385 menores han sido recluidos en reformatorios por la nueva ley penal
La mayor¨ªa de los chicos tienen 16 o 17 a?os; el 51% son espa?oles, y el 32%, marroqu¨ªes
Varones de 16 a 17 a?os de familias desestructuradas, sobre todo espa?olas y marroqu¨ªes, y autores de robos con intimidaci¨®n o violencia. ?se es el perfil de los 385 chavales autores de delitos graves internados en los reformatorios madrile?os desde el 13 de enero de 2001, cuando entr¨® en vigor la Ley Penal del Menor, que eleva a los 18 a?os la edad de ingreso en prisi¨®n. De las 1.533 medidas adoptadas por los jueces de menores en 2002, el 29% fueron internamientos; el 37%, reparaciones extrajudiciales, y el 32%, actividades en r¨¦gimen abierto (libertad vigilada,...).
La presencia femenina es casi testimonial en los reformatorios, ya que el 94% de los internos son varones. Pero, parad¨®jicamente, en la actualidad son dos chicas las que han cometido los delitos m¨¢s graves, sancionados con privaciones de libertad de ocho y tres a?os, respectivamente, cuando la media suele ser de dos. As¨ª lo asegur¨® ayer Esperanza Garc¨ªa, directora del Instituto Madrile?o del Menor y la Familia (IMMF), que no quiso precisar los delitos cometidos por las j¨®venes.
Garc¨ªa a?adi¨® que la mayor¨ªa de los internos proceden de familias desestructuradas, pero matiz¨® que eso no siempre va unido a la pobreza y la marginaci¨®n. "Hay chavales que han vivido en el desamparo moral, que a veces es peor", manifest¨®.
A los reformatorios cada vez llegan m¨¢s chavales de 16 a 17 a?os: el a?o pasado supusieron el 72% del total, frente al 62% de 2001. "Se dan conductas m¨¢s violentas entre los chicos de 16 a 17 a?os que entre los de 14 a 15, y eso puede explicar por qu¨¦ es la franja de edad m¨¢s representada en los centros", matiz¨® Garc¨ªa.
Por nacionalidades, la mayor parte de los internos son espa?oles y marroqu¨ªes (buena parte de ellos chicos que emigran solos a Espa?a y que, sin trabajo ni papeles, caen f¨¢cilmente en la delincuencia). El a?o pasado, el 51% de los internos fueron espa?oles; el 32%, marroqu¨ªes; el 6,5%, latinoamericanos; el 4,6%, europeos no comunitarios, y el 0,7%, comunitarios. En 2001, el 55% eran espa?oles, el 38% marroqu¨ªes y el 2,6% latinoamericanos. Hay m¨¢s chicos extranjeros en r¨¦gimen cerrado que en semiabierto, en el que pueden salir del centro para estudiar y visitar a su familia.
Garc¨ªa explica la presencia de menores inmigrantes por las situaciones de precariedad que a menudo sufren. Pero niega que los jueces tiendan a decretar m¨¢s el internamiento de menores extranjeros que carecen de apoyos familiares en Madrid. "La ley penal no puede utilizarse para suplir otras carencias como la de un hogar", asegur¨®, aunque reconoci¨® que s¨ª exist¨ªan problemas para conceder permisos de fin de semana a los chicos extranjeros sin familia en la regi¨®n. "Para suplir ese vac¨ªo hemos puesto en marcha un programa de apoyo social en pensiones para que estos j¨®venes tambi¨¦n salgan de permiso", asegur¨®.
Los robos con intimidaci¨®n (atracos) y con violencia (tirones) son los principales delitos cometidos por los menores internados. En 2001 supusieron el 65% del total y el 76% el a?o pasado. Les siguen, a mucha distancia, los hurtos y los robos con fuerza, por ejemplo los alunizajes, que consisten en empotrar un coche contra un comercio para desvalijar su interior.
Ning¨²n asesinato
De los internamientos del a?o pasado s¨®lo un 1,95% fue por agresi¨®n sexual; un 2,27%, por lesiones; un 1,95%, por homicidio y no hubo ingresos por asesinato. En 2002 hubo 11 chavales que tuvieron que ser puestos en libertad por haber agotado el tiempo de internamiento cautelar (pendiente de juicio), que es de tres meses ampliable a seis. Un a?o antes fueron 14.
