Los siete DNI de Rosa Mart¨ªn
La Audiencia admite la demanda de una mujer que reclama 9 millones de euros a Interior por un error que la ha arruinado
La Audiencia Nacional ha aceptado una demanda contra el Ministerio de Interior por da?os y perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios p¨²blicos presentada por Rosa Mart¨ªn, a quien diferentes bancos e instituciones p¨²blicas atribuyen hasta siete n¨²meros diferentes del documento nacional de identidad. Por eso, pide una indemnizaci¨®n de nueve millones de euros (1.500 millones de pesetas).
Cada espa?ol s¨®lo puede tener un DNI, que es intransferible. Pero un error en la transcripci¨®n al renovar su documento permiti¨® que Mart¨ªn tuviera, sin saberlo, un carn¨¦ cuyo n¨²mero (112.384.080) se repet¨ªa en el de otra persona. Cuando en 1991 se informatiz¨® el Servicio del Documento Nacional, que depende de Interior, afloraron muchos casos similares.
El caos de n¨²meros ha embarcado a Mart¨ªn en 60 procedimientos judiciales en tres a?os
Pero ella no supo del error hasta 1994, al ir a matricular un veh¨ªculo. Entonces, seg¨²n la polic¨ªa, se le devolvi¨® su n¨²mero inicial, el 12.384.804. Pero cuando volvi¨® a Tr¨¢fico el error persist¨ªa: tambi¨¦n correspond¨ªa a otra persona. Se le asign¨® un tercero, el 12.348.080, y la polic¨ªa se encarg¨® entonces de notificar a diferentes organismos p¨²blicos los cambios. Ella hizo lo mismo con los bancos y empresas con los que ten¨ªa relaci¨®n. Pero en algunos sitios persisti¨® el error. Interior asegura que carece de competencia para exigir a otros organismos que cumplan la obligaci¨®n de eliminar esos datos.
Con el tiempo, a Rosa Mart¨ªn le adjudicaron otros n¨²meros: el Inem le atribuy¨® el 112.384.080 al ingresarle el subsidio de desempleo; Caja Madrid la demand¨® haciendo constar el 93.644; la Diputaci¨®n Provincial de M¨¢laga cobr¨® el impuesto de bienes inmuebles con el n¨²mero de DNI 12.234.080 y la UNED guarda su expediente acad¨¦mico con el 12.384.040. Este caos no fue anecd¨®tico, sino que, seg¨²n asegura Mart¨ªn, la ha arrastrado a unos 60 procedimientos judiciales en tres a?os y le ha hecho perder un patrimonio de unos 300 millones de pesetas.
Ha permitido, por ejemplo, que se subastara su casa en Madrid y un chal¨¦ que ten¨ªa en M¨¢laga para hacer frente a una demanda de embargo que le interpuso Caja Madrid. A pesar de que se le reclamaba una deuda con un DNI que no era suyo, se ejecut¨®. Adem¨¢s, no pudo oponer otros bienes, porque en el catastro no aparecen sus propiedades con el que se supone que es su carn¨¦. "En cambio, han subastado esos bienes que en teor¨ªa no aparecen como de mi propiedad", asegura ella.
Tambi¨¦n le han denegado la ayuda social porque, cuando present¨® varios certificados de prestaciones del Inem, uno por n¨²mero, para tratar de demostrar que no hab¨ªa tenido ingresos, le dijeron que no estaba clara su personalidad. Y, para rizar el rizo, seg¨²n ella, no puede demostrar que ha cursado hasta cuarto de Derecho, porque en la UNED no aparece su expediente acad¨¦mico con su carn¨¦ verdadero y eso impide que ella misma pueda ejercer su defensa. "Tengo un centenar de abogados y procuradores de oficio actuando para m¨ª", dice.
"El problema procede de un error de la Administraci¨®n. Pero al no borrar los DNI inactivos, se han generado nuevas relaciones", asegur¨® el jefe del servicio del DNI. Por eso Mart¨ªn act¨²a ahora contra Interior. ?ste reconoci¨® su responsabilidad en una carta del 14 de enero del a?o pasado que le envi¨® el director del gabinete del ministro, cuando le explic¨® que iban a borrar los n¨²meros que no eran suyos y a comunicarlo a los organismos p¨²blicos "al tratarse de un fallo imputable a la Administraci¨®n". Sin embargo, y ¨¦sta es la reclamaci¨®n de Mart¨ªn, esa soluci¨®n no sirvi¨® porque los DNI continuaron activos.
Dos semanas m¨¢s tarde, Mart¨ªn present¨® en el Registro General de Interior un escrito en el que dec¨ªa estar en contra de la soluci¨®n que le hab¨ªan dado y ped¨ªa una "considerable indemnizaci¨®n compensatoria". Al no tener respuesta, interpuso una demanda por silencio administrativo en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n¨²mero 5 de Madrid contra el ministerio. Este ¨®rgano judicial se inhibi¨® -ya que entendi¨® que se trataba de un acto del ministro- en favor de la Audiencia Nacional, que ha abierto una investigaci¨®n.
Pero cuando ¨¦sta ha reclamado al ministerio el expediente de Mart¨ªn, en ¨¦l aseguran que no existe. Ella lo ve como una nueva jugarreta de la burocracia.
Un portavoz del ministerio explic¨® que entienden que en su escrito Mart¨ªn no hizo una "valoraci¨®n econ¨®mica" del da?o causado y que por eso es s¨®lo una queja, no un expediente de responsabilidad patrimonial. "No hay constataci¨®n de que ella exija una indemnizaci¨®n. Se le contest¨® y se le dijo que se le resolver¨ªa, pero no en un sentido econ¨®mico", asegura.
Ahora la Audiencia tendr¨¢ que decidir qui¨¦n tiene la raz¨®n.
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