Las c¨¢rceles superan el 100% de ocupaci¨®n tras ingresar 4.500 nuevos presos en un a?o

"Vamos a barrer de las calles a los peque?os delincuentes", proclam¨® en septiembre pasado, durante un mitin, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Lo que no aclar¨® es d¨®nde pensaba meterlos. Las c¨¢rceles espa?olas, seg¨²n datos oficiales, tienen actualmente un 106% de ocupaci¨®n. En los ¨²ltimos 12 meses la poblaci¨®n reclusa ha crecido casi un 10%, con 4.500 nuevos presos. Hacienda e Interior llegaron el viernes a un acuerdo por el que el primero adelantar¨¢ 180 millones de euros para iniciar este a?o la construcci¨®n de cuatro c¨¢rceles en Andaluc¨ªa, Madrid y Comunidad Valenciana.

En agosto de 1998, el Consejo de Ministros adopt¨® un acuerdo por el que revisaba el plan de amortizaci¨®n y creaci¨®n de centros penitenciarios aprobado en 1991 por el Gobierno, que entonces era socialista. Entre los reajustes figuraba la supresi¨®n de la c¨¢rcel prevista en Guadalajara, con el argumento de que "no se ha producido una evoluci¨®n de la poblaci¨®n reclusa en los t¨¦rminos en que en su momento se cuantific¨®".Por el contrario, se apreciaba "tendencia a la baja".

En 1998, Espa?a ten¨ªa 44.700 reclusos. Hace 10 d¨ªas superaba los 52.000. El pasado verano, la Direcci¨®n General de Instituciones Penitencias decidi¨® adelantar la incorporaci¨®n de 514 nuevos funcionarios de prisiones y contratar a 100 interinos para permitir la apertura de 30 m¨®dulos, con un total de 2.200 celdas, que segu¨ªan cerrados por falta de personal. Los datos que en ese momento ten¨ªa el director general, ?ngel Yuste, apuntaban ya a un incremento "inusual y significativo" del n¨²mero de presos.

La supresi¨®n de los beneficios penitenciarios, en el C¨®digo Penal de 1995, y la dificultad de los inmigrantes para acceder a la libertad provisional, entre otras razones, explican la actual situaci¨®n, que vendr¨¢ a agravarse con las medidas contra la delincuencia anunciadas por el Gobierno.

Una litera en cada celda

Jos¨¦ Luis Pascual, secretario general de la Agrupaci¨®n de los Cuerpos de la Administraci¨®n de Instituciones Penitenciarias (Acaip), el sindicato mayoritario entre los 18.000 funcionarios de prisiones dependientes del Estado, asegura que, si contin¨²a la actual tendencia, la situaci¨®n se har¨¢ explosiva en verano. Para ?ngel P¨¢rraga, dirigente de Comisiones Obreras, la situaci¨®n es ya explosiva ahora. "No pasa un solo d¨ªa sin que se requise un objeto punzante, haya un intento de agresi¨®n o una pelea entre internos", argumenta. A su juicio, s¨®lo la administraci¨®n de metadona a los drogodependientes ha evitado que se repitan los violentos motines de los a?os ochenta.

Instituciones Penitenciarias cifra en el 106% la ocupaci¨®n media de las prisiones. En el c¨¢lculo computa no s¨®lo las celdas funcionales, sino tambi¨¦n las de aislamiento, ingreso o enfermer¨ªa, que deber¨ªan estar libres para atender a los presos sancionados, reci¨¦n llegados o enfermos. As¨ª, si una prisi¨®n tipo tiene 1.008 plazas seg¨²n el dise?o oficial, Interior las aumenta a 1.214.

Pero, adem¨¢s, seg¨²n dijo Yuste en el Congreso de los Diputados el 10 de octubre, la capacidad puede llegar hasta 2.000 reclusos por la sencilla t¨¦cnica de poner una litera en cada celda, lo que ya estaba previsto cuando se hicieron. "En una habitaci¨®n de 10 metros cuadrados hay multitud de espa?oles que pernoctan [juntos]", aleg¨®.

