La Junta recurrir¨¢ la decisi¨®n de Rato de aceptar la acreditaci¨®n de Cajasur como caja de la Iglesia

La Junta ha dado el primer paso para recurrir la decisi¨®n del Ministerio de Econom¨ªa de acreditar a Cajasur como caja fundada por la Iglesia cat¨®lica. La consejera de Econom¨ªa, Magdalena ?lvarez, ha firmado la orden para que los servicios jur¨ªdicos de la Junta presenten un recurso contra la negativa del ministerio que dirige Rodrigo Rato de revocar esta acreditaci¨®n, que fue formalizada el pasado 2 de diciembre y que permiti¨® a la caja que preside el sacerdote Miguel Castillejo acogerse a la Ley Financiera y escapar parcialmente de la tutela de la Junta.

El Gobierno andaluz va a fundamentar la batalla judicial para evitar la fuga de Cajasur sobre tres piezas. La primera, una demanda civil, que fue presentada a mediados de enero, contra la Asamblea General de Cajasur que aprob¨® los nuevos estatutos de la caja, que est¨¢n siendo analizados por el Ministerio de Econom¨ªa.

En esta demanda, la Junta pidi¨® tanto la anulaci¨®n del acuerdo de la asamblea como de los propios estatutos, que privilegian a¨²n m¨¢s el peso de la Iglesia cat¨®lica en la entidad, especialmente en el Consejo de Administraci¨®n, en el que tendr¨¢ un 50% de representantes frente al 35% actual.

La segunda pieza es un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Financiera, que ha sido la llave que ha permitido que Cajasur se desvincule parcialmente de la comunidad ya que la aprobaci¨®n de sus estatutos y de la obra social pasa a manos del Ministerio de Econom¨ªa. El Gobierno andaluz tiene previsto presentar este nuevo recurso en los pr¨®ximos d¨ªas, recurso que ya ha sido presentado por el Parlamento auton¨®mico.

Presentaci¨®n apresurada

Y la tercera pieza es el recurso contencioso-administrativo contra la decisi¨®n del Ministerio de Econom¨ªa de acreditar a Cajasur como caja fundada por la Iglesia. La entidad presidida por Castillejo se apresur¨® a presentar esta acreditaci¨®n, que fue trasladada al Ministerio de Econom¨ªa el 27 de noviembre, cinco d¨ªas despu¨¦s de que la Ley Financiera entrase en vigor. El ministerio que dirige Rodrigo Rato tambi¨¦n se dio prisa al aceptar esta acreditaci¨®n, que fue confirmada el 2 de diciembre.

El 20 de diciembre, la consejera de Econom¨ªa, Magdalena ?lvarez, se dirigi¨® a Rato para solicitarle que revocara el acto administrativo de dar por "acreditado ante dicho ministerio la fundaci¨®n directa de la caja de ahorros y monte de piedad de C¨®rdoba por una entidad de derecho p¨²blico de la Iglesia".

Pasado un mes sin que el Ministerio de Econom¨ªa haya respondido a este requerimiento, la Junta entiende, conforme a la ley reguladora de la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa, que Rato ha rechazado la petici¨®n del Gobierno andaluz.El siguiente tr¨¢mite, el que ha dato ?lvarez ahora, es autorizar a los servicios jur¨ªdicos de la Junta a impugnar la acreditaci¨®n.

El Gobierno andaluz entiende que la Diputaci¨®n de C¨®rdoba es tan fundadora de Cajasur como la Iglesia cat¨®lica y que as¨ª est¨¢ establecido en la Ley de Cajas auton¨®mica en un precepto que no fue recurrido por el Gobierno central. Pese a lo establecido en la ley auton¨®mica, la actual direcci¨®n de la caja niega que la Diputaci¨®n de C¨®rdoba, gobernada por el PSOE, sea cofundadora de Cajasur y considera que sus derechos se extinguieron tras la fusi¨®n de las cajas fundadas por ambas instituciones, que se produjo en 1995.

Para equiparar los derechos de ambas instituciones, el Gobierno andaluz incluy¨® en la Ley de Acompa?amiento de los presupuestos auton¨®micos de 2003 una disposici¨®n en la que se regulaba que para que Cajasur se acogiese a la Ley Financiera ¨¦sta necesitaba el acuerdo de todos los fundadores, medida que persegu¨ªa bloquear que la Junta perdiese la tutela sobre la caja cordobesa.

El Gobierno central anunci¨® el pasado viernes un recurso de inconstitucionalidad contra esta disposici¨®n con el argumento de que no est¨¢ recogida en la ley estatal sobre las cajas de ahorro. El Gobierno anunci¨® que pedir¨¢ al Constitucional que anule cautelarmente esta disposici¨®n.