Reformas auton¨®micas

El Gobierno da por cerrado el Estado auton¨®mico. ?sta es su respuesta a las diversas propuestas de reformas estatutaria y constitucional formuladas desde el Pa¨ªs Vasco y, especialmente en las ¨²ltimas semanas, desde Catalu?a, al hilo de la campa?a para las elecciones en las que se elegir¨¢ al sucesor de Pujol. Todos los partidos menos uno, el PP, sit¨²an entre sus prioridades la redacci¨®n de un nuevo estatuto. Como todo lo que se presenta en tiempo electoral est¨¢ bajo sospecha, en este caso cunde la sensaci¨®n de que los partidos catalanes han entrado en una especie de subasta para ver qui¨¦n es m¨¢s nacionalista a los ojos de determinados votantes. Pero adem¨¢s de motivaciones electorales, en Catalu?a hay una amplia mayor¨ªa que cree que el desarrollo estatutario es insuficiente y que despu¨¦s de 25 a?os de experiencia ha llegado el momento de actualizar el Estado auton¨®mico.

S¨®lo se cierra en banda el PP, que en otros momentos -por ejemplo, en el libro La segunda transici¨®n, de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar- contemplaba reformas constitucionales de car¨¢cter autonomista, como la del Senado. Como consecuencia de su pol¨ªtica de confrontaci¨®n con el nacionalismo vasco, el PP ha optado por una especie de vasquizaci¨®n de su estrategia nacional. Y en esta clave la defensa de la Constituci¨®n hasta sacralizar su texto se ha convertido en un dogma central. Aznar cree que cualquier propuesta de reforma constitucional o estatutaria cae en un aventurismo de graves consecuencias para nuestro sistema democr¨¢tico. Y ha pasado de estar contra los nacionalismos a cuestionar las nacionalidades y todo lo que se mueve en ellas, lo cual, en sentido estricto, es anticonstitucional.

A esta posici¨®n de principio se suman las consecuencias de la crisis provocada por la alineaci¨®n del Gobierno con la guerra de Bush. Todos los gobernantes suelen presentarse como garantes de la unidad nacional. El PP en apuros, despu¨¦s del Prestige y de la guerra de Irak, necesita montar un contraataque de urgencia para recuperar posiciones. Y apela al discurso de excepci¨®n de siempre: la amenaza a la patria, que le coloca a la vez como v¨ªctima y como garant¨ªa y convierte a cualquier cr¨ªtico en traidor.

La guerra ha tenido adem¨¢s un efecto especial en Catalu?a: una vez m¨¢s ha unido a todos los partidos frente al PP, el partido del Gobierno de Madrid. Presentar las pretensiones reformistas de los catalanes como una amenaza s¨®lo se puede entender en el clima de crispaci¨®n agitado por el PP, que busca tensar la cuerda para cargarse de razones espa?olistas, presentar al PSOE como un partido subversivo y construir el fantasma de una operaci¨®n entre socialistas y nacionalistas contra Espa?a. Pero la propuesta del PSC est¨¢ presentada en clave inequ¨ªvocamente espa?ola: lo que se propone para Catalu?a sirve de mejora global de un Estado auton¨®mico en evoluci¨®n hacia un modelo federal. Y los acentos demag¨®gicos de la propuesta de CiU, con Artur Mas y su doctrina soberanista, en ning¨²n caso enturbian la tradici¨®n pactista de la que los nacionalistas catalanes han hecho siempre gala.

Naturalmente, est¨¢ la cuesti¨®n vasca. Siendo el gran problema, no puede ser la gran coartada. Y es por lo menos tan leg¨ªtimo temer que cambios en Catalu?a puedan tener efectos destructivos en el Pa¨ªs Vasco, como lo contrario, que si Catalu?a avanzara en su autogobierno se podr¨ªa contemplar con mayor serenidad la cuesti¨®n vasca. Lo que nadie puede obviar es que en Catalu?a hay una ampl¨ªsima mayor¨ªa parlamentaria a favor de la reforma estatutaria, de la que s¨®lo se ha autoexcluido el PP, y en cambio el plan Ibarretxe ni siquiera cuenta hoy con mayor¨ªa parlamentaria.

No puede haber reforma estatutaria ni constitucional sin amplios acuerdos entre partidos. Veinticinco a?os de rodaje son un tiempo razonable para ver qu¨¦ y c¨®mo se puede mejorar. Como punto de partida se deber¨ªan compartir dos principios: que cualquier cambio sea para mejorar el funcionamiento del sistema (m¨¢s fuerte cuanto m¨¢s sean los ciudadanos que se encuentren c¨®modos en ¨¦l), y que a ninguna autonom¨ªa se le vede la posibilidad de incorporar, si quiere, cualquier mejora en el autogobierno que otras consigan. Desde este acuerdo de m¨ªnimos, nada deber¨ªa ser amenazante para la cohesi¨®n del Estado de las autonom¨ªas.