Defender la educaci¨®n p¨²blica

He aqu¨ª una frase que se oye mucho en el debate sobre las leyes de educaci¨®n. Los cr¨ªticos de las leyes (o de los proyectos) las critican, entre otras cosas, porque estiman que atacan, ponen en entredicho o pretenden de un modo u otro limitar o reducir la educaci¨®n p¨²blica, que los cr¨ªticos profesan defender. Pero se oyen en cambio pocos argumentos que expliquen al p¨²blico por qu¨¦ sea necesaria esta defensa, o por qu¨¦ sea deseable que la educaci¨®n sea p¨²blica. En general, se da por supuesto que la educaci¨®n p¨²blica es buena, o mejor que la privada, y parece que esto es tan evidente como lo es el principio del derecho a la vida o a la libertad de pensamiento. Tan evidente es que no hay que demostrarlo ni plantear la menor duda acerca de su certeza.

Sin embargo, no es as¨ª; es decir, no es tan evidente. Desde la perspectiva norteamericana se perciben razones para poner la cuesti¨®n sobre el tapete. Las universidades norteamericanas est¨¢n entre las mejores, si no son las mejores, del mundo. Y las mejores universidades norteamericanas son privadas: Columbia, Harvard, Yale, Princeton, Chicago, Stanford, y las que se llevan casi todos los premios Nobel son privadas. Lo mismo puede decirse de los institutos de segunda ense?anza. Se me objetar¨¢ que ¨¦ste es un pa¨ªs donde predomina lo privado; y que tambi¨¦n en Estados Unidos hay grandes universidades p¨²blicas, como las grandes estatales: California, Michigan, Colorado, Ohio State, Wisconsin. Todo ello es cierto. Pero el problema para los "defensores" de la ense?anza p¨²blica es que no s¨®lo son las privadas las mejores instituciones de ense?anza de Estados Unidos; es que lo son del mundo. Ello permitir¨ªa arg¨¹ir que en Espa?a lo que hay que defender no es la educaci¨®n p¨²blica, sino la privada, tan raqu¨ªtica y desvalida en lo que se refiere a la ense?anza superior.

Y, sin embargo, la ense?anza p¨²blica tiene buena defensa, tan buena que sorprende que quienes tanto enarbolan su bandera razonen tan poco su postura. Lo que justifica la necesidad de ense?anza p¨²blica es que la educaci¨®n es un bien p¨²blico, es decir, un bien que no es una mercanc¨ªa. Dicho de otro modo, el mercado no funciona tan bien en el caso de la educaci¨®n como en el de las mercanc¨ªas normales como puedan ser las prendas de vestir o los autom¨®viles. La educaci¨®n tiene de com¨²n con la defensa o el transporte p¨²blico que beneficia tanto a los que la consumen como a los que no. Que la sociedad en la que uno vive tenga un alto nivel educativo no s¨®lo hace la convivencia m¨¢s soportable, sino que nos enriquece a todos a trav¨¦s de una mayor productividad y creatividad. Tiene sentido, por tanto, que incluso quien no tiene hijos en edad escolar pague impuestos que subvencionen la educaci¨®n de los hijos de otros. Obs¨¦rvese que este argumento justifica la educaci¨®n p¨²blica con argumentos de eficiencia, no de equidad. No se trata, dicho crudamente, de subvencionar la educaci¨®n de los pobres para compensar su pobreza, sino porque los hijos de los pobres tienen tanta probabilidad de ser inteligentes y trabajadores como los de los ricos; si s¨®lo se educan los ricos, la educaci¨®n se distribuye en la sociedad de manera poco eficiente. El utilizar la educaci¨®n como un instrumento de nivelaci¨®n es mucho m¨¢s discutible; y en todo caso debe tenerse en cuenta que puede producir graves ineficiencias, como se est¨¢n produciendo en Espa?a hoy.

Volviendo al caso norteamericano, hay que a?adir a lo anterior que, si bien las mejores instituciones educativas son privadas, no lo son totalmente, en el sentido de que tambi¨¦n ellas est¨¢n fuertemente subvencionadas. El Gobierno distribuye subvenciones no con criterios r¨ªgidos y disfuncionales (como el n¨²mero de alumnos), sino atendiendo a la calidad de los centros y de los programas. Tambi¨¦n hay programas de ayuda especial a ciertos grupos y minor¨ªas, por supuesto. Pero no se trata aqu¨ª de imponer el modelo norteamericano, sino de tomar de ¨¦l lo que convenga y de utilizarlo como campo de pruebas que nos ayude a razonar.

Si admitimos que el Estado debe intervenir en el campo educativo para suplir las imperfecciones del mercado, es decir, por razones de eficiencia econ¨®mica, el corolario inmediato es que el Estado debe tratar la educaci¨®n como una inversi¨®n, y guiarse por criterios de productividad. La disyuntiva "p¨²blico o privado" se difumina entonces: lo importante no es si la instituci¨®n subvencionada es p¨²blica o privada, sino si produce el debido rendimiento educativo. Ello nos lleva a una cuesti¨®n fundamental de la que, por desgracia, se habla poco: la inspecci¨®n y la evaluaci¨®n educativa.

Parece un poco incongruente pretender que se defiende la educaci¨®n p¨²blica y seguidamente lamentarse de que la educaci¨®n se convierta en una "carrera de obst¨¢culos". En la medida en que la educaci¨®n sea p¨²blica, debe ser como una carrera de obst¨¢culos, y cuantos m¨¢s, mejor. La inspecci¨®n de los centros subvencionados, tanto p¨²blicos como privados, debe ser mucho m¨¢s rigurosa de lo que viene siendo hasta ahora, y el Estado deber¨ªa encomendarla en parte a organismos independientes, no a bur¨®cratas. Aunque las decisiones ¨²ltimas se tomen a nivel pol¨ªtico, deber¨ªan estar basadas en informes de inspecci¨®n rigurosos realizados por expertos independientes. Y estos informes deber¨ªan ser hechos p¨²blicos, porque la sociedad tiene derecho a conocer la calidad de los centros educativos que subvenciona.

Naturalmente, el criterio m¨¢s importante para evaluar la seriedad y profesionalidad de un centro educativo es la calidad de sus estudiantes, y la ¨²nica manera de conocer ¨¦sta es por medio de ex¨¢menes, compuestos de pruebas justas, racionales y frecuentes. Deben ser frecuentes por una raz¨®n evidente: cuanto mayor es el tama?o de una muestra, menor es el margen de error. No debe dejarse que el destino de un estudiante se juegue a una sola carta. Cuantos m¨¢s "obst¨¢culos" haya en la carrera, m¨¢s justa ser¨¢ la evaluaci¨®n. El contenido y naturaleza de esos ex¨¢menes, as¨ª como los objetivos perseguidos en los planes educativos, es lo que se debe discutir, no su existencia.

Defendamos, por tanto, la educaci¨®n p¨²blica. Pero seamos conscientes de que ello implica una inspecci¨®n rigurosa y un sistema de evaluaciones frecuente. Lo contrario equivale a decir: "Dame dinero, pero no me pidas cuentas". En otras palabras, un despilfarro del erario y una perversi¨®n de la educaci¨®n p¨²blica.

Gabriel Tortella, catedr¨¢tico de Historia Econ¨®mica en la Universidad de Alcal¨¢, es actualmente profesor visitante en la Columbia University.