Contra la guerra (I)

Como ciudadanos de un Estado democr¨¢tico nos sentimos obligados a exponer p¨²blicamente nuestro criterio en una cuesti¨®n pol¨ªtica de la m¨¢xima gravedad: la eventual colaboraci¨®n de Espa?a en una, al parecer inevitable, intervenci¨®n militar contra Irak. Dado que estamos radicalmente en contra de tal intervenci¨®n, el Gobierno espa?ol, a nuestro juicio:

1. Debe pronunciarse asimismo contra ella en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

2. Debe colaborar activamente para que ese rechazo a la intervenci¨®n se convierta en un criterio compartido por los Estados miembros de la Uni¨®n Europea.

3. Finalmente, debe rehusar cualquier g¨¦nero de colaboraci¨®n en tal intervenci¨®n, se produzca ¨¦sta con o sin el acuerdo de las Naciones Unidas, con o sin el acuerdo de la Uni¨®n Europea.

Las razones que p¨²blicamente se esgrimen en favor de la guerra merecen cierta consideraci¨®n cuando son formuladas en abstracto, pero pierden toda fuerza de convicci¨®n en cuanto son referidas al problema concreto que hoy se plantea.

No es f¨¢cil encontrar un argumento s¨®lido para concentrar la atenci¨®n en Irak. El ataque preventivo que en este caso se postula constituye una infracci¨®n de las reglas que pretenden regir la convivencia pac¨ªfica entre los pueblos, y en especial de la Carta de las Naciones Unidas. La lucha contra el terrorismo, como bien sabemos en Espa?a, en ning¨²n caso puede considerarse exenta de las limitaciones que incorpora el Estado de derecho.

Frente a ello, los ciudadanos comprometidos con los postulados constitucionales en Espa?a y en Europa tenemos la obligaci¨®n de, al menos, pronunciarnos p¨²blicamente en contra de esta guerra que ya se da por segura, exigiendo al Gobierno que act¨²e de conformidad con los valores asumidos por la mayor¨ªa de la poblaci¨®n. En un r¨¦gimen democr¨¢tico, el Gobierno nunca deber¨ªa tener la impresi¨®n de poder situarse a salvo de la presi¨®n de la opini¨®n p¨²blica.