LRAU y patolog¨ªas tecnocr¨¢ticas

Al parecer Gerardo Roger, ex Director General de Urbanismo de la Generalidad Valenciana, alude a una colaboraci¨®n m¨ªa en nuestro com¨²n diario. No me cita de modo expreso, de aqu¨ª la cautela. Yo a ¨¦l, por el contrario, s¨ª. Conf¨ªo que en beneficio de los lectores y de la opini¨®n, como debe ser en un medio de expresi¨®n de acreditada liberalidad.

Soy de aquellos que ha intentado siempre no compartir el divorcio entre pensamiento y pr¨¢ctica. Esto es, un progresista trasnochado, al decir de los provisionales vencedores del mercado y de la pol¨ªtica. M¨¢s a¨²n, me cuento entre quienes desconf¨ªan de la t¨¦cnica frente a la raz¨®n, pues es esta ¨²ltima la que debe inspirar y dirigir a la primera. Al menos en esto, creo, consist¨ªa el pensamiento progresista.

Los datos del oligopolio del suelo sin competencia los acreditan, con nombres propios, mayores y menores, que Roger, y todos, conocemos. La artima?a de revestirse de tecn¨®crata es antigua. Tanto, que en franc¨¦s el adjetivo profesional tiene connotaciones que se acercan a un oficio viejo. Todos hemos sido profesionales alguna vez, y, por consiguiente, a nadie debiera escandalizar. Estar a un lado, o al otro, de la mesa, suele ser circunstancial. Justificarlo, en nombre de los principios, es harina de otro costal. Esto es, repicar del lado de los que constituyen al amparo de la LRAU oligopolios sin competencia, y a la vez proclamar las virtudes mir¨ªficas de una ley que exige su revisi¨®n.

La propiedad atomizada ha creado problemas dram¨¢ticos en la producci¨®n de la ciudad. El agente urbanizador, los ha agravado. Y la consecuencia la pagamos todos, esto es los usuarios de la ciudad, porque los costes, como tambi¨¦n es bien sabido, se trasladan al final del trayecto, por ejemplo en el coste de la vivienda. Culpabilizar a los ayuntamientos es un recurso tan banal que s¨®lo permite recordar a los reaccionarios. Es decir, poco o nada original. Por eso, la llamada a la prudencia s¨®lo puedo entenderla como llegada de alguien que desde la barbacana tecnocr¨¢tica, se atreve a amenazar, conocedor de la doble posici¨®n en la que algunos no nos hemos situado jam¨¢s.

La hojarasca de citas propias no contribuye al debate, que por mi parte ha concluido. Se constatan unos hechos, y unas consecuencias, que conoce la ciudadan¨ªa: los propietarios, los usuarios que, insisto, somos todos. Y en nada debe apenarnos que una buena intenci¨®n se haya convertido en perversi¨®n, salvo la oportunidad razonable de corregir. A tiempo estamos de rectificar. M¨¢s que apostar por un sostenella y no enmendalla a que tan proclive se muestran algunos, no precisamente progresistas.

El divorcio entre la planificaci¨®n urbana, la producci¨®n de la ciudad en t¨¦rminos de dise?o, arquitect¨®nico o jur¨ªdico, y la econom¨ªa son proverbiales. Y sin embargo, atender a la econom¨ªa, en definitiva a la sociedad, debiera ser tarea prioritaria. Preceptos y dibujos apenas nada son sin el apoyo de la econom¨ªa real, y ¨¦sta apenas una referencia melanc¨®lica si no atiende a las necesidades sociales.

Ignorar las consecuencias econ¨®micas de una norma, o confiar en la bondad de los administradores de la misma, es patolog¨ªa rayana en la inconsecuencia. La perdurabilidad normativa deber¨ªa ser la gu¨ªa para juzgar la bondad de las leyes. Un amigo, catedr¨¢tico de Derecho Civil, me ha recordado siempre que el C¨®digo Civil ha durado un siglo porque atend¨ªa a las circunstancias reales, y aun cambiantes, de una sociedad.

Dec¨ªa Krugman, a prop¨®sito de la guerra que nos abruma, que si era necesaria una explosi¨®n de gasto para reanimar la econom¨ªa norteamericana, mejor una explosi¨®n de gasto social, en escuelas, en sanidad, que no en bombas y misiles. Y mutatis mutandis, si necesitamos instrumentos para afrontar una explosi¨®n urbana, recurramos a la complicidad de todos los agentes sociales, sin encastillarnos en elementos que han demostrado el rechazo social y la conflictividad creciente entre todos los agentes que intervienen en el proceso de creaci¨®n de la ciudad.

Por cierto el PGOU de Valencia, de 1988, no conten¨ªa las maldades que se le atribuyen. Al menos, no me constan, y tuve alguna cosa que ver con el mismo, incluida mi decisi¨®n de abandonar responsabilidades que me hab¨ªan sido conferidas por un mandato popular, y no por una designaci¨®n. Tal vez la gesti¨®n de la LRAU, de la mano de los profesionales, haya conducido a conclusiones, y realizaciones, inimaginables desde mi trasnochada perspectiva.

En fin, ahora me ocupo de otros menesteres. Desde el mismo compromiso, p¨²blico, con que ejerc¨ª profesi¨®n y ocupaciones p¨²blicas. Y desde el mismo compromiso con la ciudad, con la nuestra, y con todas. Oligopolio sin competencia, y por tanto amenaza sobre la producci¨®n de la ciudad, de la vivienda, que nada tiene que ver con las buenas intenciones que sin duda alguna constituyeron los fundamentos de la LRAU, que esto est¨¢ fuera de discusi¨®n. Y en otro ¨¢mbito, se pueden discutir los elementos "t¨¦cnicos", por supuesto para nada neutrales, que "profesionales" los hay, y algunos sin dogmas.

Ricard P¨¦rez Casado es diputado socialista por Valencia.