Imperativo constitucional

El presidente del Gobierno no puede negarse a comparecer en el Pleno del Congreso de los Diputados para debatir con los portavoces de los dem¨¢s partidos representados en la C¨¢mara sobre la posici¨®n de Espa?a en la eventual guerra con Irak. No entra dentro de sus atribuciones constitucionales la facultad de comparecer o no comparecer, sino que tiene la obligaci¨®n de hacerlo. Y de hacerlo, adem¨¢s, antes de que Espa?a tenga que "dar la cara" en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por utilizar la expresi¨®n de nuestro representante en la ONU, Inocencio Arias.

El origen de la obligaci¨®n constitucional de comparecer del presidente del Gobierno est¨¢ en el art¨ªculo 23 de la Constituci¨®n, que dispone que "los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos p¨²blicos, directamente o por medio de representantes..." (cursivas m¨ªas). Es obvio que la posible participaci¨®n de Espa?a en la guerra de Irak es un "asunto p¨²blico". Es obvio que los ciudadanos no podemos participar directamente en la decisi¨®n de comprometer o no la participaci¨®n de Espa?a en dicha guerra. Es obvio, en consecuencia, que tenemos que participar "por medio de representantes". Y que tenemos derecho a participar todos, tanto los que han elegido a la mayor¨ªa parlamentaria que ha formado Gobierno como los que han elegido a la minor¨ªa parlamentaria, que est¨¢ en la oposici¨®n o que no est¨¢ en el Gobierno aunque no est¨¦ en la oposici¨®n. Con cualquiera de los criterios de interpretaci¨®n com¨²nmente aceptados en el mundo del derecho no es posible llegar a otra conclusi¨®n.

Nadie discute que la mayor¨ªa parlamentaria y su Gobierno tienen plena legitimidad democr¨¢tica para tomar la decisi¨®n que estimen pertinente, pero tampoco es discutible que no tienen derecho a tomarla sin haber discutido previamente con los dem¨¢s partidos en el Pleno del Congreso de los Diputados las razones de su decisi¨®n. La mayor¨ªa parlamentaria y su Gobierno no pueden desconocer y, en consecuencia, privarnos a los ciudadanos del derecho que el art¨ªculo 23 de la Constituci¨®n nos reconoce. Ni a los que votaron por esa mayor¨ªa ni a los que no votaron por ella. Pues los primeros son tan titulares del derecho como los segundos.

En un asunto como ¨¦ste los portavoces de los partidos pol¨ªticos, est¨¦n en el Gobierno o en la oposici¨®n, y el presidente del Gobierno no son portadores de derechos, sino de obligaciones. Los titulares del derecho somos los ciudadanos. A este derecho ciudadano corresponde la obligaci¨®n de los portavoces parlamentarios de solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno y la de ¨¦ste de comparecer. Dar la cara no es en este caso una exigencia pol¨ªtica, que tambi¨¦n, sino un imperativo constitucional. El Gobierno y su mayor¨ªa parlamentaria no pueden escurrir el bulto. Podr¨¢n tomar la decisi¨®n que estimen pertinente, pero ¨²nicamente si antes han dado la cara y han explicado p¨²blicamente el porqu¨¦ y el c¨®mo de su decisi¨®n.

En realidad causa una cierta verg¨¹enza propia tener que escribir esto cuando se van a cumplir veinticinco a?os de la entrada en vigor de la Constituci¨®n. En el Pre¨¢mbulo de la Constituci¨®n se "proclama la voluntad (de la Naci¨®n espa?ola) de establecer una sociedad democr¨¢tica avanzada". ?Hay alguien en su sano juicio que pueda considerar que es una sociedad democr¨¢tica avanzada aquella en la que el presidente del Gobierno se niega a explicar en el Parlamento las razones por las que va a comprometer al pa¨ªs nada menos que en una guerra?

?Qu¨¦ manera de iniciar el a?o del vigesimoquinto aniversario de la Constituci¨®n!