Los maestros de prisiones exigen a la Junta que asuma ya sus n¨®minas

Son pocos, apenas una sesentena repartidos entre los 13 centros penitenciarios que existen en Andaluc¨ªa, pero sus problemas son muchos, aunque, en su opini¨®n, de f¨¢cil soluci¨®n. Lo ¨²nico que piden los maestros de prisiones es que tanto el Gobierno central como el andaluz acaben de una vez con el contencioso que se dilucida desde 1999 y que, a d¨ªa de hoy, a¨²n les mantiene en una especie de limbo administrativo que s¨®lo les acarrea problemas de toda ¨ªndole. Ese a?o, debido al desarrollo de la LOGSE y en virtud a un Real Decreto, a los maestros de prisiones se les integra en el Cuerpo de Maestros de Primaria del Ministerio de Educaci¨®n, pero una disposici¨®n transitoria los deja bajo la tutela del Ministerio del Interior a la espera de que se complete el traspaso de las competencias a la Junta de Andaluc¨ªa. Lo que parec¨ªa iba a ser cuesti¨®n de meses dura ya cinco a?os, tiempo en el que estos docentes, funcionarios de carrera, han tenido que aguantar todos los inconvenientes derivados de la an¨®mala situaci¨®n que padecen.

Y es que, desde 1999, el Ministerio de Interior tiene congelados los complementos salariales anuales que les corresponde y que, seg¨²n apunta Jos¨¦ Manuel Mart¨ªn Maestro, profesor en el centro penitenciario Puerto II de C¨¢diz, "supone una p¨¦rdida mensual cercana a los 90 euros, unos 1040 euros menos al a?o de lo que cobran los maestros de primaria destinados en Andaluc¨ªa. Y lo peor es que cuando se apruebe el traspaso de competencias esto no tendr¨¢ car¨¢cter retroactivo". Pero ¨¦ste no es el ¨²nico perjuicio que les causa hallarse en esta especie de limbo administrativo. "Tampoco tenemos derecho a participar en los concursos de traslado ni solicitar comisiones de servicio en otros centros, con lo que se vulnera de nuevo el principio de igualdad que se supone rige para todos los funcionarios", explica Mart¨ªn Maestro.

En pleno debate nacional sobre el endurecimiento de las penas y la necesidad de salvaguardar el derecho a la reiserci¨®n social de los presos y cuando se anuncia la construcci¨®n de dos nuevas c¨¢rceles en Andaluc¨ªa, Mart¨ªn Maestro asegura no entender c¨®mo la Junta a¨²n no ha zanjado asumir las competencias sobre la educaci¨®n en las prisiones.

"Cuando o¨ªmos noticias relacionadas con el tema penitenciario a nuestros pol¨ªticos se les llena la boca a la hora de recordar que la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social de la poblaci¨®n reclusa son los fines de la Ley Penitenciaria, pero a ninguno les interesa saber en las condiciones en las que nos mantienen desde 1999. ?Hasta cuando nos van a tener en estas condiciones el se?or Chaves y el se?or Arenas?", se pregunta este maestro de prisiones.

Mart¨ªn Maestro se queja del poco inter¨¦s que por solucionar este asunto han mostrado la mayor¨ªa de los partidos pol¨ªticos e incluso los sindicatos. Lo cierto, es que poco se ha avanzado en este asunto desde 1999. La Consejer¨ªa de Educaci¨®n de la Junta lo tiene apuntado en su agenda de "temas pendientes", al igual que el Ministerio de Educaci¨®n, pero seg¨²n Mart¨ªn Maestro no han contestado ni una sola de las cartas que en demanda de informaci¨®n les han enviado. Desde entonces, s¨®lo se tiene constancia, y as¨ª lo refleja la Agenda de Actividades Parlamentaria andaluza, de una pregunta sobre este asunto realizada por los representantes de Educaci¨®n de IU a la consejera de Educaci¨®n, C¨¢ndida Mart¨ªnez en mayo del a?o pasado. La ¨²nica instituci¨®n que ha respaldado de pleno las demandas de los maestros de prisiones ha sido la Oficina del Defensor del Pueblo, que ya en su informe de 2000 mostraba su preocupaci¨®n por la p¨¦rdida de calidad de la formaci¨®n educativa en los centros penitenciarios que conllevaba esta an¨®mala situaci¨®n. "El panorama sigue siendo el mismo desde hace a?os y la transferencia no se ha producido, lo que viene acarreando diversos tipos de problemas en la actividad docente diaria que se traduce especialmente en la inquietud de los maestros por su futuro", recoge el Informe del Defensor del Pueblo de 2000.