El alcalde de Villanueva del Pardillo ser¨¢ juzgado de nuevo por tr¨¢fico de influencias

Juan Gonz¨¢lez Miram¨®n, alcalde de Villanueva del Pardillo, del PP, tendr¨¢ que sentarse otra vez en el banquillo de los acusados, dos a?os despu¨¦s de que la Audiencia de Madrid lo absolviese de un delito de tr¨¢fico de influencias cometido presuntamente en 1993. El Tribunal Supremo ha concluido que, al contrario de lo que dict¨® entonces la Audiencia, el delito no hab¨ªa prescrito cuando se juzg¨®. Por ello, obliga a celebrar de nuevo la vista, "con nuevos magistrados que garanticen la imparcialidad", el pr¨®ximo junio. El alcalde se siente v¨ªctima de una "persecuci¨®n pol¨ªtica".

Gonz¨¢lez Miram¨®n lleva desde 1991 al frente de la alcald¨ªa de Villanueva del Pardillo (8.000 habitantes). En 1998, varios ediles del PSOE denunciaron al regidor por unos hechos que se remontaban al 14 de septiembre de 1993. Durante el pleno de aquel d¨ªa, el alcalde propuso -y obtuvo, con los votos de todos los grupos- adjudicar con car¨¢cter de urgencia un contrato de limpiezas a Laboratorio Qu¨ªmico Clean Byrd, SL.

S¨®lo cuatro a?os despu¨¦s, cuando se iba a proceder a la renovaci¨®n del contrato, el PSOE se dio cuenta de que la adjudicaci¨®n hab¨ªa sido supuestamente irregular: Clean Byrd no existi¨® como empresa hasta el 24 de septiembre, 10 d¨ªas despu¨¦s de que se le concediese el contrato; adem¨¢s, la oferta presentada por la entidad no llevaba "ni fecha ni sello". Pero, sobre todo, el administrador de la empresa era Jos¨¦ Ra¨²l Gonz¨¢lez Mart¨ªn, primo hermano del alcalde.

El PSOE concluy¨® que estos hechos eran constitutivos de sendos delitos de tr¨¢fico de influencias, fraude y prevaricaci¨®n, y as¨ª lo denunci¨® ante un juez de El Escorial, que instruy¨® el caso y lo deriv¨® a la Audiencia Provincial. A la querella de los socialistas se sum¨® el fiscal, que acus¨® a Gonz¨¢lez Miram¨®n de un delito de tr¨¢fico de influencias y pidi¨® para ¨¦l una pena de cuatro meses de c¨¢rcel, multa de 18.000 euros y nueve a?os de inhabilitaci¨®n.

La Audiencia dict¨® sentencia el 24 de octubre de 2001, pero no lleg¨® a pronunciarse sobre si hubo o no tr¨¢fico de influencias: absolvi¨® a Gonz¨¢lez Miram¨®n al considerar prescrito el delito. La querella de los concejales socialistas hab¨ªa sido presentada el 10 de septiembre de 1998, cuatro d¨ªas antes de que cumpliese el plazo de prescripci¨®n (cinco a?os). Pero la Audiencia consider¨® que el proceso penal "no se inicia por la querella", sino por su "admisi¨®n a tr¨¢mite", que se hab¨ªa producido el 24 de septiembre de 1998.

Los demandantes recurrieron al Supremo, que ahora ha resuelto a su favor. Seg¨²n el alto tribunal, el delito no ha prescrito: "La denuncia y la querella forman parte del procedimiento", advierte el fallo. Y agrega: "Los motivos [de los recurrentes] tienen que ser estimados y retrotraerse las actuaciones al momento de celebraci¨®n del juicio oral, con nuevos magistrados para garantizar la imparcialidad". Es decir, hay que repetir el juicio.

"Si as¨ª lo ha decidido el Supremo, lo acatar¨¦", dice el alcalde. "Pero todo esto no es m¨¢s que el fruto de una persecuci¨®n pol¨ªtica", a?ade. El regidor recuerda que la adjudicaci¨®n se aprob¨® "por unanimidad" en el pleno, y que el PSOE esper¨® cinco a?os para denunciarlo. "?Por qu¨¦ se me acusa a m¨ª de algo que hizo el pleno?", protesta. "Es que fue enga?ado", responde Sandalio Bravo, edil socialista. "[Gonz¨¢lez Miram¨®n] present¨® la cuesti¨®n como moci¨®n de urgencia, y los grupos votaron sin saber que esa empresa estaba sin constituir y que era de su primo. Nos dimos cuenta a?os m¨¢s tarde", explica.

No es ¨¦sta la primera vez que el alcalde se sienta en el banquillo. En diciembre de 1997 fue condenado a dos meses de c¨¢rcel y otros dos de inhabilitaci¨®n por un delito de prevaricaci¨®n cometido en 1991. Cerc¨® un terreno municipal en el que se asentaba un restaurante -que qued¨® as¨ª aislado para sus clientes- porque los due?os se negaron a pagar el alquiler.