. En 2001 hubo un espectacular aumento del 10,5% de los delitos, y en 2002, del 5,5%. Fue el PSOE el primero en dar la alarma. El PP, lento de reflejos con su mayor¨ªa absoluta, tard¨® en reaccionar. En septiembre pasado present¨® un costoso e inconcreto plan de lucha contra la delincuencia. Ahora, acuciado por la necesidad de apartar el desastre del Prestige de la vista de los espa?oles y estimulado por la actuaci¨®n del superministro franc¨¦s Nicolas Sarkozy, el Gobierno ha encadenado una serie de reformas legislativas que, en la lucha contra la delincuencia, pone el ¨¦nfasis en la cuesti¨®n penal, acerc¨¢ndose al modelo de EE UU de m¨¢s c¨¢rcel en lugar de m¨¢s pol¨ªtica social.

La seguridad se ha dualizado. Los ciudadanos con recursos pagan para su protecci¨®n a la vigilancia privada, que ha crecido espectacularmente ante la pasividad del Estado. Y las clases medias y populares se sienten cada vez m¨¢s desamparadas por un Estado que no garantiza de modo satisfactorio su seguridad. La izquierda ha entendido que ¨¦ste es un problema que afecta directamente a buena parte de su electorado. La derecha -que siempre se ha cre¨ªdo propietaria en exclusiva de la seguridad- ha reaccionado con el mensaje de que nadie le gana en dureza.

Hay casos de reincidencia que, sin duda, deber¨ªan encontrar una respuesta efectiva de la justicia. Pero este problema no se resuelve generalizando la prisi¨®n preventiva, sino gastando el dinero necesario para que los juicios r¨¢pidos sean una realidad y no un mero eslogan propagand¨ªstico. La prisi¨®n preventiva debe ser una medida excepcional: prima el derecho constitucional a la presunci¨®n de inocencia. S¨®lo en circunstancias justificadas (por la extrema gravedad del delito o por los altos riesgos concurrentes) puede entenderse que una persona pase un largo tiempo en prisi¨®n sin haber sido juzgada y condenada. Con esta reforma que pretende el Gobierno se desdibuja la jerarqu¨ªa de los delitos.

Sin que haya demostrado su eficacia disuasoria, una pol¨ªtica de seguridad centrada en lo penal siempre llega tarde, cuando el delito ya se ha cometido. La seguridad requiere una acci¨®n preventiva eficaz, lo que tiene mucho que ver con pol¨ªticas sociales, y, en sus aspectos m¨¢s inmediatos, pasa por una mayor presencia de la polic¨ªa como modo m¨¢s directo de evitar determinadas acciones delictivas.

En su l¨®gica, el Gobierno se ha planteado la creaci¨®n de nuevas c¨¢rceles. Aznar dijo que "iba a barrer las calles", y en alg¨²n sitio deber¨¢ guardar a los barridos. No parece que sea motivo para vanagloriarse batir todas las marcas de poblaci¨®n penitenciaria de la democracia y pugnar por convertirse en el pa¨ªs europeo con mayor n¨²mero de reclusos; m¨¢s bien es la certificaci¨®n de un fracaso m¨²ltiple en materia de seguridad y pol¨ªticas sociales, incluida la de inmigraci¨®n, y confirma la opci¨®n del PP por el Estado penal mucho m¨¢s que por el Estado social.

Javier Arenas explic¨® recientemente que la idea de la justicia que tiene el Gobierno del PP coincide con aquello que "es entendido por la mayor¨ªa". Pero esta v¨ªa populista se halla m¨¢s cerca de la justicia como venganza colectiva que de la justicia como reparaci¨®n.