El Gobierno no acepta alegaciones en la renta agraria de los jornaleros

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer la norma que regula la renta agraria, la nueva prestaci¨®n para los jornaleros andaluces y extreme?os con cuyo anuncio se cerr¨® en enero el ¨²ltimo asunto pendiente del pulso que mantuvieron el a?o pasado el Gobierno y los sindicatos a ra¨ªz de la publicaci¨®n del decretazo. CC OO y UGT abandonaron entonces las movilizaciones, aunque plantearon modificaciones contundentes al proyecto, alegaciones que el Ministerio de Trabajo ha desechado.

El decretazo tambi¨¦n afect¨® al subsidio agrario, la prestaci¨®n que, con peque?os cambios, cobran desde 1985 los jornaleros andaluces y extreme?os (unos 365.000 de media). El decretazo cerraba este sistema a los jornaleros que lo hubiesen percibido en alguno de los tres ¨²ltimos a?os. Para los que se quedaran fuera, el Gobierno plante¨® un sistema de protecci¨®n, similar al del r¨¦gimen general (un m¨ªnimo de tres meses de prestaci¨®n si se acumulan 360 d¨ªas cotizados), que los sindicatos rechazaron por inaplicable.

Las movilizaciones y la huelga general del 20 de junio llevaron al Gobierno a atender varias de las exigencias sindicales sobre el decretazo en noviembre pasado, pero no la que hac¨ªa referencia al subsidio agrario. Tras nuevas manifestaciones en Andaluc¨ªa y Extremadura y la amenaza de una huelga en el medio rural, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, present¨® la renta agraria, una nueva prestaci¨®n dise?ada para los jornaleros que se quedaban sin acceso al subsidio tras el decretazo. Y los sindicatos aceptaron, aunque con reparos.

La renta agraria garantiza la misma prestaci¨®n (el 75% del salario m¨ªnimo durante seis meses) por las mismas condiciones (35 peonadas) que el subsidio. E incluso permite elevarla (hasta el 100% del salario m¨ªnimo) si se presentaban m¨¢s peonadas (180). Tambi¨¦n asegura su car¨¢cter contributivo y prev¨¦ el dise?o de planes personalizados que dan prioridad a los jornaleros en cursos de formaci¨®n y talleres de empleo.

Pero tambi¨¦n endurece el acceso a la prestaci¨®n respecto al subsidio, al exigir diez a?os de empadronamiento en Andaluc¨ªa o Extremadura, lo que, seg¨²n los sindicatos, es inconstitucional y conculca la Ley de Extranjer¨ªa al suponer una "discriminaci¨®n" para el colectivo de inmigrantes que trabajan en el campo. CC OO y UGT pidieron adem¨¢s que el decreto no limitara a seis ocasiones el cobro del subsidio o que se incluyeran los jornales del antiguo Plan de Empleo Rural (obras p¨²blicas en los municipios) para el recuento de peonadas, cuestiones todas ellas que el Ministerio no ha admitido. Los Ejecutivos andaluz y extreme?o enviaron alegaciones similares y anticiparon que estudiar¨ªan recurrir al Constitucional si no eran aceptadas.