Prohibido protestar
El fiscal general del Estado ha ordenado al de Galicia iniciar una investigaci¨®n en relaci¨®n a la denuncia presentada por un autodenominado sindicato de funcionarios contra Nunca M¨¢is, la plataforma que ha encauzado la protesta ciudadana gallega por la cat¨¢strofe del Prestige. La Fiscal¨ªa cierra as¨ª un c¨ªrculo iniciado por propagandistas del Gobierno, incluyendo medios p¨²blicos, que lanzaron insidias sobre la utilizaci¨®n de los fondos recaudados por esa plataforma. Esas insidias siguieron a la campa?a destinada a presentar a Nunca M¨¢is como una pantalla del BNG, y a este partido, segundo en votos del Parlamento gallego, como una fuerza antisistema.
El supuesto sindicato denunciante, denominado Manos Limpias, es una creaci¨®n de Miguel Bernad, antiguo dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva, especializado en la presentaci¨®n de denuncias contra partidos, sindicatos, jueces, pol¨ªticos o particulares, por las m¨¢s variopintas causas. Han habido otras personas que han buscado notoriedad con el mismo m¨¦todo, aunque en general sus iniciativas han sido archivadas a la primera. Lo singular de este caso no es s¨®lo que se lo haya tomado en serio el fiscal general, Jes¨²s Cardenal, sino el encadenamiento de hechos que va de la aparici¨®n de maledicencias en medios deseosos de complacer al Gobierno a esa intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa.
Nunca M¨¢is ha explicado el destino dado a los fondos recibidos en las cuentas abiertas para financiar sus iniciativas. Son cantidades, como ha dicho uno de sus portavoces, el escritor Manuel Rivas, que no llegar¨ªan para pagar una cacer¨ªa de las que les organizan a algunos ministros. Las insinuaciones de algunos medios fueron elevadas a la categor¨ªa de informaciones -sin posibilidad de r¨¦plica-por la televisi¨®n p¨²blica y esas informaciones, a pruebas por el acusador. Lo extraordinario es que el fiscal siga la rueda. Su argumento de que lo mismo ha hecho con otras acusaciones presentadas en relaci¨®n a la crisis del Prestige tiene poco peso. Antes de ordenar la investigaci¨®n Cardenal deber¨ªa haber averiguado si la denuncia es fundada y no un montaje al servicio de la campa?a de descr¨¦dito lanzada por el Gobierno contra Nunca M¨¢is.
Lo que est¨¢ en cuesti¨®n con esta desgraciada iniciativa es el derecho a protestar. La coacci¨®n contra quienes han encabezado la movilizaci¨®n es tan evidente como injustificada. Y ciega: ?no comprenden los estrategas del Gobierno que identificar una protesta tan popular y plural con un partido concreto es el mayor favor que pod¨ªan hacer a ese partido?
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