Los cambios en las pensiones provocan un enfrentamiento del Gobierno con PSOE y CiU

Los cambios anunciados por el Gobierno sobre pensiones han convertido la Seguridad Social en un nuevo elemento de enfrentamiento del PP con el PSOE y CiU. El dirigente socialista Jordi Sevilla acus¨® al Ejecutivo de romper el consenso del Pacto de Toledo con la propuesta de abrir el debate para aumentar el periodo de c¨¢lculo de las pensiones y la ley que impedir¨¢ a las comunidades aut¨®nomas subir las prestaciones no contributivas, que ser¨¢ recurrida por CiU. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, respondi¨® que el Gobierno socialista dej¨® "el sistema en quiebra". Un estudio de los expertos de Fedea asegura que elevar el plazo de c¨¢lculo puede suponer un recorte de entre el 10% y el 25% en las futuras pensiones.

El potencial impacto de esa medida es un recorte de las futuras pensiones contributivas, seg¨²n un informe de la Fundaci¨®n Fedea, elaborado por Juan Francisco Jimeno. El estudio (ver gr¨¢fico), realizado a partir de 25.000 historias laborales, indica que la modificaci¨®n del c¨¢lculo de la pensi¨®n desde los 15 ¨²ltimos a?os de cotizaci¨®n ahora vigente hasta los ¨²ltimos 30 a?os rebajar¨ªa un 10% la prestaci¨®n. El recorte llega hasta el 25% si el plazo que se tiene en cuenta se eleva hasta los 45 a?os ¨²ltimos de aportaciones a la Seguridad Social.

El informe refleja que la pensi¨®n media con el actual c¨¢lculo de 15 a?os de cotizaciones, y para una persona que se jubile con 65 a?os, se sit¨²a en 20.535 euros anuales. Si el periodo se duplica hasta 30 a?os, la prestaci¨®n queda en 18.420 euros, y en el caso de que se eleve hasta 45 a?os, ser¨¢ de 15.089 euros. Los retrocesos son similares para las personas que se retiren con edades entre los 61 y los 64 a?os.

Tras el anuncio del Gobierno de abrir ese debate, el responsable de Pol¨ªtica Econ¨®mica del PSOE, Jordi Sevilla, responsabiliz¨® al Gabinete Aznar de estar especializado "en romper consensos y en exigir lealtades y adhesiones inquebrantables". Respecto a los dos cambios anunciados sobre Seguridad Social advirti¨® que los socialistas no apoyar¨¢n unas reformas que, a su juicio, suponen una rebaja de las pensiones.

Sevilla cree que "el Gobierno est¨¢ rompiendo el Pacto de Toledo, haciendo propuestas unilateralmente. Propuestas que, anuncio ya, no van a ser apoyadas por el PSOE, no vamos a apoyar recortes de las pensiones, que es lo que ha anunciado el Gobierno, tanto de las contributivas, a trav¨¦s del plazo de c¨¢lculo, como de las no contributivas".A esas cr¨ªticas, el ministro de Trabajo respondi¨® que los socialistas "no tienen legitimidad" para hablar de pensiones porque dejaron "el sistema en quiebra" y estuvieron "a punto de hacerlas desaparecer". Tras esa r¨¦plica, Zaplana dijo que la revisi¨®n del periodo de c¨®mputo no es de "urgencia vital en estos momentos", un debate que asegur¨® no haber promovido y reiter¨® que esa cuesti¨®n s¨®lo debe abordarse si existe consenso con los sindicatos para acometer la modificaci¨®n.

En el caso de las pensiones no contributivas, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, sali¨® en defensa de la ley que aprobar¨¢ este viernes el Consejo de Ministros para evitar diferencias entre las comunidades aut¨®nomas en esas prestaciones. Rato record¨® que el socialista Manuel Chaves, cuando era ministro de Trabajo, tambi¨¦n trat¨® de impulsar la igualdad entre esas pensiones. Por eso reclam¨® un amplio consenso pol¨ªtico, en consonancia con el, a su juicio, total consenso social que ya existe.

Cambio en la ley

El proyecto de ley que aprueba este viernes el Consejo de Ministros precisa que "las pensiones no contributivas forman parte de la caja ¨²nica de la Seguridad Social". Esas prestaciones de 268,77 euros al mes las perciben 468.000 mayores de 65 a?os o minusv¨¢lidos que no han cotizado o no han alcanzado los 15 a?os necesarios para acceder a las pensiones contributivas.

Asimismo, la norma establece que "esas prestaciones tienen que ser iguales en todas las comunidades aut¨®nomas y sus beneficiarios no pueden percibir una cantidad distinta en funci¨®n del sitio en que residen".

Esa prohibici¨®n por ley que plantea el Gobierno a las comunidades abre un nuevo escenario de confrontaci¨®n con los nacionalistas de CiU que gobiernan Catalu?a. "Nosotros seguiremos adelante y nos veremos en los tribunales", avanz¨® ayer el conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, que este a?o ha previsto en el presupuesto auton¨®mico 1.345.000 euros para los cerca de 60.000 beneficiarios de pensiones no contributivas en esta comunidad. Este pago ¨²nico supone que ¨¦stos cobren 23 euros, y se ha planteado para compensarles por el diferencial de inflaci¨®n de Catalu?a respecto del conjunto de Espa?a en 2000 (0,2%), 2001 (0,1%) y 2002 (0,3%).

El eventual recurso al Constitucional plantea la paradoja de que este tribunal ya ha sentado jurisprudencia con su fallo favorable a la subida de las pensiones no contributivas. "Esto no es una subasta de pensionistas. Estamos haci¨¦ndoles m¨¢s justicia", a?adi¨® Mas.

La Junta de Andaluc¨ªa seguir¨¢ asimismo complementando esas pensiones, seg¨²n anunci¨® ayer el consejero de Presidencia, Gaspar Zarr¨ªas, y tiene previsto abonar en torno al 28 de febrero, D¨ªa de Andaluc¨ªa, una paga ¨²nica de 73,8 euros. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, declar¨® ayer que "el problema lo va a tener Aznar a la hora de hacer este proyecto de ley y ver c¨®mo va a saltear esa sentencia del TC que ha declarado constitucional este tipo de medida".