"La pol¨ªtica de vivienda del Gobierno del PP es una desgracia para los ciudadanos"

Diputada socialista por Sevilla en el Congreso en las dos ¨²ltimas legislaturas, Isabel Pozuelo (San Fernando, C¨¢diz, 1952) entr¨® como persona de confianza de Manuel Chaves en la actual ejecutiva federal del PSOE, creada tras la revoluci¨®n de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en el partido. Pozuelo lleva dos a?os como secretaria federal de consumidores y usuarios, y concentra la labor de oposici¨®n del PSOE en esta materia, en la que cree que el Gobierno central se ha dejado llevar por "los intereses de las grandes corporaciones".

Pregunta. La defensa de los derechos de los consumidores es una preocupaci¨®n reciente, un indicador del desarrollo de una sociedad. ?Cu¨¢l cree que es la situaci¨®n de la sociedad espa?ola?

"Pedimos que el ministro de Interior explique qu¨¦ pas¨® en la comisar¨ªa de M¨¢laga"

Hay suelo para dar casa a 15 millones de espa?oles, pero el precio no se abarata"

"En la quiebra de las academias de ingl¨¦s, el Gobierno ha amparado a los bancos" "

Respuesta. En estos seis a?os ha habido un par¨®n important¨ªsimo. Los derechos de consumo del ciudadano no dejan de ser unos derechos de ciudadan¨ªa y el Gobierno del PP ha hecho una dejaci¨®n absoluta de los derechos de ciudadan¨ªa en estos a?os: eso ha afectado a los derechos de protecci¨®n de consumidores. La falta de liderazgo del Gobierno en materia de consumo ha sido absoluta, ha dejado paralizadas todas las iniciativas. Por dar un ejemplo, el Consejo de Consumidores y Usuarios ha estado cerca de tres a?os sin ponerse en funcionamiento y todav¨ªa hoy no est¨¢ en marcha. Y hablamos del ¨®rgano donde reside el primer nivel de representaci¨®n de las asociaciones de consumidores y usuarios a nivel estatal. La falta de iniciativa es patente en problemas como los que ha generado la quiebra de las academias de ingl¨¦s.

P. El Gobierno acaba de anunciar que prepara una modificaci¨®n en la Ley de Cr¨¦dito al Consumo para hacer frente a problemas de ese tipo en el futuro.

R. No s¨¦ si eso se va a hacer finalmente pero lo cierto es que esas academias han quebrado y los bancos siguen cobrando a los afectados los cr¨¦ditos que contrajeron, en muchos casos con informaci¨®n falsa y cl¨¢usulas abusivas. La ministra [de Sanidad y Consumo, Ana Pastor] dijo que el Gobierno har¨ªa todo lo posible para que se repusiese el dinero y eso se ha demostrado que no es verdad. Porque el Gobierno lo ten¨ªa f¨¢cil: s¨®lo ten¨ªa que calificar estos cr¨¦ditos como cr¨¦ditos al consumo, porque en ese caso la obligaci¨®n de pago terminaba. Pero no lo hizo, porque en este caso el Gobierno ha amparado a los bancos. Despu¨¦s de la quiebra de Brighton y de Opening, el PSOE hizo una propuesta, con iniciativas como considerar abusivo que se cobre de manera anticipada unos cursos que tienen una duraci¨®n amplia. La propuesta se rechaz¨® y en este tiempo se ha producido el caso de Oxford English, que va a elevar el n¨²mero de afectados a 150.000 en todo el Estado.

P. En los ¨²ltimos a?os, se est¨¢n liberalizando servicios p¨²blicos que ahora venden en el mercado dos o tres grandes compa?¨ªas en sectores b¨¢sicos, ?el consumidor tiene armas suficientes para defender sus derechos ante posibles actuaciones abusivas?

R. El Gobierno ha hecho una dejaci¨®n de su obligaci¨®n de proteger a los ciudadanos en favor de las grandes corporaciones econ¨®micas. La liberalizaci¨®n ten¨ªa un objetivo fundamental: mejorar el servicio, aumentar las inversiones por parte de las empresas para poner a disposici¨®n de los ciudadanos m¨¢s infraestructuras y abaratar los precios. Ninguna de esas condiciones se cumple ahora. Al contrario. Nos encontramos con servicios m¨¢s caros, infraestructuras muy deterioradas, tenemos un pa¨ªs incapaz ahora de ofrecer un servicio el¨¦ctrico en condiciones para la demanda que necesita, o incapaz de abordar una demanda de nuevas tecnolog¨ªas.

