Ley de Sanidad, investigaci¨®n y pacto farmac¨¦utico
La nueva Ley de Sanidad sigue su tr¨¢mite tras haber sido aprobada por unanimidad en la Comisi¨®n de Sanidad del Congreso. En este sentido, son de resaltar las escasas cr¨ªticas que ha recibido el cap¨ªtulo sobre investigaci¨®n, bien porque el asunto no interesa a la pol¨ªtica sanitaria, bien porque el planteamiento de la ley es afortunado y avanzado. Deseo inclinarme por lo segundo ya que, en mi opini¨®n, el texto de la futura ley sienta las bases para corregir esa tendencia tan centralista que caracteriza nuestro sistema de I + D sanitario.
El proyecto de ley apuesta por un fortalecimiento del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), pero anuncia un esperanzador plan de descentralizaci¨®n y vertebraci¨®n basado en la acreditaci¨®n de redes e institutos asociados al ISCIII, sustentado en criterios de evaluaci¨®n. A su vez, la ley apuesta por la movilidad e intercambio de cient¨ªficos dentro del sistema. Entiendo, pues, que se pretende trasformar al ISCIII en el buque insignia sin paredes de la investigaci¨®n sanitaria, desde el que se establecer¨¢ la estrategia cient¨ªfica entre todas las partes. En consecuencia, deduzco la necesidad de proceder a un inteligente adelgazamiento del desproporcionado componente intramural que ahora tiene el mencionado organismo aut¨®nomo y, como muchos, sue?o en un d¨ªa en el que los futuros centros nacionales de investigaci¨®n que se impulsen, no terminen necesariamente con sede y ¨²nico gran edificio en Madrid capital.
La industria farmac¨¦utica podr¨ªa reducir sus costes si revisara sus fabulosos presupuestos de promoci¨®n y fuera m¨¢s exquisita en sus pr¨¢cticas con los prescriptores
Sue?o con que los futuros centros "nacionales" de investigaci¨®n no terminen necesariamente con sede y ¨²nico gran edificio en Madrid
En consonancia con lo anterior, otro objetivo clave que se deduce de la nueva Ley de Sanidad es la voluntad de separar la ejecuci¨®n cient¨ªfica de la planificaci¨®n, prioridad y asignaci¨®n de recursos, as¨ª como de la evaluaci¨®n de los resultados. Por ahora, la carencia de pol¨ªtica cient¨ªfica en ciencias de la salud se ha suplido con exhaustivos pronunciamientos ret¨®ricos en el BOE que s¨®lo en contadas ocasiones se han visto plasmados en la pr¨¢ctica. Todo ello en un r¨ªo muy revuelto, en un sistema desproporcionado por la fuerza de los m¨¢s influyentes y que se percibe amenazado por efectistas acciones patrimoniales.
Ante tal situaci¨®n se anuncia un plan sectorial de I + D en colaboraci¨®n con las comunidades aut¨®nomas y un compromiso de participaci¨®n y cooperaci¨®n entre los diversos actores en el sistema. Para tal fin se propone una Comisi¨®n Asesora de Investigaci¨®n en Salud, con funciones y composici¨®n pendientes de determinar. Confiemos que en esta comisi¨®n asesora queden debidamente representadas las comunidades con mayores activos cient¨ªficos, y que la sociedad civil encuentre en ella su debido espacio de participaci¨®n. Me imagino una comisi¨®n asesora en condiciones de confrontar las propuestas estrat¨¦gicas con las de la m¨¢s alta direcci¨®n pol¨ªtica, tanto la del Ministerio de Sanidad como las de las comunidades, por lo que ser¨ªa un acierto que su presidencia se ofreciera a alg¨²n cient¨ªfico o cient¨ªfica de prestigio y con visi¨®n estrat¨¦gica de los que dispone nuestro pa¨ªs, en el marco de una nueva pol¨ªtica basada en la confianza. Pero como se ha reiterado en los debates previos, la clave determinante de la nueva propuesta legislativa es su financiaci¨®n, y para el caso de la investigaci¨®n sanitaria, el reto pasa particularmente por fortalecer una asignaci¨®n estrat¨¦gica de los recursos financieros procedentes del denominado pacto farmac¨¦utico. Al fin y al cabo, una parte muy sustancial de la financiaci¨®n de los centros nacionales de investigaci¨®n creados recientemente por el Ministerio de Sanidad (CNIO, CNIC) se basa en los recursos de dicho pacto, un fen¨®meno que s¨®lo ha visto su alternativa vertebradora tras las ayudas concedidas recientemente por el ISCIII para el apoyo a las redes tem¨¢ticas de investigaci¨®n cooperativa en toda Espa?a.
