Un compromiso colectivo

El proyecto de Ley de Flora y Fauna Silvestres, aprobado por el Consejo de Gobierno de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa y actualmente en fase parlamentaria, se ha encontrado con una fuerte resistencia en el sector de la caza que, seg¨²n leo en la prensa, considera "un grave problema que la misma norma pretenda reglamentar materias tan dispares como la flora, la fauna y la actividad cineg¨¦tica" y abogan por una ley espec¨ªfica sobre esta materia. Argumentan tambi¨¦n que "en todas las zonas rurales andaluzas existe una gran sensibilidad hacia estas actividades y, a la vez, una enorme preocupaci¨®n por la inseguridad que viene provocando el excesivo intervencionismo de las pol¨ªticas medioambientales que, lejos de potenciar el desarrollo sostenible, se convierten en permanentes coartadas para frenar iniciativas que permitan avanzar en esa direcci¨®n" (ABC, 17-3-2003).

La Consejer¨ªa de Medio Ambiente, por su parte, califica esta Ley de "integral" por apostar tanto por la conservaci¨®n como por el uso sostenible de la flora y fauna silvestre de Andaluc¨ªa, como una norma que garantiza el cumplimiento de las directivas europeas, una Ley conciliadora de los intereses vinculados a los aprovechamientos del monte mediterr¨¢neo andaluz con los de conservaci¨®n de la biodiversidad y procesos ecol¨®gicos asociados a dicho monte, garantizadora de los derechos de todos, que corresponsabiliza a todos los usuarios del medio rural andaluz, disuasoria de los usos ilegales, impulsora de la prevenci¨®n, la ordenaci¨®n y la regulaci¨®n como mecanismos de conciliaci¨®n de intereses, que fomenta la continuidad de los usos en un marco de sostenibilidad y apuesta decididamente por la certificaci¨®n de calidad.

Hay que aportar tambi¨¦n el dato de que las normas cineg¨¦ticas en vigor se remontan a 1970 y las de pesca continental a 1942.

A mi juicio, la principal virtualidad de esta Ley es, precisamente, su car¨¢cter integral. Argumentar, como hacen ASAJA o la Federaci¨®n Andaluza de Caza, que la flora, la fauna y la caza son materias "dispares" es partir de un concepto caduco de las relaciones con el medio natural. Si otras actividades que se desarrollan en ¨¦ste (en Do?ana tenemos la experiencia de los usos tradicionales) est¨¢n sujetas a regulaci¨®n seg¨²n criterios de respeto al medio ambiente, una actividad deportiva y de ocio como la que nos ocupa tambi¨¦n debe hacerlo.

Esto no quiere decir, y creo que el esp¨ªritu de la Ley va en este sentido, que esta cuesti¨®n se deba afrontar de forma excluyente. El "punto de encuentro", como ha escrito la Consejera de Medio Ambiente, es posible y, sobre todo, absolutamente pertinente. Como es obvio, cualquier norma que impone ciertas restricciones se percibe inicialmente como una amenaza a la continuidad de la actividad en cuesti¨®n. Sin embargo, hay que insistir en la adecuaci¨®n de las normativas medioambientales a las nuevas tendencias del desarrollo sostenible y, como dec¨ªamos, al marco jur¨ªdico internacional, en el que la caza, independientemente de su consideraci¨®n como actividad tradicional que tambi¨¦n tiene un componente cultural y social, no puede ser una excepci¨®n.

La clave y el escenario deseable es, como se menciona en la exposici¨®n de motivos del Proyecto de Ley, que "la protecci¨®n y conservaci¨®n de los recursos naturales de Andaluc¨ªa se entienda como un aut¨¦ntico compromiso colectivo, capaz de movilizar, en un esfuerzo conjunto, a los sectores p¨²blicos y privados, as¨ª como a la sociedad andaluza en su conjunto". Pero, al mismo tiempo, tambi¨¦n alude a "un amplio proceso participativo" que, desde mi punto de vista, como ocurre habitualmente en estas cuestiones, es una de las garant¨ªas fundamentales para la implicaci¨®n social y, en consecuencia, para la asunci¨®n por parte de ¨¦sta de la nueva norma.

Francisco Bella Gal¨¢n es alcalde de Almonte y Senador del PSOE por Huelva .