La batalla de Rio Grande

La Administraci¨®n, las universidades, incluso los cajeros autom¨¢ticos; gran parte de la vida en el Estado brasile?o de Rio Grande do Sul est¨¢ controlada por programas inform¨¢ticos libremente modificados y copiados. Este uso abierto ha sido aprobado por ley, con la oposici¨®n de empresas como Microsoft, que creen que la elecci¨®n del software debe ser libre, y nunca una opci¨®n pol¨ªtica. Marcelo D'Elia, uno de los impulsores del proyecto, replica que la ley est¨¢ permitiendo crear una industria inform¨¢tica brasile?a libre.

El Gobierno del estado ha dejado de comprar programas inform¨¢ticos para equipar todos sus departamentos con aplicaciones 'abiertas'

"La industria inform¨¢tica del Tercer Mundo, y de Europa, no tiene nada que ganar con 'software' propietario", dice D'Elia

Marcelo D'Elia considera como un "crimen" que un Gobierno compre 'software' disponible 'en abierto'

Cuando alguno de los 3,5 millones de clientes de Banrisul, el banco estatal de Rio Grande do Sul, saca dinero del cajero autom¨¢tico, un peque?o ping¨¹ino le saluda en la pantalla. Es Tux, el s¨ªmbolo de Linux, el sistema operativo abierto que utilizan los sistemas inform¨¢ticos del banco. Miles de empresas y organismos p¨²blicos en todo el mundo tambi¨¦n lo hacen. La peculiaridad es que, en diciembre pasado, el Gobierno de esta regi¨®n brasile?a aprob¨® una ley por la que deja de comprar programas comerciales para equipar todos sus departamentos y agencias con software abierto, que puede ser libremente modificado y copiado por qui¨¦n y c¨®mo quiera.

No fue una decisi¨®n caprichosa, dice Marcelo D'Elia Branco, el coordinador del Projeto Software Livre RS y una de las personalidades m¨¢s importantes de este movimiento. En Brasil, explica, el 40% de los habitantes no tiene conexi¨®n telef¨®nica, y menos del 5% accede a Internet. Para solucionar el problema hay que animar el desarrollo de la industria inform¨¢tica. Pero ¨¦sta mueve en Brasil 3.000 millones de d¨®lares al a?o, de los cuales casi mil viajan a Estados Unidos. Es el dinero que, explica, se gasta su pa¨ªs en pagar las licencias de uso de productos de software, la mayor¨ªa, fabricados por empresas estadounidenses. Por eso, dice, "cuanto m¨¢s difundimos el uso de ordenadores con una tecnolog¨ªa ajena, m¨¢s aumentamos la distancia entre el conocimiento tecnol¨®gico del norte y del sur de Am¨¦rica".

Actualizaci¨®n tecnol¨®gica

Hay m¨¢s problemas. En un pa¨ªs donde 43 millones de personas viven con menos de un d¨®lar al d¨ªa, el software es un lujo. El 56% de las aplicaciones inform¨¢ticas son pirateadas, mientras que muchas otras est¨¢n desfasadas, ya que las empresas brasile?as no pueden seguir el ritmo de actualizaci¨®n tecnol¨®gica de las compa?¨ªas del Primer Mundo. La conclusi¨®n, para D'Elia Branco, es simple: "La industria inform¨¢tica de los pa¨ªses del Tercer Mundo, y de Europa, no tiene nada que ganar trabajando con software propietario".

La teor¨ªa se convirti¨® en pr¨¢ctica cuando, en diciembre pasado, el Estado de Rio Grande do Sul -cuya capital es Porto Alegre- decidi¨® aprobar una ley para que los organismos estatales utilicen software libre. ?Qu¨¦ es exactamente un programa abierto? Mientras las aplicaciones comerciales s¨®lo ofrecen a sus clientes el derecho a utilizar sus productos, el movimiento abierto defiende que los programas inform¨¢ticos sean libremente copiados, modificados y distribuidos. Limitado durante a?os al ¨¢mbito universitario, la popularidad de Linux ha provocado que estos programas luchen ya de igual a igual con los propietarios. El pasado a?o, la implantaci¨®n de programas libres creci¨® 10 veces m¨¢s que la de los comerciales.

Escuelas y cajeros

Los organismos p¨²blicos de Rio Grande do Sul ya utilizan programas abiertos. Banrisul no s¨®lo ha cambiado sus cajeros; los puestos de trabajo de la entidad est¨¢n equipados con Linux y OpenOffice, que han sustituido a Windows y Office, productos de Microsoft. La Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que tiene 3.000 alumnos, corre totalmente en software libre: 200 PC, 57 servidores, la ense?anza a distancia, las matr¨ªculas... Tambi¨¦n hay un proyecto en marcha para la implantaci¨®n de estos programas en 5.000 escuelas estatales. Y se est¨¢ extendiendo. El Projeto ha formado a 600.000 j¨®venes de S?o Paulo en estas aplicaciones.

"Lo que queremos es que, al final, los ciudadanos accedan a la sociedad de la informaci¨®n, y las empresas utilizen tecnolog¨ªas de la informaci¨®n, y que todos estos recursos se inviertan en crear una industria local". Seg¨²n D'Elia Branco, ya hay cien empresas en el pa¨ªs que viven de este negocio.

Los fabricantes de software comercial, agrupados en un lobby denominado Iniciativa para la Elecci¨®n del Software, tratan de evitar que esta pol¨ªtica se extienda por el resto del mundo. Decretar por ley la elecci¨®n de un tipo de software, dicen, atenta contra la competencia. Los gobiernos deber¨ªan decidir qu¨¦ tipo de programas quieren utilizar por su calidad, no por el grado de apertura de su c¨®digo. D'Elia discrepa. "Los gobiernos tienen el derecho de escoger qu¨¦ es mejor para su pa¨ªs. Es m¨¢s, manejan presupuestos p¨²blicos, as¨ª que decidir c¨®mo gastan el dinero de los contribuyentes no es su derecho, es su obligaci¨®n. Es un crimen que el Gobierno compre software de c¨®digo cerrado si hay una opci¨®n que funciona exactamente igual y es libre". Adem¨¢s del precio, si las aplicaciones son abiertas, explica D'Elia, "puedes decidir los cambios que quieres que se realicen, tienes posibilidades de revisar el c¨®digo, sabes que nadie lo va a dejar de fabricar porque es tuyo... As¨ª que no estamos impidiendo la competencia; al contrario, estamos impidiendo el monopolio". Parlamentos y gobiernos de toda Europa ya discuten la posibilidad de implantar esta pol¨ªtica. ?Qu¨¦ futuro tienen, entonces, las compa?¨ªas comerciales? "Microsoft puede abrir su c¨®digo y competir en las mismas circunstancias que todos los dem¨¢s", concluye D'elia.