La industria farmac¨¦utica recibe diversos tipos de apoyos por parte de la Administraci¨®n para el fomento de su I + D, ya sea en forma de cr¨¦ditos blandos u otro tipo de subvenciones directas e indirectas. A su vez, y aunque con nombres distintos, siempre ha habido un espacio de retorno de recursos por parte de la patronal farmac¨¦utica hacia la Administraci¨®n sanitaria central.
El ¨²ltimo acuerdo se basa en unas cifras pactadas sobre el crecimiento del gasto farmac¨¦utico, pero el pacto est¨¢ en permanente tensi¨®n porque el gasto sigue desvi¨¢ndose al alza. Como fuera que en Espa?a el salto en el futuro de la investigaci¨®n sanitaria depende del gasto sanitario en farmacia, no podemos estar ajenos a las medidas efectivas de su racionalizaci¨®n. Unas medidas que, en definitiva, pasan por promover un uso m¨¢s racional de los medicamentos e invitar a que algunas partes tengan menos ganancias (que no beneficios).
El ambiente es controvertido, un influyente sector de la patronal farmac¨¦utica se considera agredido por las iniciativas de las comunidades de Andaluc¨ªa, Extremadura y Madrid en favor de unas normas dirigidas a favorecer la prescripci¨®n por principio activo, pero que s¨®lo pueden aplicarse ¨ªntegramente si se recurre al dudoso mercado de copias. La industria farmac¨¦utica tambi¨¦n tiene deberes pendientes en el sentido de que podr¨ªa reducir sus costes de comercializaci¨®n (manteniendo sus beneficios) si revisara sus fabulosos presupuestos de promoci¨®n comercial y se esforzara en ser m¨¢s exquisita en sus pr¨¢cticas con los prescriptores.
Por si faltaran pocos, irrumpe ahora el sector minorista con pol¨ªticas cada vez m¨¢s intervencionistas. En efecto, parece contradictorio que, mientras la corporaci¨®n farmac¨¦utica se autoproh¨ªbe efectuar descuentos a sus clientes, algunos reciban descuentos y bonificaciones en especie, prebendas de dudosa legalidad que se establecen entre intermediarios de mayoristas y oficinas de farmacia. Estas bonificaciones ni repercuten en quien paga finalmente la factura, que es la Administraci¨®n, ni en quien la cofinancia, que son los enfermos, pero al fin y al cabo son la prueba de que en materia de gasto farmac¨¦utico a¨²n existe suficiente margen (de actuaci¨®n).
La investigaci¨®n biom¨¦dica y sanitaria en el Sistema Nacional de Salud se sustenta en un sistema sanitario robusto, pero debe saber coligarse adecuadamente con las universidades y los organismos p¨²blicos de investigaci¨®n. Tambi¨¦n debe entender mejor, m¨¢s bien de otra forma, las potencialidades de su relaci¨®n con la industria sanitaria. La investigaci¨®n biom¨¦dica y sanitaria en Espa?a tiene un enorme potencial, pero sigue situada en los primeros puestos de la segunda divisi¨®n de la liga internacional. Para que se produzca este salto cualitativo, para el que estamos bien preparados, fundamentalmente se necesitan muchos m¨¢s recursos.
No hay que dar m¨¢s vueltas a cu¨¢l es la receta necesaria para ocupar la plaza que nos corresponde, acorde con el papel pol¨ªtico y la fortaleza econ¨®mica que Espa?a exhibe ante los dem¨¢s pa¨ªses europeos. En este contexto, todos los actores deben ser conscientes de que las medidas para fortalecer el pacto farmac¨¦utico y el futuro de la investigaci¨®n biom¨¦dica y sanitaria confluyen en una misma mesa. El pacto debe ampliarse a toda la industria sanitaria, y las comunidades aut¨®nomas deben incorporarse plenamente a estos pactos, y esta nueva etapa no puede desarrollarse al margen del esperanzador escenario cient¨ªfico que se propone en la nueva ley. Nuestros responsables pol¨ªticos tienen en esta confluencia un desaf¨ªo sin precedentes, y tienen la oportunidad de demostrarnos si apuestan por un sistema moderno con una investigaci¨®n cient¨ªfica de futuro o si ello poco les importa, y prefieren entonces abordar el gasto farmac¨¦utico sin afrontar la ra¨ªz de los problemas.
Jordi Cam¨ª es director del Instituto Municipal de Investigaci¨®n M¨¦dica (IMIM) de Barcelona y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.
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