Esta idea (que homologa la intimidad forzada con la voluntaria) contraviene la Ley General Penitenciaria, seg¨²n la cual los internos deben alojarse en celdas individuales y s¨®lo por razones extraordinarias (insuficiencia temporal de espacio o prescripci¨®n de los especialistas) puede recurrirse al alojamiento compartido. El Defensor del Pueblo, Enrique M¨²gica, ha recordado que la celda individual no s¨®lo responde a un mandato de la legislaci¨®n espa?ola sino de las reglas m¨ªnimas del Consejo de Europa sobre tratamiento de reclusos.

Si la situaci¨®n es grave, en algunas zonas, como Canarias, resulta cr¨ªtica. Aunque el Gobierno s¨®lo renunci¨® en 1998 a la prisi¨®n de Guadalajara, no se han construido tres de las previstas en 1991: Gran Canaria, Navarra y Pa¨ªs Vasco. En el Plan Plurianual de Prisiones figura una partida de casi 100 millones de euros para el nuevo centro de Canarias. Pero el problema no es la falta de dinero.

A principios de julio pasado, el alcalde de Las Palmas y presidente del PP en el archipi¨¦lago, Jos¨¦ Manuel Soria, asegur¨® al entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, que ten¨ªa el pleno respaldo del partido para sacar adelante la nueva prisi¨®n. De aquella charla, en el selecto club de golf El Cortijo, sali¨® Rajoy con la idea de que hab¨ªa logrado desbloquear un problema enquistado desde hace una d¨¦cada.

El alcalde de Santa Mar¨ªa de Gu¨ªa, Francisco Ba?olas (de Coalici¨®n Canaria) hab¨ªa ofrecido 300.000 metros cuadrados para el centro penitenciario, a cambio de casi tres millones de euros -cifra que representa un tercio de su presupuesto municipal-, y el compromiso de invertir 60 millones en el arreglo de carreteras y la construcci¨®n de la c¨¢rcel con mano de obra local. Pero Ba?olas no contaba con la oposici¨®n de 14.200 vecinos, que rechazaron el proyecto en un refer¨¦ndum.

Desde entonces no se ha encontrado ning¨²n otro municipio dispuesto a albergar la c¨¢rcel, informa Juan Manuel Pardellas, a pesar de que los funcionarios de la prisi¨®n de Salto del Negro han advertido de que no pueden garantizar la seguridad de los internos en este centro de Las Palmas. A pesar de que Instituciones Penitenciarias reconoce que la situaci¨®n de Canarias es la m¨¢s cr¨ªtica, su prisi¨®n no figura entre las cuatro cuya construcci¨®n se pretende iniciar este mismo a?o, gracias al cr¨¦dito extraordinario que Hacienda comprometi¨® el pasado viernes con Interior.

Dos de los nuevos centros se emplazar¨¢n en Andaluc¨ªa, uno en Madrid y otro en la Comunidad Valenciana, pero, a pesar de que ser¨¢ imposible iniciar la obra este a?o si no se agilizan al m¨¢ximo los tr¨¢mites, Interior no ha querido revelar su localizaci¨®n.

Hace varios meses se public¨® que Instituciones Penitenciarias planeaba instalarla en la localidad malague?a de Alaur¨ªn de la Torre, gobernada por el PP. "Aqu¨ª ya tenemos una c¨¢rcel y no necesitamos otra", afirma el alcalde, Joaqu¨ªn Villanova, quien recuerda que su antecesor en el cargo fue detenido por la Guardia Civil por intentar impedir las obras y que el enfrentamiento lleg¨® al punto de que el PSOE local se escindi¨® y perdi¨® las elecciones. "La verdad es que, al final, la prisi¨®n no ha tenido impacto negativo, porque han hecho una carretera directa desde M¨¢laga", reconoce. "Se puede decir que no ha beneficiado mucho, pero tampoco ha perjudicado".

