El Poder Judicial avala por un voto el aumento de penas a reincidentes

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprob¨® ayer proponer al Gobierno mejoras en el anteproyecto de reformas penales, tales como la extensi¨®n de la jurisdicci¨®n espa?ola fuera de las fronteras para perseguir el nuevo delito de ablaci¨®n de cl¨ªtoris o considerar delito, y no s¨®lo falta, la amenaza dom¨¦stica con armas. Sobre el endurecimiento de penas para los reincidentes, se produjo una divisi¨®n de 11 a 10 votos.

Aunque el presidente y los 10 vocales propuestos por el PP aprobaron el informe sobre el anteproyecto de ley que reforma el C¨®digo Penal en materia de seguridad ciudadana, violencia dom¨¦stica y extranjer¨ªa, ponen objeciones al tratamiento dado a la multirreincidencia, mientras que los 10 consejeros restantes (propuestos por el PSOE, IU, CiU y el de consenso PP-PSOE) la rechazan de plano la reforma por inconstitucional.

Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro, vocal propuesto por el PSOE, puso el ejemplo de una norma de California, tomada del b¨¦isbol, que al tercer delito convert¨ªa la pena en cadena perpetua. Frente a esos excesos del "llamado Derecho Penal de autor, que incrementa las penas por peque?os delitos, s¨®lo por su reiteraci¨®n, debemos esgrimir el Derecho Penal democr¨¢tico, que castiga los hechos, con arreglo a criterios de proporcionalidad", argument¨®.

Cuatro faltas, un delito

En ausencia de una posici¨®n m¨¢s tajante contra el agravamiento de penas a los multirreincidentes o la conversi¨®n de la cuarta falta en delito, el informe aprobado por la mayor¨ªa defiende que el agravamiento de penas por "delito habitual no es Derecho Penal de autor", si bien admite que "la reincidencia no deber¨ªa poder transmutar la naturaleza de falta a delito".

En cambio, la propia ponente de la minor¨ªa, Montserrat Comas, resalta el consenso respecto al endurecimiento de penas en materia de violencia dom¨¦stica y para proponer al Gobierno que promueva la posibilidad de perseguir el delito de mutilaci¨®n genital aunque se haya realizado fuera de Espa?a. El informe acepta que se castiguen con penas de seis a 12 a?os de c¨¢rcel mutilaciones genitales como la ablaci¨®n de cl¨ªtoris "por atentar contra la dignidad de la persona", pero sugiere al legislador una medida que impida eludir el castigo mediante la realizaci¨®n del delito fuera de Espa?a, a veces aprovechando periodos vacacionales.

Para "garantizar la sanci¨®n penal", el Consejo "llama la atenci¨®n sobre la necesidad de reformar el art¨ªculo 23 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para incluir entre los delitos sobre los que se extiende la jurisdicci¨®n penal espa?ola, cualquiera que fuere el lugar de comisi¨®n del mismo, el de mutilaci¨®n genital, cuando es cometido por personas que residen legalmente en Espa?a y que se sustraen a la justicia espa?ola desplaz¨¢ndose al extranjero".

Otra mejora que sugiere el Poder Judicial es la conversi¨®n en delito de la actual falta de amenaza dom¨¦stica leve, "con armas u otros instrumentos peligrosos".

Denominaciones vascas

En respuesta a una consulta de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, a consecuencia de una queja del delegado del Gobierno central sobre la utilizaci¨®n en el papel judicial del t¨¦rmino Bizkaia, en lugar de Vizcaya, el pleno del Consejo aprob¨® por 11 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, que el nombre de las provincias vascas "debe figurar en castellano" por ser una ley estatal la que divide territorialmente la Administraci¨®n de Justicia.

El informe de los servicios t¨¦cnicos aprobado no ve inconveniente, en cambio, en que "el ¨®rgano judicial pueda ser mencionado en las dos lenguas, pero si mezclar palabras en una lengua con las de otra".

El Consejo confirm¨® a los presidentes de las salas civil, contencioso-administrativa y militar del Tribunal Supremo y design¨® magistrado de esta ¨²ltima a Santiago Mart¨ªnez-Vares.