Deterioro de la carrera docente

En los ¨²ltimos tiempos se vienen aprobando las normas que desarrollan la LOU. Entre otras, las relativas a la Agencia Nacional de Acreditaci¨®n, a la "habilitaci¨®n" al profesorado. En este ¨²ltimo sentido, se crea la figura del contratado doctor. La pregunta surge inmediatamente: ?no estaba ya lo suficientemente estratificada la carrera docente que es necesario profundizar en esta din¨¢mica a¨²n m¨¢s? Contestar a esta pregunta remite a los or¨ªgenes de este proceso que se remontan a finales de los sesenta. Desde entonces, han proliferado sin cesar figuras de profesorado. Con la LRU, que preve¨ªa formalmente la disposici¨®n de profesores en formaci¨®n -ayudantes- y profesores que aportan su experiencia profesional -asociados-, parec¨ªa que esta proliferaci¨®n hab¨ªa acabado. Una consecuencia inmediata ha sido el mantenimiento de una parte del empleo precario que exist¨ªa hasta entonces, especialmente bajo la f¨®rmula de asociados. Otra, observable en el tiempo, ha sido que el proceso de la carrera "docente" ha sido incompleto e inconsecuente pero comenzando a menudo cada vez m¨¢s bajo, haci¨¦ndolo cada vez m¨¢s dif¨ªcil. Dos razones lo explican: La insuficiente provisi¨®n de fondos por parte de las administraciones y la estructura piramidal de los departamentos.

Todo apunta que la LOU prosigue y alarga la situaci¨®n permitiendo la precarizaci¨®n de las etapas posteriores de la carrera. Normativamente, se crean nuevas figuras (contratados doctores), y se permite que hasta la mitad del profesorado sea contratado laboral. No hace falta ser un analista sagaz para prever que las universidades usar¨¢n y abusar¨¢n de los contratos; entre otras razones, porque el funcionamiento del mercado laboral revela que los malos contratos sustituyen a los buenos, siempre que la legislaci¨®n no lo impida. M¨¢s a¨²n, es previsible que en los pr¨®ximos a?os habr¨¢ muchos contratos y pocas "habilitaciones", la otra innovaci¨®n de la LOU en el ¨¢mbito docente, destinada a evitar la "endogamia", un pretexto banal pero medi¨¢ticamente eficaz para reformas que poco resuelven. Con este fin, se establece que para optar a una plaza de funcionario debe superarse un concurso estatal -habilitaci¨®n-. Esto es, se articula un proceso de selecci¨®n antes de opositar propiamente a la plaza.

La experiencia de estos pocos meses de vigencia de la "habilitaci¨®n" pone de manifiesto que las universidades sacan pocas plazas de funcionario. Ahora bien, si no convocan estas plazas, no hay posibilidad de habilitarse pero las universidades no las van a convocar si no tienen habilitados propios para cubrirlas. Por tanto, uno de los posibles horizontes es dedicar parte del dinero a mejorar los contratos en lugar de dotar plazas de funcionario. En ello reside un espejismo inmediato para muchos ayudantes y asociados que pueden ver una posibilidad de mejorar sin oposici¨®n, siempre que sean los elegidos para los contratos posteriores. As¨ª, la carrera del profesorado se alarga; frecuentemente, en situaciones de fuerte precariedad. Y mientras se mantengan estas situaciones, es previsible que aumente el poder y prestigio de los numerarios, configur¨¢ndose un entorno que favorece la docilidad. Es un fen¨®meno nada extra?o al funcionamiento del mercado laboral.

De todos modos, este horizonte dibujado debe percibirse no s¨®lo como resultado del deseo de estatus del personal plenamente integrado en la instituci¨®n, sino tambi¨¦n de las presiones no controladas que surgen de la organizaci¨®n universitaria en un entorno de fuerte involuci¨®n democr¨¢tica y restricciones presupuestarias. Una buena muestra de ello se halla en los procesos de contrataci¨®n de asociados, considerados en las instancias universitarias como figuras precarias pero finalmente aceptadas por todas bajo argumentaciones dispares -creaci¨®n de un nuevo puesto de trabajo, primer paso para algunos en la docencia-. M¨¢s a¨²n, en una mirada menos prosaica, habr¨¢ quienes interrog¨¢ndose sobre si las universidades pueden ser una excepci¨®n en el funcionamiento del mercado laboral y contratar s¨®lo funcionarios vitalicios con altos sueldos, se posicionar¨¢n en contra de que sean una excepci¨®n. Pero la primera parte del interrogante no est¨¢ bien enunciada porque hay pocas instituciones del Estado en las que los funcionarios o los contratados interinos tengan retribuciones que no llegan a la mitad de lo que cobran los funcionarios de carrera ejerciendo la misma funci¨®n. Es obvio que no se toman como referencia instituciones egregias como el Ej¨¦rcito o la Judicatura, sino las dedicadas a la misma actividad, la educativa. Por ello, la respuesta a esa pregunta debiera ser que las universidades deben contratar funcionarios con sueldos dignos. La referencia inmediata e irrenunciable es Ense?anza Media: nadie debiera dar clase en la universidad por debajo de lo que cobra un profesor en ese nivel. Adem¨¢s, esa integraci¨®n a la funci¨®n docente debiera evitar las falsas v¨ªas de acceso abiertas por la confusi¨®n de becarios, ayudantes y asociados. Al respecto, la entrada debe ser clara, lo que implica que se produzca en condiciones de dignidad y de igualdad a trav¨¦s de un procedimiento ¨²nico, en lugar de ser la coronaci¨®n final de un proceso largo y penoso regido por la discrecionalidad y el particularismo. Todo lo cual requiere fondos suficientes para y por las universidades.

Miguel ?. Garc¨ªa Calavia es profesor de la Universitat de Val¨¨ncia.