La directora del IMMF no quiso dar datos claros sobre fugas de los centros. S¨®lo indic¨®, cr¨ªpticamente, que el ¨ªndice de fugas, que se obtiene en funci¨®n del n¨²mero de plazas y de la ocupaci¨®n media fue del 0,0011 el a?o pasado y del 0,0012 en 2001. Lo que s¨ª detall¨® fue el bajo n¨²mero de quebrantamientos de condena: de los 242 permisos concedidos en 2002, s¨®lo 19 internos no volvieron al centro.
La ley oblig¨® a abrir nuevas plazas en reformatorios para atender a los chavales de 16 a 18 a?os que antes ingresaban en prisi¨®n. Antes de su entrada en vigor, hab¨ªa tres centros en la regi¨®n, con 47 plazas. Ahora hay ocho con 151 plazas, tanto en r¨¦gimen cerrado como semiabierto: El Madro?o, Renasco, Pe?alara y Los Rosales, en Carabanchel; El Pinar, en Fuencarral; Los ?lamos, en Chinch¨®n; El Laurel, en Guadarrama y Altamira, en San Blas.
Dos de estos centros, Los ?lamos y Los Rosales, tienen caracter¨ªsticas especiales. Los ?lamos, abierto a finales de 2002, est¨¢ dirigido a menores infractores con adicciones y tiene ocupadas tres de sus 10 plazas.
Los Rosales se construy¨®, a trav¨¦s de un acuerdo de la Comunidad con los ministerios de Justicia e Interior, para menores autores de delitos de terrorismo callejero o kale borroka. De sus 20 plazas, hay 15 ocupadas, s¨®lo cuatro de ellas por chavales de kale borroka; el resto est¨¢n imputados en otros delitos.
La Ley Penal del Menor fija, tras la reforma aprobada en diciembre de 2000 por el Congreso con el apoyo de todos los grupos salvo PNV, IU, EA y BNG, que los menores que cometan actos de terrorismo urbano deben ser juzgados en la Audiencia Nacional, no por tribunales ordinarios, y cumplir las medidas de internamiento en Madrid, aunque la mayor¨ªa son vascos.
Dos a?os a la espera de un reglamento para los centros
Dos a?os despu¨¦s de su entrada en vigor, la Ley Penal del Menor carece de un reglamento que la desarrolle y regule el funcionamiento de los reformatorios. Entre otras cuestiones debe aclarar c¨®mo pueden actuar los vigilantes y educadores de los centros cuando se produce una actuaci¨®n violenta de los internos, por ejemplo un mot¨ªn.Las comunidades aut¨®nomas, que tienen las competencias en materia de menores, elaboraron un borrador inicial en el que se contemplaba el uso de porras y aerosoles en caso de conflicto. En un texto posterior que el Ministerio de Justicia present¨® a la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo se manten¨ªa el uso de porras pero no de aerosoles.La directora del IMMF, Esperanza Garc¨ªa, explic¨® ayer que las comunidades han presentado sus alegaciones al proyecto de Justicia y le han reclamado en repetidas ocasiones que se agilice su aprobaci¨®n. "Nos han dicho que est¨¢n pendientes de un informe del Consejo de Estado", asegur¨®. "El reglamento es una obligaci¨®n de la ley, pero adem¨¢s, es necesario porque va a definir la forma de aplicar cada una de las medidas del r¨¦gimen disciplinario de los centros. Dar¨¢ seguridad tanto a los internos como a los trabajadores", a?adi¨®.En 2006, Madrid contar¨¢ con un nuevo reformatorio, de "seguridad" que se sumar¨¢ a los ocho que ya existen en la regi¨®n. Estar¨¢ en Valdemoro, en un terreno municipal pr¨®ximo a la c¨¢rcel, y contar¨¢ con 50 plazas ampliables a 100.El recinto, que la consejera de Servicios Sociales, Pilar Mart¨ªnez, define como "un edificio fuerte, con estructura contenedora y medidas de seguridad suficientes" costar¨¢ unos 12 millones de euros. En principio estar¨¢ dedicado a los j¨®venes de mayor edad y comportamiento m¨¢s conflictivo.Para este a?o est¨¢ previsto que el reformatorio El Laurel, abierto en el verano de 2002 en Guadarrama y con 20 plazas en r¨¦gimen semiabierto, se transforme en un centro cerrado y dedique la mitad de sus plazas a chicos con problemas ps¨ªquicos. La Ley Penal del Menor prev¨¦ el ingreso en centros terap¨¦uticos de los infractores con trastornos mentales, pero Madrid carece de un recinto donde aplicar esta medida y el objetivo es que El Laurel llene ese vac¨ªo. Su gesti¨®n se ha encomendado a la Fundaci¨®n Grupo Norte, vinculada a un holding que posee una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemarketing y trabajo temporal.
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