P. Todo eso depende ahora de decisiones empresariales.

R. Eso tiene responsables, tiene razones de ser: el Gobierno no ha exigido a las empresas que cumplan con sus m¨ªnimas obligaciones contractuales. Este Gobierno no tiene autonom¨ªa pol¨ªtica suficiente porque est¨¢ en manos de las grandes corporaciones y de los grandes intereses econ¨®micos. Esto no son frases hechas, no son esl¨®ganes pol¨ªticos, es la realidad. Hay que recordar que las compa?¨ªas el¨¦ctricas recibieron un bill¨®n y medio de pesetas de regalo como coste de transici¨®n a la competencia, precisamente para justificar que la situaci¨®n de monopolio pasaba a ser una situaci¨®n de competencia entre varias empresas. Y ese regalo signific¨® la imposici¨®n de un recargo del 4,5% en el recibo de la luz, recargo que seguimos pagando. El ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, se comprometi¨® a que el precio de la luz iba a bajar un 9% en tres a?os, periodo que cumple en 2003. No s¨®lo no se ha rebajado, sino que el Gobierno ha vuelto a acordar un aumento del precio de la luz para los pr¨®ximos diez a?os. ?se es el nuevo regalo de Rato a las grandes compa?¨ªas.

P. Los consumidores sit¨²an el acceso a la vivienda como su principal preocupaci¨®n, pero los precios no parecen muy sensibles a esa preocupaci¨®n.

R. Estoy convencida de que esta situaci¨®n se modifica con cuestiones legales y con decisiones pol¨ªticas. El principal problema que estamos sufriendo es que el Gobierno no ha hecho pol¨ªtica de vivienda, ha dejado al mercado que regule la situaci¨®n de la vivienda. La vivienda ha dejado de ser un bien protegido por el Gobierno y ha pasado a ser un objeto de deseo de los especuladores.

P. El Gobierno insiste en que la receta es liberar suelo para bajar el precio de la vivienda.

R. El Gobierno hace una modificaci¨®n de la Ley del Suelo, en 1998, que establece cosas tan bestiales como incluir en el valor legal del suelo las posibles plusval¨ªas que pueda generar en un futuro. Cuando eso se hace no s¨®lo est¨¢ marcando el valor del suelo en el caso de expropiaciones, que era el objetivo primero, sino tambi¨¦n est¨¢s marcando una pauta de comportamiento al darle de inicio ese valor aumentado al suelo. En esto de la liberalizaci¨®n del suelo siempre han buscado culpables. Antes dec¨ªan que los ayuntamientos s¨®lo buscan negocio con el suelo. Es cierto que el suelo p¨²blico es un elemento de financiaci¨®n municipal. Pero si eso tiene un control y unas pautas claras en la legislaci¨®n no tiene porqu¨¦ conllevar el deterioro de la situaci¨®n que vivimos ahora. Ahora hay suelo urbanizable disponible para construir cinco millones de viviendas. Eso significa dar vivienda a 15 millones de espa?oles, demanda que no existe en esos t¨¦rminos en absoluto. S¨®lo en Madrid hay suelo disponible para construir ya 800.000 viviendas, ?una ciudad nueva!. Y el precio no se abarata. Las modificaciones legales del Gobierno han causado una subida espectacular del precio del suelo. Y otras actuaciones del Gobierno han ayudado, como el uso que hace del patrimonio p¨²blico de suelo, como se ve en la subasta de terrenos que corresponden al Ministerio de Defensa. La pol¨ªtica de vivienda del PP es una desgracia para los ciudadanos

P. El PSOE tambi¨¦n critica la falta de vivienda protegida, pero las comunidades en las que gobierna no asume planes propios

R. S¨ª existen muchas medidas complementarias que me consta que la Junta de Andaluc¨ªa realiza, igual que me consta que ha pedido al Gobierno que adjudique a Andaluc¨ªa financiaci¨®n para muchas m¨¢s viviendas de las que le ha asignado. Pero el problema es que las condiciones de financiaci¨®n y de precio dependen de una reglamentaci¨®n estatal, lo que deja a las comunidades aut¨®nomas un margen muy escaso.