Armada

Armada se ha comido el marr¨®n. Luis Armada es el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y un juez acaba de darle un palo superlativo. Seg¨²n la sentencia del Juzgado n¨²mero 20 de lo Penal, no podr¨¢ ocupar un cargo p¨²blico durante 16 meses. Un dictamen as¨ª en las fechas preelectorales que corren constituye un aut¨¦ntico torpedo en la l¨ªnea de flotaci¨®n de su trayectoria profesional porque, a priori, queda fuera de cualquier combinaci¨®n de futuros altos cargos. Armada no es un pol¨ªtico. Es verdad que ha estado muy ligado a la gesti¨®n de ?lvarez del Manzano, pero no lleg¨® tan alto en el organigrama de la Casa de la Villa por pertenecer a familia alguna del PP o pegar los carteles del partido m¨¢s r¨¢pido y mejor que otros. ?l es arquitecto municipal desde hace casi un cuarto de siglo y, que yo sepa, no milita ni en ¨¦se ni en ning¨²n otro partido a pesar de lo cual goza de la m¨¢xima confianza del alcalde de Madrid y del concejal de Urbanismo. Puedo asegurarles que dirigir la Gerencia de Urbanismo sin que salten los esc¨¢ndalos a la cara ni mancharse las manos de chapapote es casi un milagro. Aquello es un avispero de influencias e intereses con muchos aguijones amenazando la honestidad de la casa. Entre los t¨¦cnicos, hay familias y grupos de conveniencia que han de ser continuamente pastoreados y de los que depende en gran medida el desarrollo y la vitalidad de la ciudad. Hay despachos en la Gerencia de Urbanismo donde muchos pagar¨ªan millones tan s¨®lo por colocar su expediente en el mont¨®n de los asuntos prioritarios. En ese lugar y en ese ambiente hab¨ªa logrado hasta ahora Luis Armada mantener su nombre y su prestigio con la misma apariencia aseada que exhibe en el aspecto f¨ªsico personal. As¨ª era hasta que hace unos d¨ªas recibi¨® el escrito del juez con tan severa sentencia.

En su cargo y con un castigo de esa naturaleza cabr¨ªa imaginarle autor o, cuando menos, c¨®mplice de una corruptela de las que tanto abundan en las administraciones locales. Pues nada de eso, el juez del n¨²mero 20 de lo Penal le ha inhabilitado por incumplir la orden de demolici¨®n de la iglesia de Nuestra Se?ora de las Fuentes decretada en su d¨ªa por los tribunales. Diecis¨¦is meses de inhabilitaci¨®n, seg¨²n el fallo judicial, por no haber dispuesto las medidas necesarias para ejecutar el derribo. La realidad es que el gerente de Urbanismo hizo lo que le ordenaron; dict¨® la orden urgente para proceder a la demolici¨®n, dispuso de los medios t¨¦cnicos para llevarla a cabo y comunic¨® a las fuerzas del orden la operaci¨®n. Cinco patrullas de la Polic¨ªa Municipal y varias unidades de intervenci¨®n r¨¢pida de la Polic¨ªa Nacional se presentaron en las inmediaciones del templo cuyo interior hab¨ªa sido ocupado por trescientas personas encabezadas por el p¨¢rroco y el propio obispo auxiliar Fidel Herr¨¢ez. Lo cierto es que la Polic¨ªa Municipal, y entiendo que con el mejor de los criterios, decidi¨® aplazar el derribo antes que montar el show de desalojar una iglesia a sangre y fuego. De nada de eso tuvo responsabilidad alguna Luis Armada. Es m¨¢s, su departamento puso de inmediato en conocimiento de la sala lo ocurrido solicitando la autorizaci¨®n de medidas f¨ªsicas con el objeto de vencer la resistencia que hab¨ªan puesto los vecinos.

Resulta dif¨ªcil entender que extra?os mecanismos judiciales pueden haberse confabulado para culpar al gerente de Urbanismo de que el derribo no fuera realizado. Quienes de verdad lo impidieron fueron los fieles y, sobre todo, el p¨¢rroco y el se?or obispo que los capitaneaban. Otra cosa bien distinta son las sospechas bien fundadas de que alguien desde el Ayuntamiento alert¨® a la parroquia sobre cu¨¢ndo iban a intervenir para que montaran la resistencia al derribo. Est¨¢ claro que los concentrados recibieron a tiempo el oportuno chivatazo que pudo darles un miembro del gobierno municipal, un simple funcionario de Gerencia o incluso alguno de los agentes que fueron convocados a la demolici¨®n. El juez debi¨® sentirse burlado por el Ayuntamiento m¨¢xime cuando, s¨®lo una semana despu¨¦s, el pleno municipal acordaba que la parroquia era conforme al Plan General de 1997 y solicitaba la no ejecuci¨®n de la sentencia. A falta de un culpable visible, el juzgado le ha cargado el marr¨®n al ¨²nico que probablemente actu¨® correctamente. Un marr¨®n que ahora puede comprometer su futuro. No parece justo.