El coste de una justicia m¨¢s r¨¢pida

Llevamos meses hablando de la velocidad de la Justicia: juicios r¨¢pidos, juicios inmediatos, instrucci¨®n concentrada, coordinaci¨®n de personas y medios que permitan que la Administraci¨®n de Justicia no se dilate. La Justicia, en sus m¨²ltiples facetas, sigue siendo noticia, perseguida con inter¨¦s y a veces con morbo. El 28 de abril los focos y las c¨¢maras estar¨¢n encendidos, los micr¨®fonos a punto, para dar cuenta de lo que pase en los juzgados al iniciarse los juicios r¨¢pidos. Creo, pues, que es el momento de hacer una reflexi¨®n desde mi posici¨®n de responsable de una parte de ese complejo mundo al que llamamos Justicia.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite los juicios r¨¢pidos se tramit¨® y aprob¨® por acuerdo parlamentario en el marco del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia. Esto, que tiene de bueno el consenso, tuvo de malo la omisi¨®n de algunos tr¨¢mites necesarios cuando los proyectos de ley parten del Gobierno. En este caso, no se redact¨® memoria econ¨®mica del coste de la reforma, ni se dise?aron sistemas de financiaci¨®n acordes con los nuevos gastos, previendo la dotaci¨®n de nuevos recursos a todas las administraciones gestoras. As¨ª, una parte del Pacto se cumpli¨®, y otra no, y de este incumplimiento derivan graves perjuicios para la implantaci¨®n de esa ley con todos los medios que han de ponerse a su servicio. El Gobierno, que actualmente gestiona en esta materia s¨®lo alrededor del 35% del territorio -algo menos en cuanto a n¨²mero de ¨®rganos judiciales- y que paga menos del 20% del gasto de cada juzgado, no ha previsto destinar ninguna financiaci¨®n para las Comunidades Aut¨®nomas. Y eso que el propio Pacto de Estado lo reclamaba, con raz¨®n, dadas las hist¨®ricas carencias de la Justicia traspasadas, junto con las competencias, a las Comunidades.

El Gobierno, que paga menos del 20% del gasto de cada juzgado, no ha previsto financiaci¨®n para las CC AA

Por su parte, el Gobierno ha hecho una amplia campa?a que sit¨²a en el sistema judicial la soluci¨®n de los problemas de seguridad ciudadana, mediante la ejecuci¨®n de los juicios r¨¢pidos. Con ello, nos coloca en una dif¨ªcil situaci¨®n: cualquier tropiezo simple de funcionamiento, o cualquier queja sobre los problemas financieros que comporta la ley, puede ser interpretada como un intento de boicot a los planes del Gobierno en un tema tan sensible como ¨¦ste y que adem¨¢s ha sido tan aireado de forma interesada. Sinceramente, no creo que el incremento de la delincuencia se solucione de esta forma, como no se resuelve modificando el C¨®digo Penal o endureciendo las penas y su cumplimiento. La delincuencia es una expresi¨®n de que hay muchas cosas en nuestra sociedad que no funcionan, y su incidencia se reduce a medio y largo plazo con pol¨ªticas p¨²blicas tendentes a la igualdad y a la consecuci¨®n de los derechos constitucionales de los ciudadanos: educaci¨®n, empleo, vivienda, salud, calidad en la vida urbana, eliminaci¨®n de guetos, integraci¨®n, etc. Para ello se requiere tambi¨¦n en el corto plazo de una presencia adecuada de la polic¨ªa en las calles y la debida coordinaci¨®n entre todos los que deben velar por el orden en ellas.

No quiero hablar s¨®lo de dinero, pero creo que la Junta de Andaluc¨ªa est¨¢ m¨¢s que legitimada para reclamar la financiaci¨®n excepcional pactada. Los hechos nos avalan: nuestro presupuesto en Justicia se ha duplicado en cinco a?os, estamos ejecutando un Plan de Infraestructuras que dotar¨¢ a Andaluc¨ªa de edificios dignos y modernos para la Justicia, y hemos puesto en funcionamiento el plan inform¨¢tico Adriano, del que podemos decir con orgullo que es modelo en Espa?a y no se queda atr¨¢s en el entorno europeo. Adem¨¢s, estamos dotando a la Administraci¨®n de Justicia andaluza de elementos diferenciales que sit¨²an al ciudadano como protagonista y destinatario del servicio p¨²blico que se presta. Solamente esto, que desde luego no es lo ¨²nico, es m¨¢s que suficiente para poder exigir abiertamente al Gobierno que cumpla sus compromisos, como nosotros cumplimos los nuestros.

Si gobernar es elegir, en este caso, al Gobierno Andaluz le queda poca elecci¨®n: ha de proporcionar los medios para que los juicios r¨¢pidos puedan producirse, pues as¨ª lo ordena la ley estatal. Esto les va a costar a los andaluces m¨¢s de cuatro millones de euros, que, hablando claro, no podr¨¢n dedicarse al cumplimiento de otros compromisos presupuestarios que atend¨ªan a objetivos elegidos por esta comunidad en el ejercicio de su autogobierno. Pero no teman los ciudadanos, ni quienes intervienen en la Administraci¨®n de Justicia: cumpliremos nuestro compromiso en cuanto a la dotaci¨®n de medios, como esperamos que todos cumplan los suyos, incluyendo en ellos la financiaci¨®n prevista en el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, que seguimos exigiendo del Gobierno.

Carmen Hermos¨ªn Bono es consejera de Justicia y Administraci¨®n P¨²blica de la Junta de Andaluc¨ªa.