Nadie quiere una c¨¢rcel en su pueblo. Peque?os municipios como Topas (Salamanca, 630 habitantes ) o Nanclares de Oca (?lava, 2.000) son conocidos en toda Espa?a por el centro penitenciario que lleva su nombre.

Acebes tendr¨¢ presente este problema. Seg¨²n se recordaba el pasado mi¨¦rcoles en una misiva publicada en la secci¨®n de cartas al director de EL PA?S, en 1993 el actual ministro del Interior, junto al ahora director general de la Polic¨ªa, Agust¨ªn D¨ªaz de Mera, se opuso como presidente provincial del PP a la decisi¨®n del Ayuntamiento de Cebreros (?vila) de ofrecer terrenos para la construcci¨®n de una prisi¨®n.

La diputada socialista Mercedes Gallizo no acaba de creerse que el Gobierno inicie este a?o los cuatro centros penitenciarios prometidos, pues hace s¨®lo dos meses, en el debate parlamentario de Presupuestos, el PP rechaz¨® las enmiendas de su grupo para dotar de fondos estos proyectos. Las 12 c¨¢rceles inauguradas desde que gobierna el PP, recuerda, fueron todas planeadas cuando gobernaba el PSOE y a¨²n no se ha entregado ninguno de los 24 centros de inserci¨®n social a los que, seg¨²n el acuerdo adoptado por el Gobierno en 1998, hab¨ªa que dar prioridad.

En el mejor de los casos, las nuevas prisiones no abrir¨¢n sus puertas antes de 2006, pues s¨®lo la ejecuci¨®n de las obras requiere 18 meses. Mientras tanto, la actual infraestructura carcelaria deber¨¢ soportar no s¨®lo el incremento de reclusos que se viene produciendo en los ¨²ltimos tiempos, sino el que previsiblemente se derivar¨¢ de la catarata de medidas derivadas de la campa?a M¨¢s seguridad, menos impuestos, que ha puesto en marcha el PP de cara a las elecciones municipales. "El problema es que para cuando van a hacer falta las c¨¢rceles, no estar¨¢n", se lamenta Jos¨¦ Ram¨®n L¨®pez, presidente del sindicato Acaip.

D¨¦ficit de funcionarios

Ni el Ministerio del Interior ni el de Justicia han hecho un estudio sobre las consecuencias que para el sistema penitenciario tendr¨¢n medidas como la conversi¨®n en delito de la acumulaci¨®n de cuatro faltas (conducir sin seguro obligatorio o destrozar mobiliario urbano, entre otras) y la supresi¨®n de los arrestos de fin de semana. S¨®lo la expulsi¨®n de los inmigrantes irregulares acusados de delitos con penas inferiores a seis a?os puede compensar en parte el incremento de poblaci¨®n carcelaria, pero no hay estad¨ªsticas oficiales sobre cu¨¢ntos de los m¨¢s de 10.000 reclusos extranjeros cumplen el requisito.

A estas alturas, tambi¨¦n se desconoce cu¨¢ntos nuevos funcionarios de prisiones se van a contratar este a?o, al contrario de lo que sucede con las incorporaciones al Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y a la Guardia Civil, a pesar de que la plantilla actual tiene un d¨¦ficit de al menos 2.000 trabajadores, seg¨²n los sindicatos.

"Sin personal suficiente y bien preparado no hay tratamiento penitenciario y la c¨¢rcel se convierte en un lugar donde aparcar a personas conflictivas. Pero, tarde o temprano", advierte Mercedes Gallizo, "el delincuente volver¨¢ a salir a la calle y, si no se ha hecho un trabajo de rehabilitaci¨®n, ser¨¢ peor que cuando entr¨®. Por eso, la rehabilitaci¨®n no es s¨®lo un mandato constitucional, sino el requisito para que una pol¨ªtica de seguridad ciudadana sea eficaz a medio plazo y no un mero se?uelo electoral".